Tras más de 14 horas de audiencia, el juez José Artemio Zúñiga, vinculó a proceso y ordenó prisión preventiva para el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo -quien se reservó su derecho a declarar-, por lo que será trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 16, ubicado en Ayala, Morelos.
La audiencia inició desde las 17:00 horas de ayer jueves, en el Centro de Justicia Federal del Poder Judicial de la Federación (PJF), ubicado a un costado del palacio municipal de Nezahualcoyotl, Estado de México, y concluyó a las 06:40 horas de este viernes.
Los abogados de Borge argumentaron que el ex mandatario estatal padece síndrome vasovagal, problemas renales y una “depresión profunda”, por lo cual solicitaron permiso para que el acusado pudiera recibir atención en centros especializados. Sin embargo, el juez rechazó la petición, debido a que la Fiscalía de Quintana Roo alegó que en prisión puede recibir los cuidados necesarios.
Asimismo, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó seis meses de plazo para la investigación complementaria.
El ex gobernador es imputado con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su modalidad de ocultar bienes o pretender ocultarlos en territorio nacional, con conocimiento de que éstos proceden de una actividad ilícita, por lo que podrá alcanzar hasta 15 años de cárcel, según indicó el juez.
Sin embargo, por los ilícitos imputados en su entidad y la evasión de la justicia en tres órdenes de aprehensión giradas en Quintana Roo, la pena se elevaría a más de 38 años. Borge fue señalado por el Ministerio Público por el quebranto al erario estatal por la compraventa irregular de 22 predios, que suman una extensión equivalente a dos veces Isla Mujeres o 10 la zona de Xcaret.
Por medio de una red conformada por familiares y amigos del ex entonces gobernador, se conformaron empresas fantasma para la compra de los bienes y su posterior venta en un precio mucho más elevado, lo que ocasionó un quebranto de 900 millones 99 mil 418.17 pesos. Sin embargo, esto corresponde sólo a los delitos federales que le imputan, ya que la Fiscalía de Quintana Roo calcula que por ilícitos locales, el daño total al erario supera los 3 mil 104 millones de pesos.
El Ministerio Público de la Federación señaló que de abril de 2011 a septiembre de 2016, Borge se valió de un plan que diseñó incluso antes de su llegada a la gubernatura. La red de corrupción se concretó a través de empresas fantasmas, como Estemar del Caribe, Ruta Náutica, Caracol 65, Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe, y Siyenat del Caribe, que adquirieron al menos 24 predios ubicados en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cozumel, y Othón P. Blanco.
Además, en los contratos figuran más de trece compañías, como Inmobiliaria Cigarra, y Desarrollo Xcacel y Protección de la Tortuga, algunas de estas creadas por el abogado de la familia del ex gobernador, César Celso González Hermosillo, y por María del Lourdes Pinelo Nieto, quien fue secretaria del padre de Borge, como los beneficiarios de los terrenos a bajo costo.
Uno de los fiscales señaló, también, que en dicha red estuvo involucrada Claudia Romanillos Villanueva, quien fuera durante su gestión directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (Ipae).
Tras la enajenación, los bienes estatales fueron vendidos por la administración de Roberto Borge en 238 millones 790 mil 121.98 pesos, cuando su valor real era de mil 138 millones 889 mil 540.15 pesos. Sin embargo, las empresas que adquirieron los predios, no contaban con ningún personal contratado ni reportaban alguna actividad comercial, señalaron los fiscales en la audiencia.
En la venta de tres de los 22 predios, las autoridades federales detectaron que se ocultó totalmente la información y no se reportó la operación a los órganos internos del estado. Los bienes de los cómplices, entre quienes se encuentra la madre de Borge, María Rosa Yolanda Angulo Castilla, permanecían restringidos con el argumento de la protección de datos personales.
La Fiscalía estatal sostuvo que debido a que los terrenos se encontraban en áreas protegidas, se tenía que presentar un proyecto previo a la autorización de venta. Tampoco se investigó la insuficiencia económica del interesado en la compra ni existe constancia de que el interesado haya presentado documentos certificados para el cotejo de sus datos.
