Las decisiones que se toman en el Congreso del Estado, aprovechando que la mayoría calificada la tienen entre el PAN y el PRI, no se consensuan en el recinto legislativo. Tampoco entre líderes de fracciones, menos entre dirigentes de partidos políticos. No. La forma en que se va a votar en la Cámara local, la acuerdan dos personas ajenas al Poder Legislativo. Uno es el titular del Poder Ejecutivo, el otro es el casinero y ex reo del penal de El Hongo, Jorge Hank Rhon. Por eso dicen que Andrés Garza, un priista que no ha ganado elecciones, pero sí ha sido favorecido con cargos como una posición en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, se siente muy tranquilo y ya casi magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California. Impugnada la selección de dos magistrados por vicios que participantes observaron en el proceso de selección, pero sin los votos suficientes que le den mayoría al interior del Tribunal, el presidente del mismo, Salvador Ortiz, pidió al Congreso del Estado resolver sobre el nombramiento de magistrado, desatendiendo una suspensión provisional otorgada a una juez participante y no seleccionada en la lista para tener la probabilidad de ser juez. Los diputados, que han sido aleccionados por el gobernador los panistas y por Hank los priistas, efectivamente están interpretando leyes y reglamentos para invalidar la suspensión y elegir a Andrés Garza como magistrado -con calzador, forzado, e irregular-, pero atendiendo la necesidad de los dueños del Legislativo para darle a Ortiz la mayoría que necesita y que a cuatro meses de su elección, ya perdió. Otra controversia se avecina, si como tienen planeado, el 9 de marzo hacen magistrado al priista.
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