En el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, lo que impera no es el ejercicio de la política en un ambiente de pluralidad, democracia y tolerancia; lo que realmente distingue a esta administración es el autoritarismo, hacer la voluntad de quien ejerce el poder sin consensos, atacando a la oposición, castigando al que piense distinto o se oponga, en este caso, a la intención del mandatario.
Vaya el ejemplo más reciente:
El 1 de diciembre de 2017, después de estar aplazando abordar el tema en la Cámara de Diputados local, con un albazo orquestado desde el Gobierno del Estado y teniendo como ejecutor principal al impuesto presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Raúl Castañeda Pomposo, con apenas minutos de antelación, se citó a los legisladores para votar el Dictamen 95.
Muchos diputados estaban fuera del recinto legislativo, otros fuera de Mexicali y unos incluso no se encontraban en el Estado. Otros más en sus hogares. Obviamente como buen madruguete, el convocante aseguró que entre sus aliados y sometidos de partido, sumarían la cifra necesaria para validar la votación.
El Dictamen 95 endeudó al Estado de Baja California por más de 7 mil millones de pesos durante los próximos 37 años para la construcción de infraestructura hidráulica -desalinizador- que, aparte de onerosa, resulta innecesaria en comparación con la obra que se puede realizar a mucho menor costo.
Sin embargo, era un capricho del gobernador y un negocio para un grupo de poder, un multimillonario negocio. Y a la par que ciudadanía, grupos organizados, sociedad civil y la muy reducida oposición, se levantaron para no aprobar el ventajoso proyecto de Asociaciones Público Privadas, el titular del Ejecutivo estatal comenzó a tejer una red de intereses en el Poder Legislativo, incluidos los recursos económicos y otras dádivas, para asegurar que su dictamen fuera aprobado.
Como una y otra vez ciudadanos tomaban el Congreso o amenazaban con ello, decidieron dar el madruguete. Y así sucedió. El dictamen fue aprobado por los incondicionales del gobernador. Únicamente un panista no votó a favor del mega endeudamiento: Miguel Antonio Osuna Millán.
El diputado Millán, como lo hicieron otros de la oposición, realizó estudios, escuchó a expertos, entrevistó a especialistas, atendió a inconformes, se entrevistó con el secretario de Desarrollo Urbano, con el de Finanzas e incluso con el de Desarrollo Económico, con todos ellos antes de tomar la decisión sobre la intención de su voto.
Recordemos que los diputados son electos por ciudadanos inmersos en distritos, y una de sus obligaciones es representar al pueblo, debatir y votar leyes, iniciativas y dictámenes que beneficien a la población en general.
En ese sentido, el voto del diputado Osuna fue contra el endeudamiento. Hecho que, es evidente, molestó al gobernador y sus huestes, pues el “castigo” ha llegado.
El 10 de enero de 2018, José Luis Ovando Patrón, dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Baja California, inició un procedimiento de sanción contra Osuna Millán, ¡por haber votado contra el Dictamen 95! Vaya, la conciencia se castiga, la diferencia se fustiga.
Lo amonestarán porque dicen que el 30 de noviembre de 2017 el grupo panista “acordó votar en sentido positivo el Dictamen 95”. Obvio no dan fundamentos de por qué se debía votar en positivo, solo que ese fue el acuerdo y punto. Sin considerar a los electores de cada uno de los diputados, ni la conciencia, ni los estudios. Ni otras razones.
Aparte lo amonestarán por haber firmado, junto con otros diputados el día 3 de enero de 2018, la demanda de acción de inconstitucionalidad para impugnar la aprobación del Dictamen 95 e intentar dar marcha atrás al endeudamiento. Acusan que las acciones de Miguel Antonio Osuna Millán “son violatorias de los estatutos generales del PAN y su reglamentación”. O sea, por pensar distinto y actuar en consecuencia.
Ya para que no quede, han citado para el martes 16 de enero al diputado Osuna a que “comparezca” ante la dirigencia estatal, no ante los electores que lo llevaron en su representación al Congreso del Estado.
Eso, señores y señoras, es el castigo que el PAN y el gobierno de Vega imponen a quienes, desde su propio partido, osan pensar distinto. Ese es el autoritarismo que se vive en Baja California.
Los negocios que desde la administración estatal se han iniciado a partir de las APP, concesiones, otorgamiento de obra y que resultan en el endeudamiento del Estado, deben ser validadas por todos los panistas, de lo contrario, serán amonestados, y en una de esas, hasta expulsados del partido.
A Miguel Osuna no le quita el sueño la amonestación, especialmente cuando se la impondrán por haber votado contra un robo al erario bajacaliforniano, y a favor del interés general de una población cada vez más harta de las transas, las opacidades y los intereses externos de este gobierno autoritario.
