De los cuatro amparos que se interpusieron por concursantes de las convocatorias para seleccionar a dos magistrados numerarios para el Tribunal Superior de Justicia, uno para suplir al abogado Carlos Cataño, inhabilitado por diez años por el Consejo de la Judicatura Federal, y el otro para ocupar la silla dejada tras el retiro del magistrado Raúl González Arias, solo quedan dos. En efecto, tanto el licenciado Enrique Magaña Mosqueda como el juez Gustavo Adolfo Villarespe Muñoz, en los días recientes han desistido de los juicios de amparo que promovieron cuando no fueron seleccionado para integrar la lista de propuestas a enviar al Congreso el Estado para que los diputados seleccionen a los nuevos magistrados. Por tanto, quedan dos juicios de amparo, el de la juez Lourdes Molina Morales y el del abogado litigante José Antonio Serrato García. Aunque se estima que en los siguientes días desista también Serrato. Los desistimientos de Magaña y Villarespe no fueron gratuitos, ni porque estuviesen cansados o se hubiesen dado por vencidos, sino porque -dicen en los corrillos del tribunal- fueron obligados a retirarse. Al primero le dijeron que si lo hacía, le pagarían su indemnización como la alta burocracia manda luego que lo despidieron como director del Consejo de la Judicatura para meter ahí al junior de Perla Ibarra, y además lo recontratarían con una plaza de investigador en el mismo instituto, y así lo hizo. Al segundo le han sacado temas relacionados con su Juzgado, además de hacerle otro tipo de propuestas para mejorar su condición. Los titulares de los otros dos amparos restantes no han estado exentos de amenazas. El abogado litigante tiene posiciones en el Poder Judicial aun cuando las ocupan terceros, y a la juez la traen corta con revisiones extraordinarias. El apuro del presidente del tribunal, Salvador Ortiz porque el Congreso nombre a los dos magistrados numerarios a la brevedad, es que ya se quedó sin magistrados supernumerarios, que son los que suplen las ausencias. Los tres supernumerarios están cubriendo las vacantes de Cataño, González y de Perla Ibarra Leyva, la procuradora general de Justicia de Baja California que ya tiene más de cuatro años con “licencia”, cuando eso es ilegal, pues de acuerdo a la Ley orgánica, solo se otorgan licencias de 15 y hasta 30 días a empleados de seis meses a un año de servicio, de 45 a 60 días a empleados con más de cinco años, pero menos de 10, y de 60 a 120 días a empleados con más de 10 años de servicio. No más. En todo caso la licencia no debe ser mayor a seis meses. En estricto sentido legal, si la licenciada Perla quiere conservar su licencia, debería regresar cada seis meses al tribunal, trabajar y solicitar una nueva. Pero no, con el aval del Congreso y de sus compañeros magistrados, incumplen la Ley. Y para tener magistrados supernumerarios disponibles, al magistrado presidente le urge que ya nombren nuevos. De ahí las amenazas para que los amparados desistan, pues hay por lo menos cuatro magistrados en fila para retirarse este año. Las cosas -y las amenazas- que suceden en el tribunal. Veremos en los siguientes días qué sucede con los amparos de Serrato y Molina, porque eso de aventarse a designar magistrados con suspensiones vigentes, es delito… y seguramente Salvador Ortiz lo sabe.
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