Los políticos en Baja California están encontrando otra forma para controlar a los medios de comunicación. Como si la censura, la compra de intereses disfrazados de publicidad y las amenazas a periodistas no fueran suficientes, ahora se meten hasta la cocina. En Mexicali existen dos claros ejemplos de la intervención directa de Gobierno del Estado en medios de comunicación. El primero es en el Canal 66, propiedad de Luis Arnoldo Cabada. Desde hace algunos meses, la Dirección de Noticias está a cargo de Francisco Javier García Villanueva, quien antes solo era conductor del espacio estelar del medio de comunicación, pero previamente estuvo en el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid en calidad de jefe de Prensa del Instituto de Cultura de Baja California. Algo similar ocurrió en La Voz de la Frontera, donde el comunicólogo Aldo Noé Pérez, fue nombrado subdirector editorial. Nunca había ejercido como periodista, pero ocupó diversos cargos en áreas de comunicación de Oficialía Mayor, Secretaría de Seguridad Pública y, recientemente, en el Congreso del Estado con una diputada panista. Esas fueron suficientes credenciales para convertirlo en el jefe editorial del periódico más vendido de Mexicali, en todos los sentidos. Ahora sí que los funcionarios se pasan a los medios y la relación con el gobierno es directa.
