Además de las disputas internas por el control de la organización, el Cártel de Sinaloa continúa fragmentándose en tribunales. Los casos de “El Mini Lic” y del consuegro de “El Chapo” en la Corte Federal del Distrito Sur de California, muestran cómo el Departamento de Justicia continúa desmantelando sus redes de trasiego de drogas y lavado de dinero, aunque sin poder llegar todavía a Ismael “El Mayo” Zambada
Mientras Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera continúa recluido en una prisión de Nueva York y con un caso lento en la Corte, los procesos de sus operadores financieros para afianzar al Cártel de Sinaloa en la frontera de Baja California y California, tanto para el trasiego de toneladas de drogas como para lavar dinero, avanzan en la Corte del Distrito Sur de California.
En los últimos meses, a la prisión federal de San Diego, California, han llegado Dámaso López Serrano “El Mini Lic”, Álvaro López Núñez, hijo y hermano, respectivamente, de Dámaso López Núñez “El Licenciado” y Víctor Manuel Félix Félix “El Señor”, consuegro de “El Chapo”.
Los dos primeros se entregaron a la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) a raíz de la caída de “El Licenciado”, quien en mayo de 2017 fue aprehendido en un operativo por fuerzas federales en la Ciudad de México.
Transcurrieron tres meses y el 27 de julio, su hijo y principal colaborador, “El Mini Lic”, llegó hasta la frontera de Calexico y Mexicali para entregarse a las autoridades estadounidenses.
Un mes después, el 18 de agosto, Álvaro López Núñez, hermano menor de “El Licenciado” y tío de “El Mini Lic”, hizo lo mismo en la frontera de Nogales, Sonora. Ambos están acusados, por la Fiscalía del Distrito Sur de California, de narcotráfico y lavado de dinero.
En una audiencia celebrada días después, el defensor público de López Núñez expuso a la juez Jill L. Burkhardt que la solicitud de asilo al gobierno estadounidense de su representado se debía a que “su familia está siendo cazada y asesinada”. Estaban acorralados.
A diferencia de otros miembros del Cártel de Sinaloa que habían pisado esa Corte, como Serafín Zambada Ortiz, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, y Rodrigo Aréchiga Gamboa “El Chino Ántrax”, que fueron perseguidos hasta ser detenidos, los Dámaso prefirieron entregarse.
Para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esto representó un triunfo. Anuncio que “‘El Mini Lic’ es el líder mexicano del narcotráfico de más alto rango que haya decidido entregarse de manera voluntaria a la justicia de los Estados Unidos”.
“EL MINI LIC” PAGARÁ UN MILLÓN DE DÓLARES A EU
Antes de concluir el año, el 27 de diciembre de 2017, “El Mini Lic” escribió “DLS”, sus iniciales, en las 15 páginas que conformaban su acuerdo de culpabilidad. Después de eso, Dámaso López Serrano pisó nuevamente la Corte de Distrito para declararse culpable, el 10 de enero de 2017, ante la juez Dana M. Sabraw.
El sinaloense de 29 años no solo admitió los cargos por conspiración para importación y distribución de cocaína, heroína y metanfetaminas que le fueron imputados en el Distrito Sur de California, también se declaró culpable por los delitos de conspiración para distribuir cocaína que le fueron fincados en el Distrito Este de Virginia. Ambas acusaciones formales fueron presentadas en 2016.
De acuerdo con esa inculpación, “El Mini Lic” ingresó al negocio del narcotráfico a los 15 años de edad. Desde 2003, la Fiscalía del Distrito Este de Virginia documentó cómo el hijo de “El Licenciado” se encargó de coordinar y supervisar cargamentos de cocaína en México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Panamá, hasta llegar a Estados Unidos.
Foto: Archivo.- “El Chapo” Guzmán
Respecto a la acusación de California, en ella se expone al “El Mini Lic” junto a Nahum Abraham Sicairos-Montalvo “El Quinceañero” y su tío Álvaro López Núñez, quien se encuentra en espera de regresar a la Corte.
“El Quinceañero” fue detenido en medio de un fuerte operativo en la Ciudad de México, en julio de 2017, cuatro días después de que “El Mini Lic” se entregara en California. Durante años fue el principal operador financiero del hijo de “El Licenciado” y uno de los miembros de más confianza en el Cártel de Sinaloa.
En el documento presentado ante la Corte, “El Mini Lic” también admite haber portado armas de fuego “con el propósito de promover las actividades asociadas al tráfico de drogas que realiza el Cártel de Sinaloa”.
Y como parte del acuerdo, acepta entregar un millón de dólares al gobierno estadounidense, monto que es producto directo o indirectamente de las actividades ilícitas que realizaba.
López Serrano admitió ser uno de los líderes del Cártel de Sinaloa y dedicarse principalmente a las tareas de coordinación y organización del transporte y distribución de toneladas de drogas, incluyendo metanfetaminas, cocaína y heroína desde México hasta Estados Unidos, siendo California uno de los principales puntos de entrada.
De no haberse declarado culpable, “El Mini Lic” podría haber recibido hasta una sentencia de cadena perpetua, pero dado a que colaboró en el caso, podría recibir un mínimo de 10 años de prisión, además de pagar una multa de 10 millones de dólares.
El Fiscal General Adjunto, John P. Cronan, de la División de Delitos del Departamento de Justicia, consideró que la sentencia en contra de “El Mini Lic” -cuya primera audiencia está programada para el 12 de julio- “representa un duro revés al liderazgo del Cártel de Sinaloa y las violentas actividades asociadas al narcotráfico que llevan a cabo”.
CONSUEGRO DE “EL CHAPO” RECLUIDO EN AISLAMIENTO
El 18 de diciembre de 2017, Víctor Manuel Félix Félix, apodado “El Señor”, llegó a San Diego, California, tras casi siete años de haber sido detenido en México. Desde entonces ha permanecido en una celda aislada del resto de la población, comentó su abogado Guadalupe Valencia.
El 16 de enero, con uniforme rojo penitenciario, sin barba ni bigote y con el cabello casi a rapa, Félix Félix pisó la sala de audiencias de la juez Marilyn Huff para pararse al lado de su abogado particular.
“¿Qué tal?”, le dijo en español con una sonrisa al litigante y en seguida le fue colocado un set de audífonos y micrófono por la intérprete que le traduciría lo que se hablaría en esa Corte. Sin esposas, pero con una mano sobre la muñeca detrás de la espalda, el hombre de 60 años tuvo a un agente federal custodiándolo detrás en todo momento.
Guadalupe Valencia expuso en audiencia que recién le había sido entregado un disco duro con la evidencia que la Fiscalía presentaría en contra de su cliente, por lo que solicitó un plazo de 60 días para revisarla y poder regresar a la Corte.
El fiscal del caso apoyó la solicitud, así como la petición de la defensa de que el caso fuera declarado complejo.
Durante años, de acuerdo con la acusación en su contra, “El Señor” fungió como operador financiero de “El Chapo”. Además, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante con María Alejandrina Salazar Hernández, está casado con la hija de Félix Félix.
Al consuegro de Guzmán Loera se le acusa formalmente de conspiración para lavado de dinero e importación y distribución de cocaína. Su arresto derivó de una investigación iniciada en 2009, en el sur de California, por parte de la DEA que incluyó a un agente encubierto que hizo tratos con Félix Félix para lavar dinero del Cártel de Sinaloa y transportar cargamentos de droga desde Centroamérica.
Después de dos años de documentar el modus operandi del Cártel de Sinaloa a través de mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas, el agente del Grupo Técnico Especializado de la DEA lavó casi cinco millones de dólares, a la vez que le fueron confiados cargamentos de toneladas de cocaína.
Las principales operaciones de esta red liderada por Félix Félix se encontraban establecidas en Panamá, Ecuador, México y ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles, California; Nueva York, Nueva York; Houston, Texas; Chicago, Illinois, y las ciudades de Vancouver y Montreal en Canadá.
Foto: Tomada de Internet
Con la evidencia recolectada, se logró identificar a 36 miembros del Cártel de Sinaloa y en la misma acusación que “El Señor” realizó, otras 28 personas fueron imputadas del cargo de asociación delictuosa, conspiración para distribuir cocaína y conspiración para lavado de dinero.
En la segunda audiencia de Félix Félix, desde su extradición a Estados Unidos, la juez Huff además aceptó declarar el caso como complejo y fijó la siguiente audiencia para el lunes 26 de marzo por la tarde.
Sin embargo, desde hace años, el gobierno estadounidense buscó desmantelar las redes de lavado de dinero del consuegro de “El Chapo”, incluso cuando éste ya se encontraba encarcelado.
LOS CÓMPLICES DE “EL SEÑOR” YA LIBRES
En 2012, un año después de su captura, “El Señor” fue designado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su lista de narcotraficantes, la cual congela los bienes que tengan en ese país y prohíbe a sus ciudadanos entablar relaciones económicas y comerciales con ellos.
Foto: Tomada de Internet.- Gabriela Vázquez Vilavicenio
Desde Guadalajara y la Ciudad de México, Félix Félix comandaba las células encargadas de lavado de dinero para “El Chapo”, de modo que autoridades estadounidenses identificaron a Jorge Guillermo González Cárdenas, Óscar Domínguez Villa Díaz, Rigoberto Días Paniagua y Gabriela Vázquez Villavicencio, como sus principales operadores.
El gobierno estadounidense ubicó los domicilios de Félix Félix, quien usaba también el nombre Raúl Castro Rodríguez, en Zapopan, Jalisco; Culiacán, Sinaloa; Mexicali, Baja California y la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México.
En octubre de 2012, Gabriela Vázquez Villavicencio salió del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mexicali, donde había sido recluida por delitos contra la salud y lavado de dinero.
Sin embargo, en cuanto fue puesta en libertad, agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) procedieron a detenerla, ya que contaba con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos por asociación delictuosa y tráfico de dinero.
Foto: Tomada de Internet.- Víctor Manuel Félix Félix
De acuerdo con información consultada por ZETA, en el sistema federal penitenciario estadounidense, la mujer de hoy 52 años, salió de prisión en diciembre de 2016, casi un año antes de que “El Señor” fuera extraditado.
Lo mismo ocurrió con Rigoberto Días Paniagua, quien fue puesto en libertad en agosto de 2016. Tanto Días Paniagua como Óscar Domínguez Villa Díaz, José Benjamín Valdez Bernal, Efraín Días Paniagua y Luis Horacio Ramírez de Arellano Morales, fueron extraditados de México a California en septiembre de 2012.
Mientas que Víctor Manuel Félix Beltrán “El Vic”, hijo de “El Señor”, continúa en espera de ser extraditado a Estados Unidos desde que fue detenido el 26 de octubre de 2017, en un lujoso fraccionamiento de Santa Fe, dentro de la Ciudad de México.
A “El Vic” se le identifica, al igual que a su padre, como operador financiero del Cártel de Sinaloa y en específico de los hijos de “El Chapo” Guzmán.
Se le reclama en la Corte de Distrito de Illinois por cargos que incluyen conspiración para distribuir marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina, junto a Ismael “El Mayo” Zambada y “El Chapo”.
Violencia imparable en Tijuana: 18 días, 96 ejecutados
En lo que va de 2018, en Tijuana asesinan en promedio entre seis y siete personas diarias. La estadística no ha variado por lo menos en los últimos meses. Según reportes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la cifra de homicidios dolosos, 96 personas han sido privadas de la vida en enero.
Cuerpos desmembrados, calcinados, cabezas cerneadas, restos con narcomensajes y putrefactos, destacan entre los hechos delictivos de la semana.
El viernes 12, un cuerpo sin vida, de entre 20 y 25 años de edad, fue localizado en la colonia Guadalajara. José Enrique Benancio Hernández, de 28 años, murió luego de ser atacado en el establecimiento Equipo de Materiales de Acero, en El Rubí. Ignacio Sánchez Osorio, de 40 años, murió por lesiones por arma de fuego en la colonia Roberto de la Madrid. En estado de putrefacción y en el interior de bolsa de plástico color negro, fue localizado el cadáver de un hombre en Valle de San Pedro.
Para el sábado 13, en el interior de un terreno baldío de la Sección Dorado de Playas de Tijuana, se encontró el cuerpo de Horacio Valle Villa, de 45 años. En la colonia Guadalajara, un sujeto fue agredido con arma punzocortante y, por arma de fuego, en distintos hechos, seis masculinos fueron privados de la vida en las colonias Ejido Francisco Villa, Pedregal de Santa Julia, Aguaje de la Tuna, Fraccionamiento Guadalajara, Independencia y Ejido Maclovio Rojas.
Foto: Cortesía
El domingo 14, en residencial Los Alcatraces, fue ejecutado a balazos un hombre de entre 30 y 35 años. Pedro López Carrión, de 22 años, murió en el Hospital General tras lesiones por arma de fuego que recibió un día antes en la colonia Independencia. Ernesto Aguilar Martínez, de 32 años, fue asesinado a tiros en la colonia El Florido. Dos presuntos responsables fueron detenidos por este hecho. Mientras que Jaime Coronado Guerra, de 44 años, fue atacado a balazos en Nueva Tijuana. Pedro González Vega, de 34 años, fue ultimado por arma de fuego en la colonia Cerro Colorado. Erick Reséndiz, de 28 años, fue acribillado en la colonia México Lindo.
El martes 16, Óscar Ricardo Benítez, de 42 años, murió en el Hospital General luego de haber sido atacado a balazos en la colonia Constitución 1917. Envuelta en una bolsa de plástico negra, fue localizada una cabeza humana de un masculino, de entre 35 y 40 años, en la colonia Residencial Barcelona. A un costado había un narcomensaje con la leyenda “Sigue la limpia contra los ratas, att: CTNG”. En lo alto del cerro en el Ejido Valle de las Palma, fue localizada una osamenta, aún se desconoce el sexo. En Villas del Prado, un varón de entre 20 y 25 años fue asesinado en la vía pública.
El miércoles 17, en Montes Olímpicos ejecutaron a un hombre de entre 30 y 35 años. En Hacienda Las Delicias segunda sección, un desconocido de entre 20 y 25 años fue ultimado a tiros. En la Sánchez Taboada, una mujer de entre 30 y 35 años fue herida de muerte a balazos. Y el cadáver de otra fémina, en estado de putrefacción, fue localizado en el fraccionamiento Natura, sección Arboledas. En la colonia La Sierra, un masculino de entre 30 y 35 años, también fue ejecutado a balazos.
El jueves 18, en un predio baldío en la colonia Lomas de la Presa, fue encontrado un taxi libre con un cadáver en su interior. En la colonia Cañón de las Carretas se halló un cuerpo calcinado envuelto en un colchón; se desconoce el sexo.
Nueve homicidios en Mexicali
En los primeros 18 días del año se han registrado nueve asesinatos, una de esas víctimas mujer, acribillada por múltiples lesiones de arma blanca en abdomen, espalda y cuello. Los últimos cuatro decesos violentos se registraron esta semana, siendo el más dramático el de Brenda, quien fue acuchillada en 20 ocasiones a las afueras de su vivienda de la colonia Esperanza; murió en el hospital y se desconoce información de los responsables, pero vivía con su pareja, quien no se hallaba en casa al momento que llegaron las autoridades.
Luego fue privado de la vida Miguel Ángel Domínguez Millán, de 43 años, quien fue agredido con un picahielos; tenía 26 heridas. En este hecho se presume una riña entre adictos. También se suscitó una balacera al interior de un taller mecánico de la colonia Flores Magón, adonde llegó un individuo que disparó contra las tres personas que se encontraban al interior. Cuando policías hicieron su arribo a la escena del crimen, donde encontraron dos armas de fuego, una de ellas se presume es del agresor. El hoy occiso llevaba por nombre Librado Gurrola Quintero, de 42 años, mientras que los lesionados son Miguel Escamilla Aguilar, de 57 años, y Mario Farías Canchola, de 42. La jornada de crímenes concluyó cuando a las instalaciones de Cruz Roja llegó una persona lesionada por más de 20 heridas provocadas por arma blanca. Fue identificada como Rafael Adrián Esparza Trinidad, de 26 años de edad, quien es velador de un negocio de venta de cocos; murió mientras recibía atención médica.
En Baja California, hasta la fecha, 126 personas han sido asesinadas en 2018; la mayoría en Tijuana.
Ex funcionarios y profesionistas se pronuncian contra Ley de Seguridad Interior
El combate al narcotráfico por parte de las Fuerzas Armadas deja a los soldados en estado de indefensión jurídica, opinó el Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez, ex titular de la Secretaría de Seguridad Publica de Tijuana, ya que no cuentan con la capacitación debida.
Convencido de que el Ejercito no debe entrar a las calles como lo pretende la Ley de Seguridad Interior, el ex funcionario indicó que el adiestramiento de los soldados es para matar eficazmente, por lo que aplicar dichas habilidades al combate a la inseguridad pudiera acarrear responsabilidad penal para estos, sin importar que actúen cumpliendo órdenes. Lo idóneo, complementó, es capacitar a las policías y exigir más de las autoridades civiles.
“¿Quién dio esos conceptos, qué objetivos se pretenden? ¿Cuál es la finalidad última de la Ley?” cuestionó Leyzaola, señalando que el ordenamiento aprobado por el Congreso no responde dichas preguntas, calificando al mismo como un collage lleno de contradicciones.
Ejemplificó que la Ley supone la intervención de las fuerzas federales y el Ejército en las entidades federativas para realizar acciones tendientes a recuperar la estabilidad, tranquilidad y seguridad en dichos territorios, cuya intervención no podrá prolongarse más de un año, excepto que otros artículos refieren, puede extenderse indefinidamente. Además, aunque se trata de tareas de seguridad pública, a la información obtenida con la aplicación de la Ley se le dará tratamiento de reservada, como si se tratara de un tema de seguridad nacional.
Señaló que se justifica la intervención del Ejercito cuando las autoridades civiles se encuentren rebasadas por la inseguridad, afirmando no hay región en el país donde no se dé este supuesto, para concluir que dicha Ley premia la incapacidad y corrupción de las instituciones encargadas del tema en los estados y municipios, dejando la responsabilidad total a las Fuerzas Armadas.
Al respecto, Rafael Cruz Manjarrez, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, declaró que tanto las corporaciones policiales y la procuración de justicia en la totalidad del país han fallado en su tarea de brindar seguridad pública y, de entrar en vigor la Ley de Seguridad Interior, al atribuir al Ejército facultades que no le corresponden, se colapsaría el Estado de Derecho.
Expuso que si bien el Ejército realiza otras tareas, además de la defensa de la soberanía y el territorio, lo hace en forma auxiliar, mientras que el ordenamiento en cuestión pretende responsabilizarlos por completo del combate a la inseguridad.
Es evidente, dijo, que las autoridades de seguridad locales han sido rebasadas en el carácter operativo, esto solo puede deberse a una errónea aplicación de las estrategias, falta de experiencia de los titulares o malas asesorías, lo que queda evidenciado por los resultados entregados, de ahí que “hay que cambiarlos”.
Quienes también se pronunciaron en contra de esta legislación, fueron los ex procuradores de Derechos Humanos en Baja California, José Luis Pérez Canchola y Heriberto García García, al establecer que aunque la exigencia de las Fuerzas Armadas por tener un marco jurídico que regule su actuación en tareas de seguridad pública es muy justa, la Ley entregada por el Congreso contiene conceptos muy ambiguos.
Ambos ex funcionarios coincidieron en que distintas instituciones internacionales en materia de Derechos Humanos se han manifestado en contra de la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, por la insuficiente definición al concepto de seguridad interior, el sometimiento de la autoridad civil, la ausencia de controles a las Fuerzas Armadas, no regulación de uso de la fuerza, indebida protección y garantía a los Derechos Humanos y la facultad de inhibir protestas publicas y movimientos político-electorales.
Pérez Canchola comentó que quien más tiene que perder en la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, ya que una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre dicho ordenamiento, y de no resultar la solución esperada, las propias Fuerzas Armadas, por la alta expectativa a su participación en el combate a la inseguridad, verán fuertemente dañada su imagen y prestigio.
García mencionó que a pesar de ello, la realidad es que el Ejercito ya ha tenido intervención en materia de seguridad pública, lo que ha dado buenos resultados en Baja California, sin embargo, esta Ley implementa el Mando Único a cargo del Ejercito y que ello atenta contra la división de poderes y órdenes de gobierno, agregando que en los artículos transitorios de la Ley, se establece que los costos de emplazamiento de las Fuerzas Armadas correrán a cargo de los municipios. Héctor Ortiz
Señalan a PGJE por omisiones en fosa de Valle de la Trinidad
Por posibles hechos violatorios como “omitir las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y actos contrarios a la inhumación y exhumación de restos humanos”, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) elevó a queja el expediente 12-2018, relacionado con el hallazgo de una fosa clandestina en Valle de la Trinidad, delegación de Ensenada.
Pasaron quince días desde que pobladores visitaron el pozo ubicado en el rancho “Las Chichis”, a diez kilómetros de la delegación, por un camino vecinal totalmente despoblado. Con ayuda de sogas y lámparas, el 31 de diciembre de 2017 uno de ellos ingresó casi 20 metros de profundidad, encontrando una cuarta de pierna que sobresalía entre tierra y concreto.
Foto: Enrique Botello
El lunes 15 de enero de 2018, finalmente extrajeron cuatro cuerpos, dos masculinos y un femenino en avanzado estado de descomposición. Varias familias en la delegación están en espera de los resultados genéticos. Regresaron al sitio donde la fosa quedó abierta.
El terreno donde la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y Bomberos de Ensenada y Tijuana trabajaron de manera intermitente, es propiedad de un ejidatario que murió hace un par de años, mientras que los herederos viven en Estados Unidos. Situación muy común en el municipio, indicaron habitantes.
La presidenta de la CEDH, Melba Adriana Olvera Rodríguez, informó que a partir de los elementos detectados en la extracción de restos humanos, se inició la investigación y brindaron acompañamiento a las víctimas de desaparición.
De igual forma, el organismo certificó el hallazgo de restos humanos expuestos e inició una investigación por la posible violación a la seguridad jurídica que implica certeza legal, “por el procedimiento y posibles omisiones de los servidores públicos encargados de la investigación de la fosa clandestina”.
Olvera no señaló a ninguna autoridad como responsable, eso lo determinará la propia investigación, aunque las primeras solicitudes de información fueron giradas a la PGJE.
De los cinco familiares de desaparecidos que se han entrevistado con la Comisión, ninguno ha solicitado medidas cautelares para garantizar la seguridad.
Recordó que el organismo brinda atención victimológica y orientación jurídica a perjudicados en sus derechos humanos, como también por delito.
De esta manera, dijo, se cubren las funciones que debiera realizar la Comisión Estatal de Atención a Víctimas que deriva de la Ley de Víctimas, misma con la que Baja California no cuenta. La omisión radica en que no existe unidad de atención, fondo de reparación o padrón de víctimas.
En este caso, se aclaró que cuando un familiar tiene una persona desaparecida, en automático se convierte en víctima, pero si además sufre violencia institucional por el maltrato o se le niega información, recibe la denominación de “victimización secundaria”.
Sobre desapariciones, hay 28 expedientes en Baja California, de los cuales 22 son de Tijuana, tres de Ensenada y tres de Mexicali. En estos se señalan principalmente violaciones de derecho a la seguridad jurídica y por no brindar información sobre los procedimientos.
