Un ciudadano que fue defraudado por su abogado, un licenciado en derecho que falsificó las firmas de una juez y de una secretaria de Acuerdos del Juzgado de lo Familiar en Ensenada, exigió que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) cumplimente una orden de aprehensión.
El presunto responsable es José Luis Gallegos Valencia, quien tiene dos denuncias penales, la primera del cliente Isaac Guadalupe Ochoa Gómez, con número de averiguación previa 2078/15/311, y otra en conjunto por parte de la Juez Gloria Elena Ptacnik Preciado, con la secretaria de Acuerdos, Silvia Elizabeth Mundo Flores, con expediente 1480-15- 311.
El 14 de marzo de 2014, Isaac contrató los servicios de este abogado para interponer una demanda de divorcio y pérdida de la patria potestad de sus dos hijos, así como documentos necesarios para tramitar pasaportes y visas láser de los niños. Pagó cinco mil pesos como adelanto y siete meses después le entregaron un documento con número de expediente 0760/2014-B, supuestamente expedido por el Juzgado Primero de lo Familiar, pero con firmas apócrifas, hecho que fue detectado por las autoridades del tribunal implicado, dando inicio al procedimiento penal.
El abogado tramitó un amparo, que el 8 de diciembre de 2017 le fue rechazado por el Tribunal Colegiado, con Sede en Mexicali, activándose de inmediato una orden de aprehensión en su contra.
El ofendido al darse cuenta que la Policía Ministerial no cumplimentó la orden, decidió solicitar una audiencia con la subprocuradora de Justicia de Zona Ensenada, Norma Alicia Velázquez Carmona, quien hasta el momento no lo ha recibido.
En tres ocasiones, el abogado ha sido citado a audiencias conciliatorias, pero éste no se ha presentado.
De acuerdo al Artículo 259 del Código Penal de Baja California, la penalidad por falsificación de documentos públicos o privado es de seis meses a tres años de prisión y de veinte a cien días de multa.
