Mal funcionamiento respecto al organismo y actos de corrupción y usurpación de funciones por parte de algunos de sus miembros, así como la venta de credenciales, son algunas de las irregularidades planteadas a la Sindicatura Procuradora del XXII Ayuntamiento y que en lo general, incumplen con el Reglamento Interno del Comité Ciudadano de Seguridad, el cual preside Genaro de la Torre Quintanar.
Las anomalías fueron expuestas por Javier Alcaraz, quién se ostenta como consejero del citado Comité, a través de las quejas con número de averiguación 246 y 265 y de las cuales, sostuvo, Genaro de la Torre tiene conocimiento “y no ha hecho nada por impedirlas”.
Entre las irregularidades expuestas por Alcaraz, figura la falta de consejeros, la no renovación de la mesa directiva, el no seguimiento a las acciones planteadas en las comisiones y la no presentación de los informes correspondientes, así como la venta de credenciales del Comité y el acceso de personas ajenas a las oficinas del mismo.
Precisó que el buen funcionamiento del Comité está a cargo de su secretario técnico, Giovanni Adame, quien además devenga un sueldo a cargo del Ayuntamiento sin realizar debidamente su encargo.
Al vicepresidente del Comité, David Solís Jusaino, lo acusa de venta de credenciales, tráfico de influencias (el uso de su cargo en el trato de sus conocidos con policías y jueces municipales) y de ostentarse como juez municipal durante las ausencias de estos, aprovechando que la oficina del órgano se encuentra a un lado de las oficinas de los juzgadores en la Comandancia Margarito Saldaña.
Respecto a este señalamiento, agregó que Javier Solís Jusaino, policía Municipal y hermano del vicepresidente del Comité, cuenta con la llave de las oficinas del mismo y que dentro de éstas encontró preboletas de remisión, de uso exclusivo de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal.
En las quejas solicita tanto se realice una auditoría interna al funcionamiento del Comité, como la aplicación de las sanciones que correspondan a los señalados, a quienes afirma que pueden aplicarse las sanciones administrativas contenidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California, al puntualizar el Artículo 91 de dicho ordenamiento, que las mismas son aplicables “en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Publica o Estatal Municipal”.
De la Torre, Solís Jusaino y Adame se presentaron en las oficinas de ZETA para dar contestación a las acusaciones de Alcaraz, reconociendo en primer término que, efectivamente se está trabajando sin consejeros completos, ya que en la pasada contienda electoral perdieron a varios de ellos por la campaña, no habiendo sido posible hasta la fecha suplirlos, puesto que hay requisitos que estos deben cumplir. Señalaron que ello no representa impedimento para que el Comité continúe trabajando.
Adame afirmó que tras revisar las actas del Comité, pudo cerciorarse de que Alcaraz, aunque participa en el Comité, nunca ha tenido la calidad de consejero y que, con este conocimiento, se le pidió a éste que dejara de ostentarse como tal en repetidas ocasiones, siendo que éste se mandó a hacer una credencial con todo y la firma electrónica de De la Torre- y camisetas con el logo del organismo.
Acreditaron que en varias ocasiones tuvieron noticia de que Alcaraz utilizaba dicha condición apócrifa para beneficio propio, señalando por ejemplo, el no ser molestado en el puesto de tacos de su propiedad, así como para evadir sanciones por faltas administrativas propias o de personas ajenas, entre otras acciones.
Solís Jusaino comentó que fue él quien informó a Alcaraz que, por “conductas impropias”, ya no sería admitido en las actividades del Comité, ni siquiera en calidad de invitado, incluso distribuyéndose una circular a varias dependencias para deslindarse de él, por lo que piensa, esta represalia se concentra principalmente en su persona. Negó todas las acusaciones en su contra.
Tanto Alcaraz, como los integrantes señalados del Comité, afirmaron haber planteado esta controversia al Presidente del Comité Estatal, Juan Manuel Hernández Niebla, puntualizando el denunciante que en confidencia, éste le confirmó que el comité de Tijuana “era un desmadre” y que vería, que podía hacerse en lo económico, mientras que los señalados comentaron que Hernández Niebla les contó que Alcaraz lo amenazó que de no intervenir y “cortar cabezas”, acudiría a los medios de comunicación.
El aludido manifestó a este Semanario que atendió a Alcaraz, a quien dijo no conocer personalmente y que no tiene carácter de consejero, negando haberle expresado una opinión sobre el desempeño del Comité en el sentido que éste señala. Comentó asimismo que no consideró que las acusaciones realizadas por el denunciante contarán con los medios probatorios suficientes para tomarlos en cuenta.
Además aclaró que no cuenta con control sobre los comités municipales, al ser estos autónomos; mientras que, sobre Genaro de la Torre, expresó: “lo considero honrado y probo”. Confirmó además que Alcaraz le hizo saber de su intención de hacer del conocimiento público los señalamientos.
Por su parte, la Sindicatura Procuradora anotó que los expedientes de ambas quejas continúan integrándose, añadiendo que se han girado citatorios al denunciante y a los testigos señalados en el escrito sin que estos se hayan presentado a las entrevistas, por lo que las mismas no han podido determinarse.
