Ciudad de México.- Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), envió una carta al Senado de la República pidiendo que no se apruebe la Ley de Seguridad Interior (LSI).
“La ONU-DH hace un llamado respetuoso al Senado de la República a no aprobar la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior”, se lee en el documento, acompañado por un anexo en el que se desglosan 14 puntos preocupantes del proyecto a discutir en la Cámara alta.
“Entre otras consideraciones, generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo”, indicó la ONU-DH.
“Reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”, abundó la ONU-DH-
“Los escenarios que permiten habilitar las acciones previstas en la ley son demasiado generales y poco precisos, de modo tal que se podrían activar los mecanismos previstos en la ley en una cantidad indeterminada de supuestos”, advirió la ONU-DH.
En su carta, Jarab, señaló a los senadores 14 puntos, entre ellos, “ambigüedad de conceptos”, “violación al principio de necesidad”, el “papel indebido de las Fuerzas Armadas” y el “sometimiento de la autoridad civil al mando militar”.
Además de la “ausencia de controles”, “ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones”, “indebida regulación del uso de la fuerza”, “indebida protección y garantía de los derechos humanos”, además de “afectaciones a la protesta social” y “ausencia de transparencia”.
También “lesión a la autonomía”, la “inconstitucionalidad e inconvencionalidad”, el “ámbito de excepción del derecho procesal administratito” y la “ausencia de explicitud de los principios rectores”.
“El Presidente de la República podría en determinados supuestos ordenar acciones bajo el amparo de la ley, sin estar sujetas a temporalidad alguna o a un marco de actuación determinado, lo que favorecerá la actuación unilateral, discrecional y ausente de los débiles controles de la ley”, expone la ONU-DH, en uno de sus ejemplos.
“Cuando intervengan las Fuerzas Armadas, corresponderá a los Secretarios de la Defensa Nacional y Marina proponer a un comandante de las Fuerzas Armadas para que dirijan los grupos interinstitucionales […] lo que nuevamente elude el liderazgo y responsabilidad de la autoridad civil”, criticó la ONU-DH.
“La norma prevista en el artículo 8 sí incluye a la protesta dentro del ámbito material de la norma, pues solamente impide que la misma sea considerada ‘amenaza’, más no ‘riesgo’”, se lee en lo referente a afectaciones a la protesta social.
Por otra parte, los relatores sobre libertad de expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza y David Kaye, respectivamente, pidieron al Senado, también, no avalar la ley como una de las recomendaciones al Estado mexicano.
“Abstenerse de aprobar la Ley de Seguridad Interior en su versión actual y en su lugar iniciar un diálogo abierto e integral sobre el modelo de seguridad que el país necesita”, indicaron en el párrafo 68 de sus observaciones preliminares.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció contra el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, aprobado en la Cámara de Diputados y turnado al Senado para ser discutido este martes, ya que “genera la posibilidad de vulnerar las garantías fundamentales de los ciudadanos”.
A través de un comunicado, el organismo internacional expresó su preocupación por el proyecto de ley, al considerar que “contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos”, y que significaría la “normalización, regulación y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”.
Recordó que durante su visita en 2015, “constató con preocupación la presencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad ciudadana y mayores violaciones a los derechos humanos como consecuencia, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad”.
La CIDH insistió en que el Estado “debe evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar medidas necesarias para fortalecer la policía y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente”.
“Es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas”, señaló el organismo que es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró que la propuesta de Ley de Seguridad Nacional “genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos”, por lo que hizo un llamado a los senadores a no contravenir el sistema democrático de libertades y garantías.
El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez señaló que, con la LSI más que atender las causas de la violencia y de la inseguridad en un contexto de prevención, “se estaría privilegiando un enfoque reactivo sustentado en el uso de la fuerza como vía para recuperar la convivencia social pacífica en nuestra sociedad”.
