Luego de una brutal golpiza que recibieron por parte de varios elementos de la Policía Municipal de Tecate el año pasado, una familia entera clama por justicia y un castigo ejemplar a quienes sobrepasaron el uso de la fuerza causando severas lesiones en uno de ellos. Además, que se garantice su total seguridad, puesto que se han sentido amedrentados por parte de estos elementos, ya que legalmente el caso pasará en próximos días a juicio oral, donde se determinará si cinco de ellos son penados o no
Desde febrero de 2017, la familia Ramírez López -tres de ellos oriundos de Estados Unidos y otro de Tecate- ha pasado una “odisea” tratando de olvidar y sobre todo de encontrar justicia por la situación que enfrentaron, luego que “injustificadamente” alrededor de 15 policías los golpearan brutalmente en pleno Centro del considerado “Pueblo Mágico”, con la excusa de que estaban amedrentando a los oficiales.
Con el temor de recibir algunas represalias o de que la situación les pudiera salir contraproducente, la familia interpuso una demanda ante el Ministerio Público para llevar a cabo lo que ha sido un largo proceso contra seis oficiales que finalmente lograron identificar tras la golpiza, aunado a ello, interpusieron una queja ante Sindicatura Municipal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) y el Consulado de Estados Unidos en Tijuana, con el único fin que su situación no quede impune, pero también para garantizar su seguridad.
Durante este periodo, la familia y el joven que les acompañaba aquella noche que sucedieron los hechos, ha pasado por una serie de peripecias y sobresaltos que les ha robado la tranquilidad, les ha transformado las vidas y les ha provocado incluso situaciones de pánico por todo lo que tuvieron que vivir y soportar, al grado de requerir tratamientos y operaciones médicas, así como de asistencia, psicología y emocional.
Luego que entre el jueves 17 y el lunes 22 de enero se llevara a cabo la audiencia intermedia con estos seis oficiales y que se lograra la apertura para el juicio oral de cinco de ellos, la familia Ramírez López solamente espera que “de verdad” se cumpla la Ley y se les haga justicia en el proceso, sobre todo porque, como lo hicieron saber a ZETA, consideran que con ello se estaría dando un claro ejemplo de que en esta entidad la Ley “se cumple” y, aun cuando estos elementos son funcionarios municipales, también pueden ser sancionados por actos ilícitos que cometan.
SOBRE LOS HECHOS
Cerca de las once de la noche del 10 de febrero de 2017, dos de los jóvenes agredidos, de quienes se omiten los nombres por ser menores de edad y por petición de las familias, se encontraban “patinando” en la calle afuera de sus domicilios en la colonia El Pedregal, en Tecate, cuando una patrulla que circulaba por el lugar con dos policías, se aproximó con la excusa que se veían sospechosos.
Ante la ausencia del señor Roberto Ramírez y la señora Sonia López, ambos padres de dos de los agredidos, los elementos llamaron refuerzos y entraron arbitrariamente al domicilio para golpearlos brutalmente, aun cuando estos son menores de edad, alegando que estaban siendo agredidos desde adentro de la vivienda.
Cuando el señor Roberto y su esposa llegaron a casa, media hora después, encontraron a sus dos hijos, el amigo y un primo de sus hijos, totalmente golpeados y ensangrentados, por lo que decidieron ir al Ministerio Público para presentar una denuncia, sin embargo, en el camino, ya en el Centro de la localidad, alrededor de la media noche del 11 de febrero, se encontraron con una patrulla en la que identificaron a dos de los policías agresores, por lo tanto el señor Roberto se aproximó para preguntarle a uno de ellos por su nombre, ya que lo requería para la denuncia.
Fotos: Archivo.- Pérez Castillo Aragón Enrique Álvarez Castillo.- “Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP”
Esta situación derivó en que este policía, bajo la excusa de sentirse amedrentado, llamara a más refuerzos, mediante una clave que refieren de “alta urgencia” o para casos de “mucho peligro”, por lo tanto, llegaron alrededor de 15 agentes en diversas patrullas y, sin mediar palabra, comenzaron a golpear a todos de forma brutal.
Luego de la golpiza, el señor Roberto, su esposa, sus dos hijos y el amigo de los jóvenes, fueron esposados y llevados a las celdas de la comandancia, para ser “privados” de su libertad sin mencionarles el por qué estaban detenidos, hasta que finalmente pagaron una fianza para ser liberados, sin embargo, el señor Roberto continuó recluido unas horas más, siendo que era el que más afectaciones tenía y que requería de atención médica inmediata.
Una vez liberado, el señor Ramírez tuvo que ser ingresado de urgencia a un hospital de la localidad, donde le detectaron un trauma cerrado de abdomen, por lo que requirió de algunas operaciones que le provocaron la pérdida del apéndice y pusieron en peligro su vida; aunado a ello sufrió varias lesiones en el tobillo izquierdo.
Sus dos hijos y el amigo, de quienes se omiten sus nombres por razones antes mencionadas, también resultaron con lesiones como equimosis violáceas y claviculares, aunque ninguno con riesgo mayor.
SEIS POLICÍAS IDENTIFICADOS; CINCO IRÁN A JUICIO ORAL
Tras la denuncia penal que interpusieron contra los elementos policiacos, la familia y el joven agredido lograron identificar a seis de los policías que intervinieron en los hechos, debido a que, como relató el señor Ramírez a este Semanario, estos fueron los que más los estuvieron golpeando.
Los agentes son: Enrique Álvarez Castillo, Pedro Pérez Castillo, Jesús Manuel Aragón Estrada, Luis Miguel Cuevas Orozco, Martín Antonio de Dios Hernández y Lizeth Maríñez, quienes en audiencias pasadas fueron vinculados a proceso por su posible participación en los hechos, ya que la juez en turno encontró como válidas y procedentes las pruebas que presentaron tanto la fiscalía como el abogado de la familia.
Aunado a ello, en audiencia intermedia llevada a cabo los días 18 y 22 de enero en Tecate, la juez Cinthia Monique Estrada determinó también procedente el acto de apertura para que cinco de los seis policías adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tecate vayan a juicio oral, donde se enfrentarán a los testimonios de compañeros policías, peritos, camilleros, médicos y socorristas que interactuaron directamente con los ofendidos.
En este juicio se determinará también si estos cinco elementos son responsables o no de la acusación en su contra por los delitos de abuso de autoridad y lesiones, y de ser encontrados culpables, podrían pagar una condena de 12 años de prisión cada uno de ellos, además de 16 mil pesos cada uno y la cantidad mancomunada de 293 mil pesos y 76 mil dólares a razón de cumplir con la reparación del daño, pena y cantidades económicas que se solicitaron por parte de la fiscalía y el abogado familiar, acordada con la defensa de los presuntos agresores.
POLICÍA SOLICITÓ SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL PROCESO
Durante la misma audiencia, la policía Lizeth Maríñez solicitó una suspensión provisional del proceso, debido a que a ella solamente se le acusaba de abuso de autoridad, situación a la que se negaron los familiares ofendidos; sin embargo, luego de discutir las partes entre la fiscalía y la defensa, la juez determinó procedente dicha petición, debido a que la solicitante sí cumplía tanto en tiempo y forma para poder ser aceptada.
En este caso la juez determinó que el proceso de suspensión provisional del proceso será de 18 meses, ante el temor que esta persona infundió entre los familiares, periodo en el que la policía tendrá que residir en Tecate, abstenerse de acercarse al domicilio de las víctimas, no frecuentarlos personalmente, tampoco generarles molestias o perturbar la tranquilidad de los mismos por ningún medio ni personal ni electrónico, mucho menos por terceras personas, lo cual incluye a sus compañeros de corporación.
Foto: Archivo.- Imputados durante audiencia en Tecate
Además, Maríñez se comprometió a recibir una capacitación en Derechos Humanos y tendrá que pagar 10 mil 200 pesos por motivos de la reparación del daño que provocó al señor Roberto Ramírez Mendoza, quien debe recurrir a un proceso de terapia psicológica para reponerse de esta situación; por lo tanto, la integrante de la Policía Municipal quedó fuera del proceso, pero no se absolvió su situación, por lo que quedó advertida de que en caso de incumplir con alguna de estas obligaciones, su proceso continuará donde se había quedado.
Para clarificar esta situación, ya que los agredidos no quedaron del todo conformes con el hecho, ZETA consultó a Meritxell Calderón Vargas, abogada e integrante de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, quien consideró que lo que hizo la juez con el hecho de haber otorgado esta suspensión provisional del proceso, fue garantizar la reparación del daño, además, con ello se generan medidas cautelares y se garantiza la seguridad de las propias víctimas.
Es una medida apegada a la Ley de General de Víctimas, porque en ese sentido el enfoque de la misma no es tanto pretender que se sancione el delito, sino que la víctima vea satisfecha la reparación sobre la violación de los derechos que se cometieron por ese delito, por lo tanto, es una situación que en varios casos se prevé como recomendable, porque de lo contrario, las víctimas tienen que esperar a que pase el juicio oral y a su desventaja, los agresores pueden quedar absueltos de toda acusación.
POLICÍAS SOLICITARON AMPARO, FAMILIA RECIBE PROTECCIÓN
Debido a este proceso y a la acusación, los cinco policías restantes interpusieron un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Tijuana, en contra del propio Tribunal por afectaciones a sus personas, situación por la cual el juicio oral fue postergado hasta nuevo aviso, ya que como lo dio a conocer la juez durante la pasada audiencia, tienen que esperar a que esta situación se resuelva para que se pueda llevar a cabo, aunque independientemente de lo que estos amparos resuelvan, no definirán el rumbo durante el juicio.
Derivado de esta situación y ante el temor por posibles represalias mientras no se lleve a cabo el juicio, el señor Roberto Ramírez confirmó a este Semanario que gracias a la CEDHBC, desde el martes 23 de enero ya cuentan con protección domiciliaria por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, entidad que puso a su disposición elementos tanto de la Policía Estatal Preventiva, como agentes ministeriales para resguardar su seguridad.
Desde febrero de 2017, la propia CEDHBC abrió un expediente que continúa en integración, gracias a la queja 47/2017 interpuesta por la familia luego de la agresión que sufrieron; a ello se sumó la Embajada de Estados Unidos en Tijuana, quienes han estado muy pendientes del caso, exigiendo que se esclarezcan los hechos y que esta familia pueda recibir justicia ante un hecho tan indignante que sin duda les robó su tranquilidad y cambió sus vidas para siempre.
