A un año de consumada la extradición del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera a Estados Unidos, sus abogados pelean en México la entrega que se hizo a una Corte federal diversa para ser enjuiciado por delitos diferentes a los planteados. En juicio de amparo, la Secretaría de Relaciones Exteriores se vio obligada a entregar al juez documentación confidencial que la Embajada de EU prohibió fuese compartida. Ahora la defensa de Guzmán impugnará para que le sea permitido el acceso a la información que se guarda en el sigilo del Juzgado en Ciudad de México
Mientras que en Estados Unidos la Corte del Distrito Este de Nueva York aplazó el comienzo del juicio hasta septiembre próximo, en México la batalla legal del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán no ha terminado y, en un Juzgado de Distrito, se entabla un juicio de amparo que podría friccionar las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Abogados de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera interpusieron una demanda de amparo en contra del acuerdo de fecha 19 de enero de 2017 por el que el gobierno mexicano otorgó su consentimiento para que el sinaloense fuese entregado a la Unión Americana ante una Corte diferente y por delitos diversos a los que se concedió la extradición, invocando la denominada “excepción a la regla de especialidad”.
Como se recordará, la cancillería mexicana declaró procedente la extradición del “Chapo” Guzmán en dos procedimientos jurídicos resueltos el 20 de mayo de 2016, para que el líder del Cártel de Sinaloa fuese juzgado por delitos varios ante una Corte Federal de Texas y otra en el Estado de California. El mexicano interpuso sendos juicios de amparo y la revisión de los mismos, protección que le fue denegada.
El nuevo juicio de garantías fue promovido por la defensa de Guzmán el 3 de marzo de 2017, una vez consumado el encarcelamiento de su cliente en el Centro Metropolitano de Detenciones con sede en Manhattan, Nueva York.
Al responder su informe justificado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció como cierto el acto reclamado, pues otorgó su consentimiento para que el narcotraficante fuese enjuiciado por cargos diferentes por los que se concedió su extradición, aplicando la “excepción a la regla de especialidad”, prevista en el Artículo 17 punto 1, inciso c, del tratado de extradición celebrado entre Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos.
Para resolver el asunto planteado por los abogados de Joaquín Guzmán, el juez de amparo solicitó a la cancillería mexicana remitir la totalidad de la documentación que obra en los dos procedimientos de extradición. La respuesta de la SRE a principios de septiembre fue en sentido negativo, bajo el argumento que “se encuentra impedida” para proporcionar dichos documentos por lo dispuesto en el Artículo 24 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
El juzgador nuevamente solicitó las constancias, afirmando que era con la finalidad de analizar el acto reclamado tal y como aparece probado ante la autoridad responsable, como lo establece la Ley de Amparo. Inconforme con la determinación, el director jurídico contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE interpuso un recurso de queja, admitido el 10 de octubre último en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en Ciudad de México.
Los agravios formulados por la cancillería refieren que en nota diplomática suscrita el 3 de mayo de 2017 por la titular de la Embajada norteamericana en México, se advierte “la prohibición expresa por parte del Gobierno Estadounidense para entregar la documentación requerida”, lo que conllevaría a incumplir con los compromisos que el gobierno mexicano ha pactado en los diversos instrumentos internacionales, concretamente en cuanto se refiere a la confidencialidad de las documentales.
La dependencia agregó que de hacerse pública esa información podría generarse un daño a los titulares de los datos que ahí aparecen, tanto personas físicas como autoridades extranjeras. A pesar del planteamiento, el juzgador indicó que la solicitud de las constancias “en modo alguno trae aparejado el hecho de que se vulnere la confidencialidad de los archivos o documentos de la misión diplomática a que hace referencia, en tanto la obtención de dicha información no tiene la intención de hacerla pública, por el contrario, es con la única finalidad de analizar el acto reclamado tal y como aparece probado ante la autoridad responsable, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo”.
Antes de concluir 2017, magistrados del Tribunal Colegiado resolvieron que la queja de la SRE es infundada y le asiste la razón al juez porque la Ley exige todas las pruebas para resolver el juicio de amparo, por lo tanto, deben entregarse todos los documentos que obren en los dos procedimientos de extradición.
Al regresar el expediente al Juzgado de Amparo, el titular volvió a requerir los documentos a la cancillería, que todavía hizo un intento por no enviar lo solicitado, pero el juez apercibió a la autoridad renuente de que incurriría en desacato e incluso con la destitución e inhabilitación de funcionarios. Finalmente, Relaciones Exteriores dobló las manos y al iniciar 2018 entregó los voluminosos legajos de papeles.
El juzgador acordó “a fin de preservar la confidencialidad de dichas constancias, no se dejan a la vista de las partes” y se ordenó se resguarden en el sigilo de dicho tribunal. Tanto a los abogados de Joaquín Guzmán, como al Ministerio Público federal, que ya habían solicitado copias de todo lo actuado en el juicio de amparo, el juez determinó autorizarlas “con excepción de las constancias remitidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, toda vez que como se dijo en párrafos que anteceden, existe la limitante de la confidencialidad”.
Este último acuerdo no cayó bien a los defensores del “Chapo”, quienes planean impugnar la medida de que no conozcan los documentos. “Sería como tratar de combatir el acto reclamado sin conocerlo”, señaló Refugio Núñez Gómez, abogado y representante legal del imputado en México.
El acto consumado de la extradición del narcotraficante es irreversible. Quizá podría conseguirse que se reconozca la violación de derechos fundamentales que alega su equipo legal y agotar toda instancia judicial en el país, para entonces acudir ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obtener una recomendación contra el Estado mexicano.
Por el momento se desconoce si con la entrega de la documentación confidencial por parte de la SRE al Juzgado, el gobierno mexicano incurrió en alguna violación en la relación bilateral con el vecino país del norte.
