Roberto Borge Angulo llegó a México, en un avión de la Procuraduría General de la República (PGR), luego de ser extraditado por el Gobierno de Panamá la mañana de este jueves, país donde permaneció 7 meses preso.
Ello para que enfrente las acusaciones legales con las que cuenta el ex gobernador de Quintana Roo, entre ellas lavado de dinero, aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.
El avión de la PGR, con el ex mandatario y las autoridades mexicanas a bordo, despegó alrededor de las 09:00 horas, hora del Centro de México, del hangar del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), adyacente al Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país centroamericano.
El avión de la PGR llegó con el imputado, alrededor de las 13:40 horas, al hangar de la dependencia, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde Borge será sometido a una valoración médica y el papeleo de ingreso al país.
Después, un convoy comprendido por una decena de camionetas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en la que viajarán fiscales y escoltas; así como patrullas del Estado de México y motocicletas de la Policía de Tránsito de la Ciudad de México, trasladaron a Borge al Centro de Justicia Federal del Poder Judicial de la Federación (PJF), ubicado a un costado del palacio municipal de Nezahualcoyotl, Estado de México, donde se pondrá a disposición del juez de control Enrique Beltrán Santés.
Se espera que en la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Federación otorgue elementos de prueba para justificar la detención de Roberto Borgue y buscar que el juez califique de legal la detención.
En caso que el imputado y su defensa soliciten una ampliación del término constitucional para su vinculación a proceso, el juez Beltrán Santés deberá dictar medidas cautelares de presión preventiva para Borge.
A mediados de diciembre, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, y la canciller, Isabel De Saint Malo, firmaron la resolución para la extradición a México de Borge Ángulo.
Ello después de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá rechazara tres hábeas corpus presentados por la defensa de Borge Ángulo, para impedir su extradición a México, donde se le acusa de peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito de poder.
El pasado 27 de julio, la SRE presentó a su homólogo panameño la solicitud formal de extradición contra el ex mandatario estatal, acompañada de una copia certificada de la orden de aprehensión librada el 31 de mayo por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl.
El ex mandatario estatal fue detenido la noche del 4 de junio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando se disponía a tomar un vuelo hacia París, Francia. Luego permaneció recluido en la prisión de “El Renacer” desde el pasado 9 de junio, hasta su extradición.
La PGR imputa al político de 37 años de edad, cuatro causas penales. Una del fuero federal por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que involucran 25 inmuebles con un valor de mercado de unos 5 mil millones de pesos.
Las tres restantes acusaciones del fuero común contra el ex gobernador de Quintana Roo del 2011 al 2016 son por: peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública; delitos que se pueden enfrentar en libertad bajo caución, ya que no se consideran graves en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).
Sin embargo, la Fiscalía de Quintana Roo advirtió que podría ampliar los delitos por los que acusa al ex gobernador, sin detallar cuáles.
“Lo anterior, sin que quede restringido el derecho de esta representación social para ampliar los posibles delitos que se le pudieran imputar al ex funcionario estatal, esto, de conformidad con el Tratado de Extradición vigente entre México y Panamá firmado en noviembre del 2004”, resaltó la Fiscalía.
El pasado 8 de junio, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expulsó al ex gobernador Borge Ángulo, al considerar que su conducta provocó “efectos negativos” a dicho instituto político.
