La Ley de Seguridad Interior fue publicada esta tarde en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que ahora sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que decida si es o no constitucional, como anunció el Presidente Enrique Peña Nieto.
“Soy consciente de que este ordenamiento, que habré de promulgar esta tarde, es especialmente sensible, para la vida pública del país. Por eso no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley, hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”, dijo antes el mandatario durante la 43 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva”, agregó. “La ley deja claro, y esto es muy importante, que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades, además las obliga a llevar a cabo un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales que permita finalizar con el apoyo subsidiario de las autoridades federales”.
El Primer Mandatario decidió este día promulgar la Ley en medio de las críticas de organizaciones civiles, activistas, ciudadanos y políticos de la oposición que afirman que el contenido de la Ley es inconstitucional, además de que con esta se incurrirán en más violaciones a los derechos humanos.
Desde que el pasado viernes el Senado de la República aprobó la Ley de Seguridad Interior, ciudadanos y activistas han salido a las calles para exigirle al Presidente Peña nieto que vete la legislación, propuesta por él mismo.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), Human Rights Watch y Amnistía Internacional son algunos grupos que desde el exterior del país le han alertado a Peña Nieto y al Congreso que la Ley de Seguridad garantizará más violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas y ejecuciones extraoficiales.
Este día, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) se hizo presente en la Sesión de Seguridad Nacional, celebrada en Palacio Nacional, y entregó a Peña Nieto una carta en la que le pide escuchar a la sociedad y vetar la Ley de Seguridad Interior.
“Se está optando por un modelo ajeno a la seguridad ciudadana al tratar de implementar la Ley de Seguridad Interior en lugar de fortalecer a las instituciones policiales”, dice el documento.
“No se trata de responsabilidades que deban ser cumplimentadas por voluntad, sino por deber para garantizar el desarrollo y crecimiento del país.
Durante su intervención en la 43 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el titular del Ejecutivo federal aseguró que el pronunciamiento que “habré de promulgar esta tarde es especialmente sensible”, por lo que, señaló, la Suprema Corte será el árbitro legal para tomar una resolución definitiva.
“Por eso no emitiré la declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad, así la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva”.
Peña Nieto aclaró que mientras se decide el destino de la Ley de Seguridad Interior, las Fuerzas Armadas seguirán interviniendo en materia de seguridad pública. Asimismo, pidió a los gobiernos estatales fortalecer sus corporaciones policiacas y hacer frente a la delincuencia.
En su discurso, el Presidente defendió la intervención del Ejército en las calles, pues hubiera sido irresponsable dejar a su suerte a la sociedad civil, aseguró.
En el mismo evento, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, defendió que “en 2012, el Presidente Peña recibió un país agraviado por una violencia creciente y por un fenómeno criminal que ganaba terreno con rapidez. La dimensión del problema exigía resolverlo con visión de Estado”.
Este mismo día, la organización “Por México Hoy”, que encabeza Emilio Álvarez Icaza, así como personalidades como Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Pedro Kumamoto, exigieron al Presidente Enrique Peña Nieto corregir el “error de dimensiones históricas” que cometió el Senado y vetar la Ley de Seguridad Interior pues “el combate al crimen organizado no puede ser una coartada para el restablecimiento del autoritarismo”.
En una carta pública difundida en redes sociales, los firmantes pidieron al Ejecutivo federal hacer uso de sus facultades para vetar la Ley aprobada por los legisladores el pasado 15 de diciembre en medio de reclamos de organizaciones.
Además del veto del Presidente, los firmantes solicitaron convocar a un diálogo nacional para debatir las propuestas y observaciones de organizaciones nacionales e internacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 25 comisiones estatales de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como de organizaciones civiles como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y las agrupadas en el colectivo #SeguridadSinGuerra”. ZETA/SinEmbargo
