Certeza, en el diccionario, quiere decir: “Conocimiento cierto, claro, seguro y sin ninguna duda de una cosa”, y duda: “Se produce cuando la insuficiencia del conocimiento y confianza en la validez del mismo es tal que no es posible afirmar”.
Dentro de los principios rectores del Instituto Nacional Electoral, se encuentra, entre otros, la Certeza y ésta es la que no vamos a tener la noche del primero de julio, cuando la autoridad electoral no vaya a poder despejar la incertidumbre al brindar información a través de los conteos rápidos y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). A diferencia de las encuestas de salida, los resultados del conteo rápido han sido muy cercanos a los cómputos finales de votos, porque el insumo que se utiliza son las actas de cada una de las casillas de este ejercicio estadístico.
Este pasado 14 de febrero, por cinco votos a favor y dos en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cometió un atentado contra el sentido común que puede tener consecuencias lamentables. En noviembre pasado, el Consejo General del INE decidió modificar el reglamento sobre los procedimientos que se deben llevar a cabo una vez que terminen las votaciones y se cierren las casillas. La modificación consistía en primero abrir todas las urnas de las distintas elecciones para resolver las confusiones de distraídos que meten una boleta en la urna equivocada. Esto se puede hacer sin contar los votos, simplemente ordenando por colores los distintos tipos de boletas. Una vez que se desenredan estas confusiones, los funcionarios de casilla agrupan los distintos conjuntos de boletas, se da paso y prioridad a contar los votos para Presidente de la República y después, todas las que le siguen. Luego, los capacitadores-asistentes del INE les tomarían una foto a las actas que darían paso al conteo rápido y al Programa de Resultados Preliminares (PREP). Con esta modificación, cabía la posibilidad de que hacia las 11 de la noche, el INE pudiera anunciar las primeras tendencias en los comicios presidenciales.
Pero el Tribunal rechazó los cambios al Reglamento y de esta manera privilegiaba “la certeza sobre la rapidez”, pero, ¿es posible generar certeza sin considerar las condiciones específicas en las que se desarrolla una elección; es decir, sin atender a las consecuencias de una interpretación letrista de la norma?
Las razones del Tribunal fueron en resumen dos: la primera es que el INE se excedió en sus facultades reglamentarias al cambiar un procedimiento de ley (este argumento parece ser últimamente el favorito del Tribunal, ya que es básicamente el mismo que se utilizó para revocar los lineamientos de cancha pareja y expedición de tarjetas, entre otras). Sin embargo, no tomó en cuenta el que, seguir los pasos en la ley, implica que el cierre de actas pueda tomar más de seis horas, periodo en el cual se podría especular sobre los resultados de la elección.
La segunda es que el INE faltó al principio de certeza, ya que el abrir las urnas antes de contar los votos podría conllevar a una manipulación de los mismos; en las propias palabras del Tribunal, “la manipulación podría dar lugar al extravío intencional o accidental de las boletas electorales”. En su análisis no se consideró que la manipulación la realizarían tarde o temprano los mismos funcionarios ciudadanos de mesa de casilla, ante la presencia de representantes de partidos y observadores electorales; por lo que de ninguna forma habría riesgo de alterar los resultados de la votación.
Los magistrados deberían tener un poco de memoria y voltear la mirada al pasado y recordar cómo en 2006, cuando los conteos rápidos mostraron que la elección presidencial estaba muy reñida, la autoridad prefirió guardar silencio que publicitar las tendencias muy cerradas, que por cierto fueron ratificadas por el cómputo oficial. El resultado fue confusión y tensión. La falta de información oportuna de parte del entonces IFE provocó que el escenario político se enrareciera y que el vacío de información se llenara con proclamaciones simultáneas de triunfo de los candidatos punteros. La incertidumbre puso en riesgo no solo la confianza en las autoridades y en las elecciones, sino la propia estabilidad política del país. Es frecuente que el Consejo General del INE tenga que pagar los platos rotos por las decisiones del Tribunal y luego nos extrañamos que haya personajes que quieran mandar al diablo a las Instituciones.
Dr. Álvaro de Lachica y Bonilla
Comisión ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.
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