Por el alza de precio de la electricidad, el Estado perderá competitividad, desincentivará inversiones, afectará el desarrollo económico provocando desempleo y disminuirá el poder adquisitivo de la población ante una mayor inflación
El incremento de hasta 300 por ciento en las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) respecto a noviembre de 2017 afecta a grandes y pequeñas empresas, tal como relata Luis Castro, propietario de Reciclados Castro, cuyo recibo de luz de noviembre de 2017 llegó por 12 mil 400 pesos. Mientras que en diciembre del mismo año el costo se elevó a 78 mil 980 pesos, sin que se registrara mayor consumo de electricidad.
“En 30 años de operación de la compañía nunca habíamos visto un incremento en la luz tan exagerado”, destacó Castro, quien podría cerrar su negocio y por consiguiente dejar sin empleo a diez trabajadores, al no haber manera de afrontar tal encarecimiento.
Si bien, el alza en la tarifas eléctricas industriales afecta a todo el país, Baja California es donde más se encarecieron de las 17 zonas que conforman el país, al no estar conectada a la red nacional, según la propia autoridad.
Así lo demuestra el caso de la empresa regiomontana Basal, que produce cuartos refrigerados y desde hace tres meses se instaló en Tijuana con una inversión de 20 millones de dólares. El recibo de la luz, del 31 de octubre al 30 de noviembre de 2017, llegó por 267 mil 582 pesos. Un mes después el monto se elevó a 452 mil 363 pesos en BC.
En contraste, los costos de electricidad de dicha empresa no se incrementaron en Nuevo León, destacaron los presidentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Tijuana, Marcello Hinojosa Jiménez; de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación (Index) Zona Costa, Luis Manuel Hernández; y de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO), Salvador Díaz González.
Esta situación, que se suma el aumento en el costo de la electricidad del año pasado, el del Gas LP, así como el de las gasolinas y el diésel de inicios de 2018, representa un retroceso en la competitividad económica de la entidad respecto al resto del país. Además, provocaría el inminente cierre de empresas, la paralización y salida de inversiones, despidos masivos, desempleo y mayor inseguridad en la región.
“No sólo no van a llegar más inversiones, sino que las que están se irán a otros estados, como los del Bajío, donde las tarifas eléctricas son más competitivas”, advirtieron.
De modo que estarían en riesgo 600 industrias, 300 mil empleos directos y un millón de indirectos.
Asimismo, el precio de los productos y servicios podría dispararse hasta 40% para los consumidores, pues el encarecimiento de la energía eléctrica perjudica a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a instituciones gubernamentales como la Comisión Estatal de Servicios Públicos y los ayuntamientos, los cuales tendrán que pagar más por el alumbrado público.
En conferencia de prensa, los dirigentes explicaron que a partir de diciembre de 2017 y por primera vez, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) define las tarifas eléctricas aplicables con base en una nueva metodología, argumentando que ese nuevo esquema toma en cuenta el costo de cada segmento de la cadena de valor de la industria eléctrica.
“En estos nuevos recibos que nos están llegando al parecer están eliminando el beneficio de bajo consumo. Es decir, a partir de diciembre todo es alto consumo, y los acuerdos que se tenían anteriormente no aplicaron en ese mes”, añadieron.
El sector industrial de Tijuana se dijo molesto y preocupado, ya que “el alza en las tarifas eléctricas a todas luces es arbitrario y representa un engaño, toda vez que tanto el Presidente Enrique Peña Nieto como el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, habían mencionado que este año no habría tales aumentos”.
En ese mismo sentido se pronunció Gilberto Fimbres, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tijuana, quien dijo, la agrupación comparte la preocupación por las decisión unilateral de la dependencia federal de incrementar las tarifas y los impactos que generará en la sociedad bajacaliforniana.
“Como ciudadanos y dueños de la CFE, porque finalmente los mexicanos somos dueños de la Comisión, les pedimos a quienes están administrando este recurso que lo hagan bien, que sean eficientes y que no vean al consumidor como la solución de los problemas de sus costos de operación”, pues hasta el momento no se han instaurado estrategias en aras de ello, y sin dichos métodos difícilmente las nuevas reglas de la reforma energética serán efectivas.
En su oportunidad, el Consejo Coordinador Empresarial de Rosarito (CCE) sentenció que la afectación del incremento en más de 120% en las tarifas eléctricas tiene un efecto negativo en el desarrollo y crecimiento económico regional y nacional, por lo que urgió a crear un plan de acción en conjunto con el Gobierno del Estado, representantes del Congreso de la Unión y las cámaras empresariales para definir el rumbo que contrarreste el excesivo aumento de la energía eléctrica.
También propuso eliminar las Horas Punta, crear incentivos fiscales para proyectos de generación de energía renovable y la conexión de Baja California a la infraestructura eléctrica nacional.
“Hacemos un llamado a los líderes empresariales y ciudadanos bajacalifornianos para demandar que nuestras autoridades afronten y resuelvan este problema, con voluntad, sin medianías, ni intereses políticos, ya que de no hacerlo, el desarrollo económico de nuestro Estado se compromete, causando la afectación del sector empresarial y la del poder adquisitivo de los ciudadanos”, concluyó.
