El único semáforo rojo en la incidencia delictiva y el desempeño policial en Mexicali, es la privación ilegal de la libertad. Sin embargo, las cifras de este delito resultan confusas y poco se sabe de la incidencia real, ya que usualmente este delito resulta de una reclasificación que hacen las autoridades del delito de secuestro, al considerar que las víctimas están envueltas en actividades criminales. Desde el CCSP, acusan que es un tema que nadie investiga, ni tiene seguimiento
Pese al incremento generalizado en la incidencia delictiva en Mexicali, el único crimen que el más reciente informe del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California considera en semáforo rojo, es la privación ilegal de la libertad, un delito invisible para las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y que guarda algunas inconsistencias por diversos factores que van desde la conveniente retipificación del hecho ilícito, hasta reportes falsos de la autoridad.
En Mexicali, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió en 2017 un total de 77 expedientes por este delito- solo uno por secuestro-, la mayoría originados por centros de rehabilitación que se llevan a los adictos a la fuerza.
Sin embargo, existe una cifra negra poco referida y de la que no se cuenta con mucha información, relacionada con actividades criminales que no se denuncian y, cuando llegan a hacerlo, son dirigidas a la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE), quienes no las incluyen en las cifras oficiales por tener un origen ilícito.
Foto: Eduardo Villa.-Daniel González Guerra, coordinador de la Unidadd de Delitos
Por cuestión de procedimiento de la fiscalía, tanto las denuncias de secuestros entre criminales como los secuestros de migrantes quedan fuera de la estadística, lo que vicia de origen los registros de incidencia, porque de acuerdo al Secretariado Ejecutivo Nacional, estos expedientes deberían ser contabilizados en las cifras de secuestros.
De las 77 privaciones de la libertad, cuatro fueron los únicos casos denunciados ante la PGJE Mexicali en los últimos dos meses, de esos, dos personas permanecen desaparecidas, mientras que los otros dos quedaron bajo la atención de la SIE por haberse solicitado rescate.
“Levantones” quedan en el limbo
Tanto los secuestros por deudas de droga como los “levantones”, son hechos delictivos que se omiten en la incidencia delictiva, lo que impide tener certeza de qué tan frecuentes son en la localidad.
De acuerdo a registros en poder de la fiscalía, de los 77 casos denunciados oficialmente, en 40 se ha otorgado el perdón debido a que se trató de centros de rehabilitación, otros 13 fueron judicializados, 23 están en proceso de investigación y la mayoría de estos últimos tiene como móvil temas domésticos, es decir, que un hombre o mujer encerró a su pareja para que no saliera de casa.
Oficialmente en Mexicali solo se contabiliza un secuestro, el cual ocurrió la noche del 2 de octubre en agravio de un empresario casacambista llamado Neri Martínez, de 42 años de edad, quien fue raptado por un grupo de delincuentes que irrumpió en una vivienda localizada en el fraccionamiento Valle del Pedregal. Los criminales abandonaron su vehículo en la colonia Villas de Alarcón, del otro lado de la ciudad; fue liberado días después, tras pagar una fuerte suma de dinero.
Sin embargo, el coordinador de la Unidad de Investigaciones de Delitos contra las Personas, Daniel González Guerra, comentó que en los últimos dos meses recibieron dos casos de personas privadas de su libertad de forma violenta, pero que fueron turnados a la SIE cuando se solicitó rescate.
Agregó que actualmente están bajo investigación dos casos propiamente identificados como “levantones”, pero reconoció que cuando se solicita un rescate o se retipifica el delito, deja de ser parte de su estadística.
Uno de los casos ocurrió el 8 de noviembre. Aida fue plagiada de su vivienda; la Policía Ministerial descubrió que la casa fue allanada por desconocidos tras el reporte de una amiga. La primera sospecha se originó al ver que los seguros de las puertas fueron vencidos y que se habían quebrado varios cristales.
A la fecha se desconoce su paradero y se presume que el móvil del “levantón” es un pleito inmobiliario con personas con antecedentes nada gratos, el cual se originó tras la defunción de su esposo -quien dirigía los inmuebles- en 2005.
El otro caso se suscitó el 12 de diciembre sobre el Bulevar Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia Independencia, donde fue amenazado y raptado el joven de 22 años Ezequiel Machado Molina, originario de Sonora, cuyo vehículo fue localizado al día siguiente en el estacionamiento de Plaza Nuevo Mexicali.
Machado Molina fue interceptado por un comando armado que se desplazaba en dos vehículos equipados como patrullas, uno de ellos tenía en la caja una tabla con varios clavos, con lo que aparentemente pretendían frenar el andar del muchacho a bordo de su vehículo, pero no fue necesario.
La SSPE indicó que cuenta con 45 reportes de emergencia donde personas fueron privadas de su libertad y se desconocen mayores detalles sobre su desenlace.
De “levantones” y secuestros
Hay varios casos documentados por organizaciones civiles que no se encuentran en los registros ni estadísticas oficiales, como el “levantón” en agravio de Luis Alberto Ortiz Aispuro, un hombre dedicado a la renta de mesas y rockolas, quien fue plagiado en el Ejido Heriberto Jara, adonde llegó tras engaños.
Desde el 17 de enero no se sabe de él, pero se tuvo conocimiento de que sus captores pidieron un rescate de más de 300 mil dólares. La familia solo pudo pagar poco más de 10 mil dólares una tarde de febrero; a partir de ahí se desconoce cualquier dato sobre Ortiz Aispuro, cuyo secuestro no está contemplado en ningún expediente oficial.
Foto: Cortesía.- Uno de los vehículos usados para el rapto de Machado Molina.
También el 4 de septiembre se dio un “levantón” en la colonia República Mexicana, donde los amigos de la víctima, José Guzmán Doñate, lograron ubicarlo y enfrentarse con los plagiarios. El resultado: un muerto y siete heridos. El caso fue atendido por el grupo de Homicidios, por lo que no se contabilizó ni analizó el origen del crimen, que fue el rapto.
Mientras que el 29 de junio, un padre y su hijo de 10 años de edad fueron interceptados por delincuentes en la colonia Hidalgo, cuando transitaban a bordo de su vehículo en compañía de un amigo y una dama.
Los rufianes golpearon a los adultos y plagiaron al menor, con la intención de pedir que se cubriera una deuda por unos kilos de metanfetamina. El infante fue llevado a una zona desértica y permaneció ahí hasta el día siguiente, cuando fue liberado.
La Policía Ministerial logró detener a uno de los involucrados en el crimen, de nombre José Luis Cedano Arellano, quien aparece en una nómina del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Baja California (Isesalud) de 2016, en el Hospital Materno Infantil; actualmente lo acusan de secuestro agravado, pero tampoco aparece en las cifras de la SSPE.
En los últimos dos meses también se dieron dos “levantones” en el puerto de San Felipe, presuntamente ligados a temas de tráfico de totoaba.
El primero ocurrido el 18 de noviembre en la colonia Los Gavilanes, donde se detuvo a seis personas porque obligaron a un hombre a permanecer dentro de una vivienda a punta de golpes; los seis criminales fueron detenidos tras un operativo realizado por la Policía Ministerial, Municipal y el Ejército Mexicano.
Otro caso se suscitó el 22 de diciembre en la colonia Segunda Sección del puerto, donde también aprehendieron a seis personas que a punta de golpes subieron a una víctima a un vehículo en el que pretendían trasladarlo a una casa de seguridad.
Sin embargo, el Grupo Coordinación logró intervenirlos en el trayecto, siendo asegurados los involucrados y liberando a la víctima.
No se investigan
Para el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, Juan Manuel Hernández Niebla, este delito está fuera del mapa en Baja California, ya que no se mide adecuadamente, no se le da seguimiento y tiende a marcarlo como un hecho inherente a la delincuencia organizada o que concluye, en la mayoría de los casos en homicidios.
El empresario afirmó que incluso la idea general vincula automáticamente a un caso del narcotráfico, por lo que la gente no denuncia realmente los casos de ocurren, lo que complica una medición del problema.
Recordó que también los secuestros de migrantes son privaciones ilegales, pero quedan en el limbo legal y estadístico, debido a que tienen un origen criminal y que muchas veces las víctimas no pueden interponer denuncias debido a que no cuentan con residencia en esta localidad.
“Creo que es algo que todavía está falto de evaluar y explorar; no se investigan, a final de cuentas como no hay denuncia previa le dan un esquema de privación, no se investiga nomás queda como un récord”, reiteró.
Hace meses, la PGJE reconoció por lo menos cinco secuestros de migrantes en Mexicali, pero ninguno se pudo iniciar un proceso judicial, ni se incluyó en las cifras delictivas.
Sin embargo, para Miguel Ángel García Leyva, de la Asociación Esperanza, el problema va más allá, ya que no existe disposición de las autoridades estatales de atender esta temática, relacionada en muchas ocasiones con las desapariciones.
El abogado y activista social aseveró que solo en noviembre y diciembre identificaron tres casos donde mujeres fueron plagiadas y a la fecha únicamente en uno se interpuso denuncia formal, ya que los familiares tienen miedo o han sido intimidados por las propias autoridades. Uno de esos es justamente el de Aída, quien continúa desaparecida.
