Si de algunos presumía el titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, era de aquellos que llamaba la nueva generación de priistas. Los apapachaba, los agasajaba, se carcajeaba con ellos, los apoyaba y los promovía. Se trata de esa generación que llegó al poder en diversos estados a la par del Presidente, unos años antes, unos años después. Pero de la misma generación.
Tres de esos ilustres de Peña Nieto, están acusados de ladrones. De desviar recursos del presupuesto de sus estados para fines propios, de lavar dinero, de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Serían más los investigados si en este gobierno y en este país hubiese un real compromiso para combatir la corrupción, y si contáramos con una Procuraduría General de la República con autonomía y capacitación para hacer valer la Ley, en lugar de beneficiar a los ladrones, los asesinos, los narcotraficantes y los corruptos (entre otros), con impunidad a partir de complicidades, falta de preparación e ineficiencia.
Pero ya el hecho que dos de los tres ladrones de Peña estén siendo procesados, es algo. A uno más se le sigue un juicio en Chihuahua.
Se trata en efecto, de los ex mandatarios priistas Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo; y César Duarte, de Chihuahua. Al Duarte veracruzano, el auditor superior de la Federación lo denunció en 54 ocasiones por desvíos de dinero público que suman 45 mil millones de pesos. Al Duarte chihuahuense, lo investiga la fiscalía de aquel Estado por el desvío (ya comprobado en actas) de mil 200 millones, de los cuales cientos fueron a parar a las arcas del Partido Revolucionario Institucional para el pago de campañas políticas en 2016.
A Borge, extraditado a México el jueves 4 de enero de 2018 para ser juzgado por lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) lo acusa de desviar 900 millones de pesos del erario.
A excepción del Duarte chihuahuense, los otros dos están en una prisión mexicana luego de haber sido extraditados, Javier Duarte desde Guatemala, Roberto Borge desde Panamá. Hay quienes dicen en las áreas de investigación del Gobierno Federal, que César Duarte se refugia en alguna ciudad de Estados Unidos, a la par que el gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, pide ayuda al Presidente de la República, primero para la captura de su antecesor, y después para que sea juzgado debidamente en el ámbito federal, como en el estatal.
Roberto Borge, quien ha tenido el cinismo de solicitar -como es su derecho, ciertamente- al Juez de Control que sean protegidos sus datos personales durante el juicio, y por lo que periodistas deberán referirlo como Roberto “N”, robó al pueblo de Quintana Roo de manera vergonzosa y evidente. Lo que hoy es público debido al proceso que se ha iniciado, los quintanarroenses lo sabían, lo denunciaban y lo platicaban a quien quisiera escucharlos. Borge se había robado valiosos predios que además están en una reserva natural protegida.
En la causa penal 381/2017 que se le sigue al ex gobernador priista, se asienta que el daño al erario fue por 900 millones 99 mil 418 pesos con 17 centavos.
Que los delitos que se le imputan los cometió ayudado por amigos, familiares y ex colaboradores del gobierno. Que utilizó además al Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo para hacer el turbio negocio. Creó empresas fachada y utilizando a prestanombres se hizo de los predios a un costo menor del que estaban valuados oficialmente (¿En Baja California les suena esa triangulación? ¿Francisco Vega, Ayuntamiento de Tijuana, alcalde, les dice algo?).
Refirió el fiscal que procesa a Borge: “El señor Roberto Borge estructuró a las personas para realizar el delito que se le imputa… ideó y ejecutó el plan para la adquisición y enajenación para el ocultamiento de los predios con ayuda de otros, por lo que es coautor”.
Y por ello, será procesado.
En efecto los Duarte, Borge, no son los únicos. Hay otros en prisión como Tomás Yarrington, Andrés Granier, Jesús Reyna, Flavino Ríos, Guillermo Padrés, entre otros, más aquellos que aún no han sido capturados, evidenciados, señalados y procesados, pero los Peña Boys, los tres ex gobernadores de su generación, con el paradigma de la corrupción en México.
Definitivamente al Presidente de la República y a su partido, no les conviene activar al cien por ciento el Sistema Nacional Anticorrupción. De hecho ha realizado a través del Poder Legislativo que controla todo lo posible porque no sea nombrado un fiscal anticorrupción y por no transitar hacia la Fiscalía General de la República con reglamentos y leyes claras, de autonomía y capacitación para investigar a los corruptos, muchos de los cuales y como es el caso, o fueron o son parte de su gobierno, o fueron integrantes de aquella generación del nuevo PRI que tanto presumió Enrique Peña Nieto.
Lo que sigue es esperar procesos justos. Justicia. Ex gobernadores en la cárcel sentenciados por los desvíos y reparación del daño. La sociedad no aguanta más. Estos casos de abuso de poder han sido suficientes para supervisar a quienes aún están manejando el dinero de los gobernados. Incluso al Presidente y a sus colaboradores, porque está claro que es una generación que salió ladrona, y ahí están los ejemplos reales. Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, y súmele Usted.
