Inquieta al Gobierno Federal y a líderes del Partido Revolucionario Institucional, el curso de las investigaciones que realiza Chihuahua sobre las redes de corrupción del ex gobernador César Duarte. El ex dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, promovió un juicio de amparo en el que señaló “hay elementos para considerar que existe una investigación en mi contra y a la fecha no he tenido acceso a la misma”. La denuncia del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de un castigo político de la SHCP al bloquearle recursos, le ha ganado un protagonismo que será capitalizado en este año electoral
En medio de una ola de críticas por la inseguridad en su entidad, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, decidió retar al régimen priista en el poder en México, acusándole de cortar recursos por más de 780 millones de pesos en represalia política por no compartirle cuáles son los alcances de las investigaciones de corrupción que involucran a dirigentes del tricolor nacional.
El tema subió de tono desde que el 20 de diciembre de 2017 fue detenido Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y señalado por la Fiscalía General de Chihuahua como principal operador del desvío y triangulación de recursos públicos del gobierno estatal hacia campañas políticas de 2016 a favor del organismo político.
La captura, ocurrida en Saltillo, Coahuila, jaló de inmediato la atención mediática sobre quien entonces dirigía el PRI a nivel nacional: Manlio Fabio Beltrones Rivera.
Noticias publicadas en prensa señalando la posible implicación del que fuera senador de la República, calentaron la atmósfera política al grado que el sonoronse presentó una demanda de amparo el 26 de diciembre último.
El juicio de garantías en favor de Beltrones se inició en el Juzgado Cuarto de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, bajo el expediente 1110/2017. Reclama una posible orden de aprehensión, de comparecencia o citatorio dictados en su contra por alguno de los jueces penales en el Estado de Chihuahua, así como el cumplimiento que autoridades ministeriales o policiales pretendieren darle a dichos mandamientos judiciales.
La defensa legal del también ex gobernador sonorense, Manlio Fabio Beltrones, demandó además la protección de la justicia federal para que se le permita el acceso a cualquier carpeta de investigación, averiguación previa y/o expediente que las autoridades referidas sigan en su contra, “o en las que me encuentre relacionado, violando mi garantía de audiencia, debido proceso, principio de objetividad y adecuada defensa”.
Como antecedente del acto reclamado, el quejoso aseguró en su escrito que “hay elementos para considerar que existe una investigación en mi contra y a la fecha no he tenido acceso a la misma”. La demanda de amparo fue admitida hasta el 4 de enero de 2018.
Foto: Tomada de Internet.- Roberto Borge
El ex legislador solicitó al juzgador le otorgara la suspensión provisional del acto reclamado, medida cautelar que le fue concedida el 8 de enero a cambio de la exhibición de una garantía cuantificada en 64 mil pesos. La protección parcial tiene vigencia hasta el día 15 siguiente, fecha en que se resolverá sobre la suspensión definitiva. En tanto, se fijó el 29 de enero para el desahogo de la audiencia constitucional.
VENGANZA POLÍTICA
El trámite del amparo de Beltrones no hubiese trascendido de no ser por el protagonismo del abogado del priista e imputado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, vinculado a proceso y preso en el Centro de Reinserción Social Número 3, en la Capital de Chihuahua. El defensor declaró el 8 de enero que Manlio Fabio se había amparado porque temía la existencia de una orden de aprehensión contra su persona.
El ex dirigente nacional del PRI había presentado su demanda de garantías con la solicitud expresa al juez de amparo de que no se publicara su nombre ni sus datos personales, como lo prevé la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Ese mismo día ocho, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, confirmó a los medios norteños la existencia del amparo de Beltrones. Aceptó que el hecho estaba relacionado con la imputación a Alejandro Gutiérrez, señalado del desvío de recursos públicos de esa entidad para beneficiar a su partido durante el proceso electoral de 2016. Sin embargo, esa no era la nota principal.
En conferencia de prensa y acompañado de importantes personajes de la vida social y política no solo de Chihuahua, sino del país, Corral Jurado denunció públicamente que, en represalia política, por las investigaciones que se estaban realizando por la corrupción del ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez y su vertiente hacia el PRI nacional, el Gobierno Federal no depositó recursos financieros por 780 millones de pesos que debieron otorgarse en diciembre.
Corral aseguró que al bloquear esos recursos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estaba afectando a todo el pueblo de Chihuahua, y asoció la medida con las pesquisas que hasta el momento han vinculado a proceso a 15 personas y obtenido sentencias condenatorias para otras cinco. “Ya que el delito que se investiga consiste en el desvío de 250 millones de pesos para fines distintos para el que fueron entregados, es decir, no se combate la validez del convenio sino la ilegalidad del destino”, remató el funcionario.
Por su parte, a través de un comunicado, la autoridad hacendaria negó que el Gobierno Federal aplique un bloqueo económico a la administración de Chihuahua por esas investigaciones y reiteró que todos los recursos que por Ley corresponden a las entidades, son transferidos en tiempo y forma, con mecanismos transparentes.
Ese mismo día, Manlio Fabio Beltrones Rivera emitió un boletín negando su participación en algún ilícito y que solo estaba enterado de versiones periodísticas. Atribuyó el escándalo a la época electoral y que no va a permitir que “las autoridades del Estado de Chihuahua cometan un deliberado daño moral a las personas, intentando obtener notoriedad política u ocultar el desastre de inseguridad que ha marcado a la presente administración”. Del juicio de amparo, dijo, se vio obligado a solicitarlo para enterarse de los hechos que “aparentemente se investigan”.
PODER HACENDARIO
El 9 de enero, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, aseguró que es falso el condicionamiento al Estado de Chihuahua para la entrega de recursos como lo planteó Javier Corral el día previo: Chihuahua recibió en 2017 la cantidad de 2 mil 030 millones de pesos adicionales a lo presupuestado”, y agregó que la dependencia a su cargo no frena los recursos por la investigación que realiza la fiscalía de esa entidad.
El gobernador chihuahuense manifestó que debido al bloqueo de recursos del Gobierno Federal, presentará una controversia constitucional, ya que la decisión que tomó Hacienda, de manera unilateral, de cancelar los recursos, menoscaba las facultades y objetivos para el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Gobierno Federal. El mandatario aprovechó para invitar a la población en esa entidad movilizarse el domingo 14 de enero en un evento público en la Plaza del Ángel.
Foto: Guillermo Perea/Cuartoscuro.com.- Cèsar Duarte
En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, Corral Jurado expresó que al Gobierno Federal, le “caló hasta la médula la exhibición del modus operandi de la corrupción política”, y advirtió, no tiene miedo, ni lo van a doblegar. “El presupuesto es el principal instrumento de control en este país. El poder verdadero no está en Gobernación, ni en Los Pinos; el poder verdadero está en Hacienda”.
El mandatario chihuahuense complementó que en México “es la chequera con la que se condiciona. Es la zanahoria o el garrote. Te portas bien, le aplaudes al Presidente, y te dan más PDR (Programa de Desarrollo Regional), más recursos. Te portas mal, te dan el garrotazo y te suspenden los depósitos”.
Estas declaraciones tuvieron la reacción del precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, quien durante un mitin en Querétaro declaró sobre el político emanado de las filas del Partido Acción Nacional (PAN): “Vemos en este país, por primera vez en muchos años, a un gobernador que tortura, vemos por primera vez en el país, a un gobernador que engaña; vemos a un gobernador que en Chihuahua se le multiplicó por cuatro la inseguridad y que cada vez que tiene problemas inventa y confronta”.
Meade era precisamente el secretario de Hacienda en el tiempo cuando se enviaron los recursos al gobierno de Chihuahua, en la administración de César Duarte, y que después fueron desviados y triangulados -presuntamente por Antonio Gutiérrez- para que a través de empresas fantasma se pagaran servicios que nunca se efectuaron, y en cambio, el dinero se destinara a apoyar procesos electorales en favor del PRI.
La reacción del precandidato tricolor fue tomada con ironía por Javier Corral, quien en su cuenta de Twitter publicó: “Ya salió el verdadero amigo de César Duarte: @JoseAMeadeK. Imagínense de dónde los tiene agarrados el prófugo de la justicia, que ya obligó al precandidato del PRI a responderme. Ahí les dejo estas imágenes, para que vean el nivel del ‘ciudadano Meade’”. El mensaje contiene fotos de Duarte Jáquez y Meade juntos en diversos festejos.
LAS INVESTIGACIONES
El escándalo que mantiene privado de su libertad con medida cautelar de prisión preventiva al priista Alejandro Gutiérrez y por el que Manlio Fabio Beltrones reapareció públicamente, tras año y medio de opacidad luego de su fracaso como dirigente del PRI, al perder siete de doce estados a manos del PAN en las elecciones de junio de 2016, es solo una de las 39 carpetas de investigación que sigue la Fiscalía General de Chihuahua por hechos de corrupción.
En el caso concreto, el gobierno chihuahuense pretende probar que Gutiérrez era el operador principal y pieza clave del modus operandi de corrupción política, que en un lapso de 48 horas de que la SHCP depositó el recurso económico en 2016 al erario estatal, el dinero (250 millones de pesos) fue sustraído y siguió la ruta antes descrita: pagar a empresas que no existían por servicios que nunca se realizaron, y de ahí al PRI estatal para fines electorales.
Fue el propio gobernador Javier Corral quien no pudo asegurar que exista una orden de aprehensión o se implique en el asunto de Gutiérrez, a Manlio Fabio Beltrones, ya que no tiene conocimiento pleno de las carpetas de investigación.
El Ministerio Público ha informado al mandatario que “el único imputado hasta hoy es Alejandro Gutiérrez” y será el fiscal quien amplíe el universo de responsabilidades para quienes estén involucrados en las redes de corrupción denunciadas desde inicios de la administración.
Sobre su antecesor, el ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez, Corral aseguró que ya cuenta con diez órdenes de aprehensión en su contra en el fuero común por delitos que habría cometido en el Estado de Chihuahua, como son peculado agravado y peculado electoral, además de existir otra orden de captura en el fuero federal por delitos electorales.
Al respecto, el gobernador inició 2018 solicitando al Gobierno Federal acelerar el trámite de extradición de Duarte -quien se encuentra en Estados Unidos- y que parece no avanzar como debiera. En septiembre de 2017, Corral entregó a pruebas en 70 tomos y 50 discos compactos a la Procuraduría General de la República para fundamentar la solicitud de detención de César al otro lado de la frontera.
ROBERTO BORGE
Difícilmente se conocerá lo que suceda durante la estancia del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en Ayala, Morelos, un penal de mediana seguridad donde se brinda atención psicológica y psiquiátrica a reclusos que tienen problemas de esa naturaleza. Antes los reos temían ser enviados a esa cárcel-clínica, con el tiempo se conoció de un mejor trato que en las cárceles de máxima seguridad.
Tan pronto arribó a México procedente de la República de Panamá el jueves 4 de enero, Borge fue conducido al Centro de Justicia Federal en el penal de Neza Bordo, donde enfrenta cargos por el delito de lavado de dinero -900 millones de pesos- , ahí se reservó su derecho a declarar y, tras prolongadas horas de audiencia inicial que concluyó hasta la madrugada con una prisión preventiva, a la mañana siguiente renunció a los plazos constitucionales y ese mismo día fue vinculado a proceso.
Otras tres órdenes de aprehensión esperan a Borge Angulo en Quintana Roo, donde es acusado por delitos como aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado, al haber rematado 22 terrenos en Cozumel, Tulum, Cancún y Riviera Maya, que significaron un daño patrimonial contra el Gobierno del Estado por alrededor de 3 mil millones de pesos. La Fiscalía General de esa entidad tiene la esperanza de que el político declare sobre los hechos imputados.
Investigaciones de carácter administrativo reveladas recientemente advierten que durante la gestión de Roberto como gobernador, se concedieron de forma irregular unas 18 licencias para venta de bebidas alcohólicas con una serie de beneficios fiscales a tres empresas de su propiedad, con devolución de entre 90 y 100 por ciento de impuestos, por lo que el Estado de Quintana Roo dejó de percibir 5 millones 230 mil pesos.
