En plena Zona Río, en las inmediaciones del Palacio Municipal de Tijuana, un elementos de la Policía de Investigación de la PGR fue privado de la libertad y golpeado por seis criminales que fueron detenidos cuando lo iban a dejar tirado en vía pública. El reporte oficial es que el rescate lo realizaron sus compañeros de la SEIDO sin solicitar apoyo a autoridades locales. Existen versiones que refutan los datos del Informe Policiaco Homologado, presentado por agentes federales
Investigaciones ZETA
La golpiza y secuestro ejecutado en contra de un policía ministerial de la Agencia Federal de Investigación Criminal, de la Procuraduría General de la República (PGR), ocurrido esta semana en Tijuana, agravó el clima de impunidad en Baja California.
El ataque atrajo la atención de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), agentes se concentraron en investigar los nexos de los seis secuestradores detenidos por el ataque, “van a caer todos los involucrados”, advirtieron desde el interior.
Alrededor de las tres de la tarde del lunes 29 de enero, los titulares de todas las fuerzas del orden que operan en Tijuana y sus áreas de inteligencia, recibieron un llamado de elementos de la SEIDO, solicitando apoyo; les preguntaron si alguno de ellos tenía detenido a un hombre que se estuviera identificando como agente de investigación de la subprocuraduría. La respuesta fue negativa.
Poco tiempo después, la Policía Estatal Preventiva (PEP) fue requerida solo como apoyo en la Zona Río Tijuana, a la altura del Hospital General, sin embargo, cuando llegaron, los elementos de la Policía Federal Ministerial ya se estaban retirando de la zona, y no supieron más.
Momentos antes, policías federales ministeriales de la Agencia Federal de Investigación Criminal de la PGR habían rescatado a uno de sus compañeros del interior de una clínica de rehabilitación ubicada en el número 10851 de Avenida Eusebio Kino en la Zona Urbana Rio, en Tijuana.
Sin embargo, esta versión fue refutada por abogados de los propietarios del inmueble, quienes llevaron el caso ante un juez para probar que el enfrentamiento entre particulares y elementos de la PGR se había dado en las afueras de la clínica y nada tenían que ver con la empresa, incluso refieren que hubo pugna entre los policías y algunos visitantes y guardias del centro de rehabilitación que pudieron haber sido confundidos con delincuentes. “Un juez ya determinó que la historia que contó la PGR no es real”, aseguró el representante de la empresa.
El agente que poco antes había sido secuestrado, no ha sido identificado. De acuerdo a los reportes, presentaba golpes graves en cabeza y rostro. De manera extraoficial, se pudo saber que en la SEIDO manejaron la versión de que al ser detenidos los criminales, tirarían al agente en vía pública, dándolo por muerto.
LOS DETENIDOS
En el operativo, los federales capturaron y presentaron ante el Ministerio Público Federal a seis hombres: Juan Alberto García Vaca, Ricardo Javier Escobar Galeana, Mauro Vega Granados, Alfonso Jiménez Evangelista, Ángel Iván Güereña Espinoza y Héctor González Flores.
La plataforma de criminales del Estado indica que García Vaca tiene antecedentes por extorsión y estuvo preso en 2011; Jiménez Evangelista fue detenido por portación de arma prohibida en 2013; Vega Granados estuvo preso en El Hongo en 2002, pero se ignora el delito; y González Flores ingresó a prisión en 2011 por delitos contra la salud. Escobar y Güereña no cuentan con antecedentes delictivos.
Según datos públicos, Juan Alberto García Vaca promovió en 2012 un juicio en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito:
“En el juicio de amparo número 189-2012-III, promovido por Raúl Armando Nava Miranda, Jorge Enrique Paredes Macías, Juan Alberto García Vaca, Israel Villanueva Ramírez, Francisco Rodríguez Galindo y Víctor René Sánchez Charolet, contra actos del Juez Cuarto de lo Penal, con sede en esta ciudad, consistentes en el auto de formal prisión de veintitrés de febrero de dos mil doce, en la causa penal 681-2011, radicado en el Juzgado Cuarto de lo Penal, con sede en esta ciudad de Tijuana, Baja California”, pero no existen más datos disponibles de la determinación.
De acuerdo al Informe Policiaco Homologado, al momento de ser asegurados estaban en posesión de tres armas cortas y 500 gramos de cristal, los delitos de los que se le acusa son privación ilegal de la libertad, delitos contra la salud y contra la Ley Federal de Armas.
DEL SECUESTRO
Los datos a disposición indican que cuando fue secuestrado el agente investigador estaba con otra persona y los criminales se llevaron a los dos, pero liberaron a la segunda víctima, por lo que los investigadores sospechan que “lo pusieron”.
Las primeras versiones indicaban que el investigador había sido privado de la libertad en un restaurante a la hora de comer, sin embargo, no hubo alguna llamada de emergencia o denuncia al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).
Datos posteriores reportaban que la privación del agente se dio en las inmediaciones de la clínica, donde el oficial se topó con los criminales que habían sido advertidos de que la SEIDO los estaba investigando.
Se sabe que la inquietud respecto a su paradero surgió después que compañeros de la víctima intentaron contactarlo vía telefónica en múltiples ocasiones y no respondió, hasta que uno de los delincuentes respondió una de las llamadas, lo que generó que se iniciara el operativo de rescate que elementos de la SEIDO ejecutaron solos.
De manera extraoficial, también confirmaron la versión que los detenidos pertenecen a la célula criminal del Cártel Arellano Félix aliada con traficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CAF-CJNG), encabezada por Pablo Edwin Huerta Nuño “El Flaquito”, quien decidió contraatacar a las fuerzas federales porque pensó iban por él. Información proporcionada en el transcurso de la semana refiere que elementos de la SEIDO aseguran que, previo a la intervención policiaca, un auto abandonó la escena y que Huerta iba en el vehículo.
Al momento hay más de 40 elementos de la SEIDO trabajando en ese caso en Tijuana.
Hasta el 29 de enero, Pablo Edwin Huerta Nuño “El Flaquito” no estaba considerado entre los objetivos prioritarios del Grupos Coordinación a pesar que, desde 2016, le han dado seguimiento como operador criminal del Cártel Arellano Félix, no cuenta con orden de aprehensión, pero sí con dos antecedentes delictivos oficiales, ambos de 2012: uno por intento de soborno en octubre para evitar una multa por no traer licencia, y otro por portación de arma de uso exclusivo del Ejército.
Por versiones de la tropa se pudo saber que la intención de la corporación es detener y presentar ante el Ministerio Público la mayor cantidad de delincuentes pertenecientes a la organización criminal que los atacó, para evitar que los cárteles en Tijuana crean que pueden levantar y tratar de asesinar a un agente federal y salir impunes.
