El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo De Hoyos Walther, llamó al Congreso de Baja California a avanzar en la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción designando a la comisión de selección que elegirá al fiscal y magistrados que combatirán ese flagelo en la entidad.
“Dejen de lado la coyuntura política, los intereses de grupo y pongan la parte que les corresponde para conformar esta institución”, pidió el empresario bajacalifornianos a los legisladores. Dijo que pese a que la entidad se encuentra entre los cinco estados más rezagados en la materia aún hay tiempo para que en el tramo final de la administración estatal se instale y empiece a operar.
En la toma de compromiso del Consejo Directivo 2018 de la Coparmex Tijuana, a la que asistió el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quien durante su discurso fue interrumpido por algunos empresarios que chocaron los cubiertos con las copas, De Hoyos Walther destacó que la corrupción, la inseguridad y la impunidad marcarán la agenda del país durante 2018.
Particularmente en Baja California; un estado donde hay preocupación sobre la fragilidad del Estado de Derecho en la que la corrupción es un inhibidor del desarrollo. “Hay un clamor en muchos sectores de la sociedad para que haya una revisión mucho más puntual y mucho más a fondo de cómo se ejerce el recurso público y de algunos proyectos de infraestructura que se han desarrollado”.
“Sin satanizar las obras en sí mismas, porque son importantes para la entidad, tenemos que ser más exigentes en que haya absoluta transparencia y que los acuerdos que concerté el gobierno estatal sean razonables en términos económicos”, afirmó.
Si bien no se pueden hacer juicios a priori sobre la legalidad de cómo se han conducido las autoridades, es necesaria una fiscalía independiente para que los ciudadanos tengan la certeza de la imparcialidad de la investigación que pueda identificar a fondo y a cabalidad los casos de corrupción.
Sostuvo que la iniciativa privada apoya el desarrollo de obras de infraestructura pero también exige absoluta transparencia en la ejecución de éstas.
Por otro lado, agregó que otra muestra de la fragilidad del Estado de Derecho en Baja California es “el caso de la inversión en el Valle de Mexicali, con Constellation Brands. No ha avanzado con la velocidad adecuada, precisamente por la falta de la capacidad de las autoridades para hacer valer el Estado de Derecho, de tal suerte que lo que debe ser una prioridad absoluta para la entidad es mejorar la eficacia del sistema de leyes, lo cual implica erradicar la corrupción”.
Señaló que hay una conexión directa entre fortaleza del Estado de derecho, crecimiento y desarrollo, por lo que no es casualidad que de acuerdo con el Inegi, Querétaro esté considerando como la entidad con menos actos de corrupción, sea el que va más adelante en la integración del sistema anticorrupción y tenga mayores niveles de desarrollo.
Puesto que “hoy en día además de buscar una localización geográfica adecuada; insumos suficientes, como energía y gas; capacidades logísticas en carreteras y puertos, las decisiones de las grandes empresas multinacionales cada vez están más influidas por la certidumbre del Estado de Derecho y cuando esto no existe las inversiones se pueden detener”.
Sobre la interrupción de la que fue objeto Vega de Lamadrid en la que defendía el proyecto de las desalinizadoras y presumía el resultado de las políticas públicas en educación y economía; el presidente de Coparmex Tijuana Gilberto Fimbres descartó que entre los empresarios y el gobierno estatal haya algún conflicto.
Pero, dijo, sí hay un intercambio de inquietudes con problemas como la corrupción, la transparencia, la impunidad y la seguridad. Aunque reconoció que hay acciones que están dando resultados, como el combate a la pobreza y el crecimiento económico, hay otras estrategias que consideró difíciles de que sean llevadas a cabo, como los planes de infraestructura.
“Creo que el señor gobernador tiene que seguir trabajando en sus propuestas de infraestructura, porque en definitiva ésta es fundamental, pero sí hay una urgencia en corrupción, transparencia e impunidad y seguridad”
La iniciativa privada mantiene un diálogo no sólo con el Ejecutivo sino también con el Legislativo, al que consideró como responsable de cuidar los intereses de la ciudadanía pero cuyas acciones reflejan que resguardan a los partidos o gobiernos y se olvidan de la comunidad, añadió.
