Un presupuesto superior a la mitad del otorgado en 2017, el cual fue de 42 millones de pesos, es el que espera la Comisión Estatal de Derechos Humanos que le sea aprobado por el Congreso del Estado, recursos necesarios para sostener el funcionamiento de la nueva visitaduría e implementar programas de observación de derechos humanos, expuso Melba Olvera, presidenta de la CEDHBC.
La Quinta Visitaduría de CEDH tiene como propósito atender las quejas presentadas por migrantes, periodistas, personas en situación de calle, defensores de derechos humanos y personas pertenecientes a comunidades indígenas, contando con abogados especialistas en la defensa de estos grupos; comentó Olvera, señalando además que se creó una unidad de servicios periciales para aportar pruebas con rigor científico a las investigaciones de la dependencia.
Además de la próxima creación de un Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres, Olvera afirmó que las investigaciones y recomendaciones derivadas de toda queja interpuesta por mujeres, se realizan con perspectiva de género; mientras que el mismo esfuerzo se llevará a cabo en favor de menores de edad y de personas con discapacidad, pretendiendo incluso, un diagnóstico sobre la situación en las casas hogar de la entidad, siendo el enfoque, la promoción y prevención de violaciones a los derechos humanos.
Para el funcionamiento de la nueva visitaduría y los programas específicos para población vulnerable, la funcionaria señaló a ZETA que se pedirá al Congreso del Estado un presupuesto de egresos por 62 millones de pesos para el año 2018.
La labor realizada por la Comisión ha permitido visibilizar las violaciones a derechos humanos contra grupos vulnerables, lo que ha quedado de manifiesto con el incremento de quejas presentadas por mujeres, personas en contexto de migración, comunidad LGBTI, personas en situación de calle y personas con discapacidad, siendo éste el grupo que más ha crecido, pasando de cinco expedientes en 2015, a 54 en 2016, y 98 en 2017, señaló Olvera.
El 29 de diciembre, la CEDH recabó dos mil 567 quejas por violaciones a derechos humanos, por lo que se superaron las dos mil 305 quejas presentadas durante 2016 y de las cuales, el 70 por ciento se resolvieron satisfactoriamente o se remitieron a la autoridad competente.
De éstas, la mayor parte corresponde a Tijuana, concentrando mil 455 quejas, seguido de Tecate, con 404; 388 en Mexicali; 276 en Ensenada; y Playas de Rosarito, con 34. De los cinco municipios, Tijuana y Tecate presentaron incrementos en las quejas recabadas respecto a 2016, periodo en que tuvieron mil 177 y 151, respectivamente.
Los derechos a la seguridad jurídica, protección a la salud, trato digno e igualdad, fueron los derechos más violentados durante 2017, mereciendo especial atención a la protección a la salud, ya que estas quejas derivan del Sistema Penitenciario de Baja California, principalmente.
Las autoridades que encabezan los señalamientos por violaciones a derechos humanos son la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), con mil 003 quejas; la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con 222, la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, con 204; y el Sistema Educativo Estatal (SEE), con 194.
En 2017 fueron 18 las recomendaciones emitidas por la CEDH -tres de ellas con carácter general-, de las cuales, tres corresponden a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Tijuana; tres a la Secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS); dos para la Secretaría General de Gobierno del Estado; dos para la Secretaría de Salud del Estado; y dos para el Presidente Municipal de Tijuana; entre otras autoridades señaladas como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y los Presidente Municipales de Mexicali y Ensenada.
“La población muchas veces asume que las personas que son defendidas por esta comisión son personas que cometieron un delito, y quiero aclarar, de las recomendaciones que emitimos, cuatro son por la defensa de niños, niñas y adolescentes que no cometieron ningún delito; tres son por temas de mujeres; una es por una personas adulta mayor; y una es de personas de la comunidad LGBTI. Son personas en situaciones de vulnerabilidad y la Comisión se pronuncia por personas, independientemente de sus condiciones”, señaló.
Cuestionada sobre si se percibe una mejora o avance por parte de las autoridades estatales y municipales en el respeto a los derechos humanos, declaró que la capacitación de funcionarios y servidores públicos en este tema ha desinhibido y prevenido violaciones, principalmente en el actuar de las corporaciones policiacas.
