Al menos 10 entidades, algunos municipios y 6 delegaciones de la Ciudad de México, le pagaron, desde 2007 a la fecha y a través de contratos multianuales, 22 mil 307 millones 297 mil 718 pesos a Seguritech Privada S.A. de C.V., compañía que les rentó tecnología y edificios para inteligencia policíaca bajo el esquema de adjudicación directa y cuya información se reserva bajo el argumento de ser de seguridad pública.
Derivado de una investigación del periodista Marcos Vizcarra, que publicó el diario Noroeste de Sinaloa, la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, pidió al Gobierno encabezado por Miguel Ángel Mancera Espinosa, un informe sobre el contrato suscrito para la adquisición y sustitución de equipo de videovigilancia para el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).
Mediante un punto de acuerdo, el asambleísta Alfonso Suárez del Real, del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), también requirió exponer las razones por las cuales esos servicios ya no los prestan las empresas que tenían la concesión del equipo de videovigilancia del C5, y que fueron sustituidas por Seguritech.
En 1995 Seguritech era un pequeño negocio que comerciaba con alarmas de seguridad en negocios privados y casas habitación, así como alarmas vecinales para los gobiernos locales. Para 2000, el negocio trascendió a los botones de pánico, populares en las delegaciones del entonces Distrito Federal, ya que éstos eran conectados en negocios comerciales para utilizarse como alarmas de seguridad pública.
Según la investigación publicada por Noroeste, el esquema de contratación por adjudicación directa y de información reservada, sucedió desde 2007, y por lo menos 10 años más, en Sinaloa, Sonora, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Colima, Guanajuato y seis delegaciones de la Ciudad de México.
Vizcarra pudo corroborar lo anterior por la información que sobre los contratos obtuvo a través de los portales de transparencia de los estados y reportes de las auditorías Federal y locales, en los cuales señala que dichos gobiernos firmaron contratos por servicios de seguridad, sin un proceso para revisar quiénes son los más económicos o más eficientes, sino que se eligieron de forma directa a empresas que los funcionarios en turno consideran las mejores, aunque éstas, incluso, no tengan la mejor reputación en otras entidades”.
Para contratarlas, los gobiernos estatales no han lanzado licitaciones públicas para que las compañías compitan y, así, las administraciones públicas decidan por la opción más idónea para las finanzas, señaló la investigación de Noroeste.
La empresa propiedad del mexicano Ariel Zeev Picker Schatz, opera de la siguiente manera: al estado que llega deja en claro durante las negociaciones, que toda información de los contratos entre ambos debe reservarse, con el argumento de ser sensible para su seguridad.
En la mayoría de esos estados la empresa tuvo o tiene problemas con las administraciones, lo que ha hecho que las auditorías de los estados y la de la Federación hicieran observaciones y promovido sanciones administrativas o penales.
Eso ocurrió después de que se detectara que la contratación de la empresa se hizo de forma directa, cuando los estados pudieron hacer licitaciones. También se encontró que la empresa incumplió en sus cláusulas, o que los gobierno no abogaron por tener mejores contratos, señaló el rotativo sinaloense.
En los estados en los que hasta el momento no hay problemas es porque recién iniciaron operaciones, como el caso de Hidalgo, Sonora y Estado de México, o en Colima, donde el proyecto apenas se asignó a principios de diciembre de 2017, indicó Noroeste.
Entre las deficiencias, las que llaman más la atención son el incumplimiento de contrato en el municipio Acapulco de Juárez y, al mismo tiempo, con el Gobierno del Estado de Guerrero, quien contrató a Seguritech para la reparación y mantenimiento de equipo, así como para la instalación de videocámaras y botones de pánico.
La empresa incumplió contratos, de acuerdo con auditorías federales y señalamientos de Antonio Sebastián Ortuño, ex Contralor del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, quien promovió una sanción económica en contra de la empresa por un millón 750 mil pesos.
Entre los servicios que ofrece Seguritech están los edificios que se llaman C-4 o C-5, que son complejos para crear inteligencia policial, así como vehículos blindados, helicópteros, aviones, videocámaras, arcos carreteros de seguridad, lectoras de rostros, lectoras de placas de vehículos, rayos x, drones y vigilancia satelital.
En Sinaloa, por ejemplo, opera la empresa Comunicación Segura, filial de Seguritech, firma que proporcionó distintos servicios en tres contratos diferentes, cuyo costo total fue de mil 307 millones 218 mil 146 pesos, que se pagaron en el transcurso de 5 años, entre 2011 y 2016, durante el sexenio de Mario López Valdez.
