La cifra de muertos en toda la República Mexicana, alcanzó rangos históricos. Esta vez el municipio llamado en otros años “el más seguro”, no se quedó atrás con 38 asesinatos por cada 100 mil habitantes
Tiroteos, persecuciones, asaltos y asesinatos, dejaron marca en Ensenada en 2017, con una cifra histórica de 186 homicidios y una treintena de lesionados por arma de fuego.
La espiral de la violencia no solo tocó a narcomenudistas, también dejó muertos a cuatro policías municipales y por lo menos dos mujeres fallecieron en hechos colaterales en San Quintín.
De igual manera, asesinaron a reconocidos empresarios como Alejandro Sánchez, del gremio gasolinero, y al abogado Jaime Xicoténcatl Palafox Toscano, cuyos crímenes siguen impunes.
A un año del gobierno municipal de Marco Antonio Novelo Osuna, la violencia en las 22 delegaciones aumentó hasta en un 300 por ciento en comparación a 2016, dado que la cifra oficial poblacional estima a 489 mil habitantes.
El crimen de alto impacto repuntó. A solo unas horas de la Navidad, el cadáver de un hombre fue encontrado en posición de cúbito dorsal a orilla de una calle entre Jaime Sabines y Amado Nervo del fraccionamiento Aeropuerto; en el pecho tenía clavada, con un desarmador, una cartulina con la inscripción “Un beso para ti Granados”.
Un narcomensaje que alarmó a la comunidad de Lázaro Cárdenas en San Quintín, en el mes de mayo, fue el hallazgo de una cubeta naranja abandonada en plena vía pública y a unos metros de una escuela primaria. En el interior se encontraba una cabeza humana con una manta que decía:
“Esto es para que vallan viendo lo que les va a pasar a todo aquel que trabaje para la nueva generación sin ex. Todos los de las flores, magón, mas les vale que se alinen con el “Co ATTE Cartel Sinaloa.”
Cárteles que pelean la plaza tanto en trasiego y venta de droga, sobre todo en las delegaciones del sur a más de 220 kilómetros de la ciudad, en poblados como San Quintín, Vicente Guerrero, Camalú y el Rosario, acribillaron cruelmente a más de 100 personas.
Fue alarmante la saña con que se cometieron los asesinatos y donde fueron localizados. Cuerpos decapitados, cadáveres mutilados, amordazados y torturados, ingresaron al Servicio Médico Forense (Semefo).
Se estima que en el 20% de los homicidios que ocurren en Baja California no se logran identificar a la víctima, menos aún al agresor, y la mayor parte de estos tienen relación con conflictos de narcotráfico y crimen organizado, manifestó la procuradora de Justicia de Zona Ensenada, Perla Ibarra, durante la glosa de funcionarios.
“Que no estén identificados conlleva a iniciar por el proceso de identificación a través de servicios periciales para buscar en la Plataforma México, para extraer perfil genético. Pero no se archivan los casos”, aseguró la funcionaria estatal, y aclaró, se trata de un fenómeno que impera en muchas entidades federativas con narcomenudeo o delincuencia organizada como una constante.
Capacidad rebasada en Semefo
Como el resto de los Semefo en los cinco municipios, en Ensenada hubo sobresaturación de cadáveres, informó el director César Vaca.
Como nunca, en este año que culmina rebasaron los mil cuerpos en servicio, entre muertos naturales y violentos, lo que complicó el trabajo de los médicos.
Cada año ingresaban de 700 a 800 cadáveres, sin embargo, en 2017 superaron la cifra promedio.
Fue necesario hacer una inversión en refrigeradores, pero en el sur del municipio, como San Quintín, se mantiene la demanda de ingresos.
Policías ejecutados y desertores
En 2017, dos comandantes fueron acribillados en el sur del municipio de Ensenada. El de El Mármol, Sergio Echavarría Solís, y después, en otro atentado, el de Camalú, Antonio García García junto con el policía Nacao Gutiérrez Martínez.
Un cuarto agente se debate entre la vida y la muerte tras ser atacado con arma de fuego durante una persecución perpetrada en pleno centro de la ciudad el 26 de diciembre.
De la misma manera, hay por lo menos cuatro elementos municipales que desertaron en el camino, a quienes se vincula con grupos del crimen organizado.
Datos entregados por Sindicatura Municipal indican por lo menos a uno se le relaciona con grupos organizados.
DSPM deslinda a sus agentes
En respuesta, el director operativo de la corporación, Francisco Chávez Ibarra, detalló en un comunicado que respecto a una información publicada en el número 2279 de ZETA -del 1 al 7 de diciembre- bajo el nombre “Cártel Jalisco en Ensenada”, que la competencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal es trabajar en materia preventiva mediante acciones que mantengan a las nuevas generaciones alejadas de conductas nocivas; fomentar la denuncia y la cultura de la legalidad entre la población; así como brindar vigilancia y poner a disposición de la autoridad competente a quienes derivado de los recorridos y de la atención a reportes, sean asegurados por algún presunto delito.
Respecto al señalamiento a que en el interior de la DSPM laboran personas relacionadas con la delincuencia organizada, “nuestro posicionamiento es de cero tolerancia a quien o a quienes realicen actos al margen de la ley, por lo que se exhorta a la población que cuente con pruebas de alguna situación irregular en el actuar de algún elemento, a que interponga su denuncia formal ante la autoridad competente”, se lee en el escrito.
Es importante precisar que a la 1:25 pm del 2 de noviembre, en la oficina de la Dirección “se recibió un oficio de renuncia voluntaria e irrevocable por parte de un oficial que se menciona en el artículo en cuestión, misma que fue aceptada por el titular de la corporación, quien la remitió para los efectos administrativos procedentes a la Oficialía Mayor.
“La corporación diariamente trabaja en el reforzamiento de los valores que nos rigen -Lealtad, Sacrificio, Disciplina, Honor, Moral, Dignidad y Autoridad-, por lo que se reitera que no habrá tolerancia para quienes mediante conductas inapropiadas o que infrinjan la ley manchen nuestro uniforme”, concluye el documento.
Otro récord en delincuencia
En promedio, siete vehículos fueron robados a diario en Ensenada durante 2017, mientras que en las mismas fechas de 2016 eran cinco unidades, revela la estadística del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California.
Lizeth, una madre de familia con residencia en la colonia Lomitas, fue víctima de la delincuencia cuando le robaron su vehículo afuera de su domicilio, un Honda 1997 con placas de Estados Unidos. Lo reportó y pasaron varios meses hasta que lo encontró apenas a unas cuadras de su vivienda. Tenía nuevo dueño.
“Supe que era el mío porque tiene un choque y por dentro el asiento está quemado, así que con las llaves originales lo abrí, lo revise, prendí y me lo traje a mi casa”, Así recuperó su automóvil, el cual había sido vendido.
Sin dar parte a la Policía Municipal ni Ministerial, Lizbeth platicó que es la segunda ocasión que le roban su vehículo y lo recupera de la misma manera.
El robo a comercio también incrementó, y se calcula que en promedio se realizaron dos denuncias diarias.
Asimismo, hasta noviembre de 2017 se habían presentado 111 privaciones ilegales a la libertad, pero la incertidumbre persiste en familias que en los últimos siete años han pedido la intervención del grupo Desaparecidos; 50 familias en la ciudad de Ensenada y otras 70 en San Quintín, se han acercado a grupos de sociedad civil para intentar dar con el paradero de algún familiar.
Le falta a BC procuración de justicia
Para el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Ensenada, Faisal Díaz Nassif, los gobiernos tienen mal distribuido el dinero que ingresa en materia de procuración de justicia. Los resultados, aseguró, son ineficientes.
“Para que tengamos avances significativos en seguridad es importante no tener que recargar la responsabilidad en la Policía más débil, tanto en función como en facultades, porque echan la culpa a los municipales por no llenar correctamente el Informe Policial Homologado”, opinó.
En múltiples ocasiones, el Comité Ciudadano ha repetido que si al gobernador Francisco Vega de Lamadrid realmente le preocupa el problema de inseguridad, hará una depuración sustancial en las procuradurías y hará contrataciones efectivas de policías ministeriales capacitados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Antes de cerrar el año, el dirigente presentó en la sala de Cabildo un exhorto para que el alcalde y regidores consideren que, para lograr avances en seguridad, es necesario un plan estratégico respaldado por un presupuesto que incluya la contratación de más policías.
“Sin duda la Policía Municipal trabaja más coordinada, tanto con el Estado como con el Ejército, pero faltan muchos más policías, por lo menos 600 más, pero si podemos lograr que avancemos con 300, es suficiente”, indicó Díaz.
De los 900 agentes en nómina, menos de la mitad está en operaciones, y aunque el Municipio solicitó 65 policías a la academia, alrededor de 35 se encuentran en proceso de jubilación.
