Luego de que ayer domingo, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, afirmó que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua fue la que solicitó el traslado del ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), Número 9, en Ciudad Juárez, el gobernador Javier Corral Jurado dijo este lunes que esto es verdad, pero, “con dos condiciones”, porque es “una trampa”.
“Nosotros estamos dispuestos a todo, incluso el Gobierno de la República nos planteó la posibilidad de cambiarlo de Cereso, de un Cereso estatal a un Cereso federal, y nosotros dijimos sí, estaríamos incluso dispuestos a eso”, aseveró Corral Jurado en conferencia de prensa en Aguascalientes, a donde llegó la “Caravana por la Dignidad Unidos con Valor contra la Corrupción”
“Incluso la Fiscalía General del Estado se encaminó a hacer trámites para demostrar que podríamos hacerlo […] Pero pusimos dos condiciones. Una: no queremos que luego nos salgan con que lo van a traer a la Ciudad de México, se van a llevar al detenido, cuando debe estar a disposición del juez de la causa local, y la otra, tienen que declinar la carpeta de investigación sobre tortura para enviársela a la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué? Porque no tienen competencia en este caso”, abundó el gobernador de Chihuahua.
Corral Jurado señaló que debido a la preocupación que tiene el Gobierno de Enrique Peña Nieto por el caso de la triangulación de recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacia la entonces administración del ex gobernador César Horacio Duarte Jaquéz y luego hacia el PRI nacional, presunto delito por el que Gutiérrez Gutiérrez está preso en Chihuahua, en la Procuraduría General de la República crearon la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura (FEIDT).
“Hicieron rápidamente un acuerdo, para crear una Fiscalía, fechado el 19 de enero, se publicó antier en el Diario Oficial de la Federación, y ya empezó a tener vigencia desde ayer. Están llegando a cosas muy delicadas, muy desaseadas”, denunció Corral Jurado.
Algunos reporteros le indicaron a Corral Jurado que había declarado que la PGR quería trasladar a Gutiérrez Gutiérrez para tenerlo bajo su control y después el Comisionado Nacional de Seguridad, Sales Heredia, dio a conocer que había sido la Fiscalía General de Chihuahua la dependencia que había pedido que cambiaran al también ex senador priista.
“Pero ya el Fiscal [César Peniche Espejel] ya salió con toda claridad, y ayer yo también, a señalar con toda claridad en qué dimensión se dio ese oficio. Porque tenemos dos condiciones para que se pudiera generar o no ese traslado. Lo acabo de decir: declinar la investigación de la PGR y que la FEPADE [Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales] claramente señalara que no iba a atraer el caso”, respondió Corral Jurado.
“Porque estaba urdiéndose una trampa en realidad y ¿sabe qué estaba sucediendo? Afortunadamente el abogado [Antonio] Collado [Mocelo, defensor de Gutiérrez Gutiérrez] nos alertó, dio por hecho el traslado y dijo que era fruto de que se habían probado las torturas, estaban en combinación el abogado y la PGR, el abogado y la Comisión Nacional de Seguridad, actuando juntos en ese caso”, abundó el gobernador de Chihuahua.
“Cuando me entero de que había ese movimiento, inmediatamente paré la posibilidad de cualquier traslado. Serán los tribunales, los que digan si se traslada o no a otro Cereso y en qué condiciones”, finalizó Corral Jurado, sobre la supuesta petición que hizo la Fiscalía de Chihuahua a la CNS, “por considerar que el detenido puede poner en riesgo la gobernabilidad del centro penitenciario donde se encuentra”, que es el Centro de Readaptación Social (Cereso) estatal, No. 1, en Aquiles Serdán, Chihuahua.
LOS DICHOS DE RENATO SALES HEREDIA
“El traslado fue solicitado por el Fiscal del Estado de Chihuahua, el 26 de enero de este año […] El Fiscal Jesús Flores Carrete, Fiscal de Ejecución de Penas del Estado, da paso a lo que se conoce como anuencia de cupo en el penal federal, se autoriza el ingreso, y hasta el momento no ha procedido el traslado”, afirmó ayer domingo el titular de la CNS, Renato Sales.
“Hay que señalar en primer término que es el Estado de Chihuahua, las autoridades del Estado de Chihuahua, quienes solicitan el traslado a un penal federal, otros temas [como el de la supuesta tortura a Gutiérrez Gutiérrez por parte de elementos de la Fiscalía estatal] habrá que revisarlos desde otra perspectiva”, agregó Sales Heredia.
El Comisionado incluso mostró el Oficio FEEPyMJ/017/2018, en el Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de Chihuahua, solicita al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la CNS, que Gutiérrez Gutiérrez sea ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), Número 9, en Ciudad Juárez,
Entre los supuestos argumentos del Fiscal de Chihuahua, están que Gutiérrez Gutiérrez “tiene un índice de peligrosidad alto, su perfil criminológico es de tipo contaminante, lo que pone en riesgo la seguridad y gobernabilidad” del Centro de Readaptación Social (Cereso) estatal, No. 1, en Aquiles Serdán, donde se encuentra en la actualidad.
“La presente solicitud se hace en relación a la información contenida dentro de los dictámenes de los especialistas técnicos de esta institución, de los cuales se desprende que la persona cuenta con un índice de estado peligroso alto”, señaló el Fiscal de Chihuahua en su oficio.
“El personal especializado concluye que la persona representa un alto riesgo institucional, en relación al poder adquisitivo con el que cuenta, y con ello pudiera manipular a la demás población, por lo que sin duda pone en riesgo la seguridad y gobernabilidad del Centro Estatal”, indicó Peniche Espejel.
Sales abundó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares por lo que hace a la denuncia formulada por la defensa de Gutiérrez, específicamente por el delito de tortura, que se persigue de oficio, por lo que, subrayó, habrá que proceder a su investigación.
El sábado 27 de enero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que solicitó al Gobierno del estado de Chihuahua, implementar medidas de protección a favor de Gutiérrez, ante las probables violaciones cometidas en su agravio por servidores públicos del Centro de Readaptación Social (Cereso) estatal, No. 1, en Aquiles Serdán, Chihuahua.
Collado Mocedo denunció que se está cometiendo un acto de tortura sistemático contra su cliente, una “tortura psicológica” al privarle de sus derechos, restringiéndole las visitas de sus familiares y prohibiendo el acceso al equipo legal.
Además, que el litigante aseguró que elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua han presionado a Gutiérrez Gutiérrez para que acceda a ser testigo protegido, y denuncie al ex titular de la SHCP, Luis Videgaray Caso, así como al ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera.
Le han dicho “que ya coopere, que mencione que Beltrones y Videgaray fueron los que organizaron todo [presunto desvío de recursos], que si no lo hace lo van a tener ahí guardado por años, que piense en su familia, ya que lo pueden mandar al área de población general donde se encuentran personas muy peligrosas de diferentes bandas delictivas”.
Antes, el viernes 26, la PGR anunció la creación de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura (FEIDT), que sustituirá a la Unidad Especializada que funcionaba desde el 2015 para perseguir este delito a nivel federal.
El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, publicó ese mismo día, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo de creación del nuevo organismo, el cual estará adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
La Fiscalía empezó a funcionar a partir de ayer sábado, en relevo de la Unidad Especial en Investigación del Delito de Tortura (UEIDT), creada el 27 de octubre de 2015. La constitución de la nueva área investigadora responde a las obligaciones previstas en el Artículo 55 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El apartado señala que las Procuradurías deberán crear Fiscalías Especiales con plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución dichos delitos, con agentes del Ministerio Público, policías, servicios periciales y técnicos especializados.
Según el acuerdo suscrito por el encargado de despacho de la PGR, el titular de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura (UEIDT) permanecerá como titular de la FEIDT, hasta en tanto la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia establezca el perfil que deberá cubrir para ser titular de la Fiscalía, en cuyo caso se evaluará su continuidad en el cargo.
Al mismo tiempo, las investigaciones por tortura que se hayan iniciado en la UEIDT y la Visitaduría General de la PGR deberán ser remitidas a la nueva Fiscalía en un plazo de 120 veinte días, previa validación de la información que señale que existen indicios mínimos para investigar este delito, señala el documento.
Ante ello, Corral Jurado denunció ayer domingo, que la PGR quiere atraer el caso de Gutiérrez Gutiérrez por la supuesta tortura que han venido cometiendo contra el ex secretario general adjunto del PRI, tal como lo ha venido denunciando su abogado, Collado Mocelo.
LAS DENUNCIAS DE CORRAL JURADO
El gobernador de Chihuahua denunció que el Gobierno de Enrique Peña Nieto pretende cambiar a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), Número 9, en Ciudad Juárez, “para así ponerlo en libertad condicional”.
“[…] advierto de la treta que el Gob. Federal @PGR_mx ha puesto en marcha para tratar de poner en libertad condicional a Alejandro Gutiérrez Gtz. 1.- Cambiarlo a un penal federal para tenerlo bajo su control; 2.- Luego atraer caso “por tortura”, con nueva Fiscalía”, denunció Corral Jurado en su cuenta de la red social Twitter.
Gutiérrez Gutiérrez fue detenido en Saltillo, Coahuila, el 20 de diciembre del año pasado. Se encuentra recluido por dos procesos penales de presunto peculado agravado, uno por 250 millones de pesos, 246 de los cuales se triangularon, supuestamente, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacia la administración del ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez.
Todo ello a través de empresas fantasma, y después entregados al PRI para las campañas estatales del 2016, en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. Por esta investigación, Gutiérrez Gutiérrez recibió seis meses de prisión preventiva. Mientras que el segundo proceso es porque una empresa propiedad del también ex senador, supuestamente recibió un millón 740 mil por servicios que nunca prestó, por lo que se le dictó la medida cautelar de un año de prisión preventiva.
El diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje en el que afirmó que Gutiérrez Gutiérrez era un “aliado” del presidente Enrique Peña Nieto. Además, citó documentos a los que tuvo amplio acceso en los que se vincula a Manlio Fabio Beltrones Rivera, ex presidente nacional priista, como la cabeza de un amplio plan para saquear el dinero público y destinarlo a las campañas estatales del PRI en 2016.
Por ello, el gobernador Javier Corral Jurado acusó de forma directa al Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto, de una represión contra su estado, por las investigaciones que lleva a cabo sobre probables delitos de corrupción del ex mandatario estatal, César Horacio Duarte Jáquez, y de posible desvío de recursos al PRI.
El gobernador chihuahuense acusó que el Gobierno de Peña Nieto no quiere detener a César Duarte, pero si detiene los recursos para el estado, ya que hay “una evidente intención” de “estrangular” a Chihuahua, además de que se está utilizando a la SHCP, como “instrumento de control político” contra los mandatarios estatales que investigan hechos de corrupción.
Corral Jurado narró que el pasado 4 de enero sostuvo una reunión con el titular de la SHCP, José Antonio González Anaya, y con otros altos funcionarios de Hacienda Federal, y que en ella se le comunicó que no le serían depositados 900 millones de pesos de participaciones federales que le corresponden a Chihuahua.
“Nos deben 900 millones de pesos, 700 del convenio firmado el 4 de diciembre para el saneamiento financiero, más 120 del programa de saneamiento financiero para enero, más 80 de otros tres convenios”, afirmó Corral Jurado.
El pasado 20 de enero, el gobernador inició junto a ciudadanos y líderes políticos de Chihuahua, una marcha, de la fronteriza Ciudad Juárez, a la Ciudad de México, que denominó: “Caravana por la Dignidad Unidos con Valor contra la Corrupción”, y que tiene como objetivo central, combatir la corrupción y el pacto de impunidad que “han detenido el desarrollo social y económico de México”.
