Entrega de documentos confidenciales de la Cancillería a un juez podría crear conflicto diplomático
La batalla legal del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera en México no ha terminado y en un Juzgado de Distrito en la capital del país se analiza la posible violación de sus derechos humanos al haber sido entregado a los Estados Unidos de América para que sea juzgado por cargos diversos a los que motivaron su extradición, caso que podría escalar a conflicto diplomático por la entrega de documentos considerados como confidenciales por la Embajada norteamericana.
Este viernes 19 de enero se cumplen diecisiete años de que el ex líder del Cártel de Sinaloa Joaquín se fugó por primera ocasión de un penal de máxima seguridad en México y también se conmemora un año de que fue extraditado a los Estados Unidos de América.
Mientras que por el primero de los hechos, junto con otros nueve procesos penales, no ha sido sentenciado, por lo que ve a su entrega a la autoridad estadounidense Guzmán mantiene trabajando a sus abogados en la Ciudad de México.
Ellos reclaman ante un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal que ilegalmente el gobierno mexicano validó la excepción a lo que el Tratado de Extradición entre ambos países llama “regla de especialidad” y que a la letra dice: “Una persona extraditada conforme al presente Tratado no será detenida, enjuiciada o sancionada en el territorio de la Parte requirente por un delito distinto de aquel por el cual se concedió la extradición ni será extraditada por dicha Parte a un tercer Estado”.
Sin embargo, la excepción refiere que si el país requerido da su consentimiento, entonces puede ser posible detener, juzgar y sancionar al extraditado por un delito diverso al o los originalmente planteados.
Para el estudio del acto reclamado, el juzgador obligó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a entregar toda la documentación que obra en los procedimientos de extradición promovidos por Estados Unidos para llevar al “Chapo” Guzmán ante las Cortes federales de Texas y California, y donde se planteó la excepción de la “regla de especialidad” para finalmente llevar al imputado ante una Corte de Nueva York.
La Cancillería opuso resistencia a entregar las constancias al asegurar que estaba impedida para hacerlo, pues, al enterarse del juicio de amparo, en nota diplomática suscrita el 3 de mayo de 2017, la Embajadora norteamericana en México manifestó “la prohibición expresa por parte del Gobierno Estadounidense para entregar la documentación requerida”, lo que conllevaría a incumplir con los compromisos que el gobierno mexicano ha pactado en los diversos instrumentos internacionales (artículo 24 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas).
El asunto llegó en queja de Relaciones Exteriores hasta un Tribunal Colegiado en Materia Penal, pero los magistrados declararon infundado el recurso, ya que la Ley de Amparo establece que para resolver el juicio de amparo se debe analizar el acto reclamado tal y como aparece probado ante la autoridad responsable”, independientemente de la confidencialidad a la que se comprometió ésta última.
Bajo el apercibimiento de continuar con la rebeldía habría sanciones y hasta destitución de los funcionarios responsables, la Cancillería entregó la documentación a inicios de este mes, desconociéndose por el momento si este hecho afectará la relación diplomática. Por ahora, se conoce, que las constancias están muy resguardadas y no se pondrán al alcance de las partes, lo que ha despertado el disgusto de la defensa de Joaquín Guzmán.
El juicio de amparo para determinar si hubo violación de derechos fundamentales en la extradición del capo sinaloense continúa.
