49 agresiones a periodistas en Puebla

Durante 2017 se registraron al menos 49 casos de agresión en contra de periodistas en el estado de Puebla, que van desde amenazas de muerte y agresiones físicas hasta situaciones que obligaron al desplazamiento de comunicadores y sus familias, reveló el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, con sede en la entidad poblana.

Al rendir su informe anual, el organismo de la sociedad civil expuso que es evidente la falta de respeto a la actividad periodística y la inobservancia de la ley por parte de las autoridades locales para salvaguardar la seguridad de los comunicadores, que fueron acosados a causa de su trabajo informativo, colocando al estado de Puebla como una de las entidades de mayor riesgo para el ejercicio periodístico en todo el país.

De los 49 casos en los que intervino el colectivo se conoció que 40 de las víctimas son del sexo masculino y nueve del sexo femenino. Cuatro grupos de agresores ejecutaron las agresiones: agentes estatales, crimen organizado, particulares y desconocidos, aunque investigaciones de campo de la agrupación estableció que la mayoría de los hechos fueron perpetrados por particulares.

• Los agresores

A diferencia de otras entidades del país, que se distinguen por ataques a la libertad de expresión, en el estado de Puebla el número de atentados provenientes de grupos identificados con el crimen organizado, apenas representó el tercer nivel de riesgo, “pues por encima de estos se ubican las agresiones realizadas por agentes estatales, en donde se incluyen alcaldes, funcionarios públicos, policías municipales y mandos policiales del estado y de los municipios”.

La atención directa del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos documentó que 17 de los atentados contra comunicadores fueron cometidos por particulares, 14 por agentes estatales, 11 por el crimen organizado y siete por personas desconocidas, las que actuaron bajo el anonimato con amenazas de muerte vía telefónica, principalmente.

En el 76.4 por ciento de las veces se abrieron carpetas de investigaciones sobre los hechos, en 12.24 por ciento de los casos no se abrió ningún tipo de investigación, 8.1 por ciento de los casos fueron asumidos por la federación sin conocerse si se abrió o no carpeta de investigación, y en 6.1 por ciento de los hechos no fueron denunciados por temor de las víctimas a mayores represalias.

• Otras agresiones

A los periodistas o comunicadores agredidos se suma el caso de un voceador, que también resultó afectado por el clima de violencia, pues fue secuestrado. El colectivo denunció que el gremio de los voceadores tiene que encarar condiciones adversas para poder realizar su labor, ya que en algunos municipios poblanos tienen que pagar cuota a las autoridades municipales, policías y particulares, para vender los periódicos.

También un medio de comunicación, una radio comunitaria, fue sacada de la frecuencia obligándola a dejar de transmitir al aire.

La indiferencia u omisión de las autoridades locales motivó que el Colectivo recurriera a la intervención de instancias federales “en donde se tuvo, si no una eficiente respuesta, al menos sí una recepción inmediata de los casos que atentaron contra la libertad de expresión en el estado”.

El colectivo recordó que existen investigaciones en el rezago y que se han llevado de forma irregular como la del asesinato del periodista Aurelio Cabrera Campos ocurrido en 2015 o la criminalización de otros comunicadores del círculo inmediato de la víctima, quienes eran críticos del sistema y fueron señalados como sospechosos del homicidio del primero, sin un sustento jurídico y pericial.

Casos como el anterior o el encarcelamiento de periodistas durante la administración del ex gobernador Mario Marín (2005-2011) ha dado paso a la creación de zonas de silencio, en las que los comunicadores “ante el temor de las amenazas, la persecución y la intimidación, optan por ejercer un periodismo alejado de las causas sociales y la denuncia”. Estas zonas vedadas para la libertad de expresión van en aumento en el estado de Puebla y se agudizan en detrimento para la comunidad en general, la que deja de tener información relevante en la prensa local.

• Periodistas enfermos

El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que encabeza Claudia Martínez Sánchez, también documentó que a causa del estado de violencia en el que se desenvuelve la mayoría de los comunicadores agredidos registra condiciones de salud alarmantes.

Los principales padecimientos que los comunicadores poblanos manifiesta padecer, como consecuencia de la violencia que viven, va desde estrés postraumático, padecimientos estomacales, diabetes e hipertensión, hasta dificultades para el sostenimiento de sus relaciones personales y de pareja, adición a sustancias prohibidas, adicción al alcohol, delirio de persecución, paranoia e inestabilidad emocional. También se destacó la muerte en la pobreza de periodistas de la tercera edad.

Entre las acciones que la organización de la sociedad civil realizó para encarar el reto que frente a si tiene la libertad de expresión en el estado de Puebla, se realizaron talleres de capacitación y autoprotección para los periodistas de Teziutlán, Tecamachalco y San Martin Texmelucan. Además de las medidas para evitar agresiones y la forma de encararlas, se les capacitó en redacción, metodología periodística y géneros periodísticos, entre otras asignaturas.

Sánchez Martínez hizo un llamado a las autoridades locales para que “dispongan de los recursos que prevé la legislación vigente, para que por encima de todo se pueda salvaguardar el derecho de los comunicadores a su ejercicio periodístico, y el de la sociedad a un acceso de información certera y veraz que fortalezca la sana convivencia social”.