Damián Zepeda Vidales, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial de la coalición entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI); Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), “Todos por México”, tuvo responsabilidad directa en presuntos desvíos de cerca de 500 millones de pesos que se registraron en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del Gobierno Federal, entre 2015 y 2016.
El dirigente nacional del PAN, detalló que, según los informes de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Meade Kuribreña estuvo involucrado en un esquema de triangulación de recursos, a través de universidades públicas y la simulación de pagos a empresas subcontratadas por la Sedesol, cuando el candidato de “Todos por México” era el titular de dicha dependencia.
Zepeda Vidales afirmó que en octubre de 2015, ya con Meade Kuribreña como titular, la Sedesol Federal pagó 400 millones de pesos a la Universidad Tecnológica de Chiapas, de los que se desconoce su destino final y que la ASF consideró como un daño al erario público.
Además, según recordó el dirigente panista, la Auditoría Superior de la Federación detectó que tres convenios de la Sedesol con universidades mexiquenses fueron modificados ilegalmente, ya que se quitaron páginas y la fecha del fin de los mismos se cambió de noviembre de 2015 a agosto de ese año, antes de que Meade Kuribreña asumiera la dependencia federal.
Por otra parte, Zepeda Vidales también dijo que durante el 2016, la Sedesol Federal otorgó 70 millones de pesos a la Universidad de Zacatecas, los cuales se utilizaron para pagar a empresas subcontratadas, cuyo origen, dijo, no ha quedado claro. De dicha cantidad de dinero, alrededor de 61 mdp tuvieron observaciones de la ASF, que los consideró como un daño al erario.
“Encontramos el mismo esquema de la estafa maestra y aquí ya no hay Rosario Robles [Berlanga]. Se quiere encubrir la participación de su candidato Meade Kuribreña, de desvíos de recursos públicos”, señaló el dirigente panista, quien también afirmó que las acusaciones contra Ricardo Anaya Cortés son una estrategia del PRI para desviar la atención sobre los desvíos en dependencias federales.
El candidato por la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), y del Movimiento Ciudadano (MC), vendió a la empresa Manhattan Master Plan Development, por 54 millones de pesos, una nave industrial que construyó sobre un terreno baldío que adquirió en 2014, y le costó 467 mil dólares.
La empresa fue declarada por el Sistema de Administración Triburaria (SAT) como “fantasma”, y es una compañía registrada por empleados del empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda. La semana pasada, se conoció que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga desde el 26 de octubre del año pasado, la venta simulada de la nave industrial a Manhattan Master, que habría incluido el traspaso del dinero a través de empresas fachada en México, Canadá, Suiza y Gibraltar.
Según la investigación de la PGR, Manuel Barreiro diseñó un esquema financiero para ocultar el origen de los 54 millones de pesos recibidos por Anaya Cortés. Así lo dio a conocer el abogado Adrián Xamán McGregor, quien representa a Alberto “N” y Daniel “N”, a quienes mencionó como personas contratadas por el empresario inmobiliario queretano para montar la estructura financiera que le haría llegar los fondos al candidato presidencial de “Por México al Frente”.
Barreriro Castañeda ya fue citado por la PGR, sin embargo, el pasado 20 de febrero promovió un amparo para impedir su detención, mientras que Anaya Cortés acudió ayer domingo a la Procuraduría General de la República para protestar por el supuesto uso político que se da a dicha institución.
“Por estar en curso un proceso electoral y que los ciudadanos tienen derecho de conocer la verdad, le exijo a usted que sin dilación ni pretextos haga del conocimiento si de las investigaciones realizadas se desprende alguna conducta mía que, conforme a la ley, pueda ser constitutiva de delito”, indicó Anaya Cortés a la PGR en un escrito.
“Hace tres días, la PGR emitió un muy ambiguo boletín de prensa para confundir a la opinión pública, dolosamente omitieron señalar que a quien están investigando es a otra persona y no a mí. La PGR se ha prestado a la guerra sucia del PRI”, señaló Anaya Cortés, tras entregar el documento.
Antes, a través de un video publicado en sus cuentas de las diversas redes sociales, Anaya Cortés explicó cómo adquirió el terreno en el que construyó una nave industrial que luego vendió por 54 millones de pesos. Por “obvias razones”, dijo el candidato presidencial, no pudo saber de dónde obtuvo la empresa compradora los recursos para adquirir la propiedad, y remitió a una cláusula del contrato de compraventa que “deja a salvo a la parte vendedora en caso de cualquier infracción”.
