Los ex procuradores de Derechos Humanos en Baja California, José Luis Pérez Canchola y Heriberto García García se pronunciaron esta mañana de 15 de enero sobre la Ley de Seguridad Interior, señalando que el reclamo de las Fuerzas Armadas de un marco jurídico que regule su participación en tareas de seguridad pública es justo, pero que el producido por los legisladores peca de ambigüedad.
Los ex funcionarios señalaron que quienes más tienen que perder son las mismas Fuerzas Armadas, ya que ponen en riesgo la historia y prestigio del Ejército ante la expectativa generada y que se verían dañadas de no resultar la solución que se espera a la situación de inseguridad que vive el país.
Agregaron que al no contar el Ejército con un ordenamiento claro, siendo que no existe ni en la Constitución ni en ninguna otra ley una definición de seguridad interior, vuelve vulnerable a las Fuerzas Armadas a ser juzgadas por organismos nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos.
Pérez Canchola señaló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó en su momento que no se promulgara esta ley debido a la ambigüedad en sus conceptos, el sometimiento de la autoridad civil ante la autoridad militar, la ausencia de controles, indebida protección y garantía a los Derechos Humanos y la no regulación del uso de la fuerza, entre otros motivos.
García García manifestó que el ordenamiento supone un retroceso en cuanto a la división poderes y de órdenes de gobierno, que establece unilateralmente el mando único a cargo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y que permitirá la opacidad, al dar tratamiento de reservada a la información que se genere como producto de la aplicación de la ley.
