La empresa Aguas de Rosarito invertirá 9 mil millones de pesos en la desalinizadora en el quinto municipio, y en 37 años, recibirá más de 66 mil millones de pesos. El gobierno pagará más de 149 millones de pesos al mes por agua que no requiere. Los datos que les presentaron a los diputados, explicó un ingeniero, están falseados. Justifica el gobierno que hay una capacidad de bombeo de 4.8 metros cúbicos por segundo, cuando la Comisión Estatal del Agua, a junio de 2016, indicaba que al año se extraían 5.8 metros cúbicos por segundo en la entidad. “No hay justificación para la obra de tal magnitud y tan alto costo”, reflexionó sobre la deuda que diputados panistas aprobaron en un madruguete político el 1 de diciembre, con 13 votos a favor, 12 de ellos del grupo parlamentario del PAN, uno del PRD, cuatro votos en contra, dos votos del PRI, uno del PT, otro del panista Miguel Osuna Millán, y ocho ausencias. Diputados de oposición estiman interponer una controversia constitucional
Francisco Vega de Lamadrid, gobernador de Baja California, se salió con la suya. Hacer del negocio del agua en el Estado uno de los más lucrativos, y amortizar la deuda a 37 años, en detrimento de las siguientes seis administraciones estatales, a un costo de final por encima de los 7 mil millones de pesos.
Lo peor del caso, explica un ingeniero, “es que pagaremos por agua que no necesitamos. Pagaremos por infraestructura que no requerimos”.
Según el experto consultado, quien por la naturaleza de su trabajo prefiere guardar el anonimato, actualmente en Baja California se utilizan al año, de acuerdo al último informe de la Comisión Estatal del Agua -junio de 2016-, un total de 182 millones 908 mil 800 metros cúbicos de agua, lo que equivale a 5.8 metros cúbicos por segundo. Mientras la capacidad actual de extracción de agua en Baja California, acorde con la propia CEA, es de 6.0 metros cúbicos por segundo.
De hecho, una proyección realizada por el propio Gobierno del Estado, donde se falsearon los datos sobre la información presentada por el grupo cabildero de Francisco Vega, indica -contrario al informe de la CEA- que la capacidad de extracción de agua en 2017 es de 4.8 metros cúbicos por segundo, y proyectan que para 2020 se requerirá, por incremento de la población y la actividad económica, de una extracción de 5.09 metros cúbicos por segundo; mientras para 2027 la ubican en 5.8, es decir, lo que en 2016, conforme a la estadística de la CEA, se extrajo para consumo de los cinco municipios del Estado: 5.8 metros cúbicos por segundo.
Foto: Cristian Torres.- No permitieron el acceso a manifestantes
Con las mismas cifras del gobierno estatal, el ingeniero refiere que no es necesaria la infraestructura de las desalinizadoras en Baja California, particularmente la de Rosarito y por la cual las siguientes administraciones, a partir de 2019, deberán pagar de acuerdo al Dictamen 95 -aprobado en un madruguete del Partido Acción Nacional y el gobierno el viernes 1 de diciembre- la suma de 149 millones 312 mil 019 pesos.
Por cierto, durante esta administración y cuando el negocio de las desalinizadora comenzó a prepararse, la CEA dejó de hacer públicos los informes mensuales de los volúmenes bombeados de agua en junio de 2016, pero que a esa fecha, se bombeaban 5.8 metros cúbicos por segundo, lo cual determina que siendo 6 metros cúbicos por segundo la capacidad, no había crisis de agua.
“Lo que han hecho de tandear el suministro de agua, de decir que vivimos en una crisis, no es por falta de capacidad de agua o de bombeo, es porque son ineficientes, o porque como funcionarios no tienen la capacidad, o por mal intencionados para crear una falsa crisis, o por tarugos; no hay tal crisis de agua y eso lo demuestran sus propios números”, planteó el ingeniero.
Y efectivamente, los números presentados por el grupo de funcionarios que cabildeó el tema, entre quienes se encontraban Manuel Guevara, de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado; Bladimiro Hernández, de Contraloría; Germán Lizola, de la CEA y de manera inexplicable Carlo Bonfante, de la Secretaría Desarrollo Económico, fueron falseados, al admitir oficialmente que el bombeo de agua estaba en 4.8 metros cúbicos por segundo, cuando la capacidad real es de 6 metros cúbicos por segundo y, hasta junio de 2016, oficialmente se bombeaban 5.8 metros cúbicos por segundo.
“Pero Vega basó su propuesta en estadísticas sesgadas, ocultando las estadísticas reales a la población bajacaliforniana”. Con la capacidad real, detalló el experto, Baja California no debe tener problemas en los próximo siete a doce años, y llegado ese momento, no es necesaria una desalinizadora para salir adelante, sino la construcción de otro acueducto que saldría enormemente más económico, y el daño al erario sería menor.
Además, en 12 años se pueden ampliar las posibilidades de bombeo de agua en tres vertientes, como ya se hace de suyo en California:
- Desalinizar agua, “no en el monstruo de desalinizadora que va a construir ‘Kiko’ con la empresa privada, sino en bloques a menor costo y de acuerdo a las necesidades de la población”.
- Construir otro acueducto para traer más agua del Río Colorado. a la que Baja California tiene derecho internacional.
3.- Purificar aguas residuales.
Actualmente la capacidad del acueducto Río Colorado es para 20 años, mientras que de la presa El Carrizo, se extraen un promedio de 4.4 metros cúbicos por segundo, de acuerdo con la estadística de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la CEA, por lo cual es falsa la apreciación vendida a los diputados del PAN, de que el Estado tiene una capacidad de 4.8 metros cúbicos por segundo.
Aparte, el agua de la desalinizadora de Rosarito requerirá de más infraestructura para transportarla, pues el gobierno tiene contemplado que esa agua sea trasladada a la planta potabilizadora de El Florido en Tijuana, para su distribución.
¿Y qué harán si no se requiere agua? Aparte de pagarla a razón de más de 149 millones de pesos al mes, podrían venderla, para lo cual deberán tramitar permisos federales para hacer estatal el agua.
Efectivamente, en el contrato firmado por el Gobierno del Estado y Aguas de Rosarito, SAPI de CV, especifican:
“La construcción, financiamiento y operación de una planta desalinizadora en el municipio de Playas de Rosarito, consistente en: Una planta desalinizadora con capacidad de hasta 4.4 metros por segundo en dos etapas: la primera con capacidad de 2.2 metros cúbicos por segundo, y un acueducto hasta el punto de entrega en el tanque 3, municipio de Tijuana y la ampliación a 20,000 M3 del mencionado tanque y la segunda con capacidad de 2.2 M3/SEG, y un acueducto desde el tanque 3 hasta la planta potabilizadora del Florido, Municipio de Tijuana”.
En el contrato firmado el 22 de agosto de 2016 por gobierno y empresa privada, se estima que el gobierno de Baja California pagará mensualmente 149 millones 312 mil 019 pesos por las dos fases. Pero lo dividen en dos pagos así:
Volumen mensual en metros cúbicos de agua potable medido a la salida de la planta, Fase 1: 5 millones 492 mil 520.
* Subtotal variable: 24 millones 662 mil 209 pesos.
* Costo total por mes: 84 millones 996 mil 848 pesos.
Volumen mensual en metros cúbicos de agua potable medido a la salida de la planta, Fase II: 5 millones 492 mil 520 pesos.
* Subtotal variable: 24 millones 856 mil 86 pesos.
* Costo total por mes: 64 millones 315 mil 171 pesos.
La suma de los dos costos totales que incluyen en el contrato, es la cantidad que apareció en el Dictamen 95, aprobado en Comisión, y posteriormente en el pleno del Congreso del Estado en un madruguete del PAN y del gobernador del Estado: 149 millones 312 mil 019 pesos al mes, durante 37 años.
A final de cuentas lo que los diputados del PAN y su aliado del PRD, votaron a favor de la Asociación Público Privada (APP), fue pagar al año mil 791 millones 744 mil 228 pesos a Aguas de Rosarito, SAPI de CV, lo que en 37 años suma 66 mil 294 millones 536 mil 436 pesos.
Una tarjeta informativa en poder de ZETA respecto al proyecto de Aguas de Rosarito y la inversión a realizar, se desglosa así:
“Tarjeta informativa Proyecto Planta Desalinizadora de Rosarito.
“Empresa Promotora: Aguas de Rosarito, SAPI de CV.
“Socios Principales: NSC Agua SA de CV (empresa mexicana filial de Consolidated Water, con más de 45 años de experiencia en desalinización de agua). Suez de México SA de CV (empresa líder en la fabricación de equipo e instalación de plantas desalinizadoras). “Blackrock (fondo de inversión mexicano especializado en inversiones para fondos de pensiones-Afores).
Foto: Cristian Torres.- Siguen las manifestaciones
“Monto de la Inversión: 9 mil 73 millones de pesos.
“Financiamiento: 1,815 millones de pesos aportación de socios. 7 mil 258 millones de pesos crédito bancario a la empresa.
“Vigencia de contrato: 3 años de construcción más 37 años de operación.
“Cantidad de agua entregada: 5 millones de M3 de agua potable”.
Con ello, uno de los diputados que votaron contra la APP refirió que de inicio, con la millonaria cantidad, se pagará el costo financiero de una mega obra que no se va a utilizar hasta dentro de dos, tres años, si es que concluyen los trabajos a tiempo. Además, que la Comisión Estatal de Servicios Públicos incrementará el costo de la distribución del agua para poder hacer frente al costo de la inversión en infraestructura que no se requiere.
Ingenieros y diputados coincidieron en que el negocio de la desalinizadora por arriba de los 7 mil millones de pesos es un exceso, que está basado en estadísticas falseadas y que resulta innecesario ante la posibilidad de construir otro acueducto.
La maquinación del madruguete
Lo primero que tuvieron que maquinar desde el Gobierno del Estado para aprobar en claro madruguete el Dictamen 95 y endeudar al Estado por más de 7 mil millones de pesos pagaderos en los próximos 37 años, es quién sería el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado.
“Le tocaba” a la panista Eva María Vázquez, pero no quiso aventarse el tiro de enfrentar a manifestantes y a la oposición. Se la ofrecieron a Carlos Torres Torres, y dijo que no. Ya en el pasado salió de la coordinación de los panistas porque no le tenían respeto. El que rápido dijo sí, ya fue presidente y hoy lo es de nueva cuenta: Raúl Castañeda Pomposo, quien se comprometió a hacer lo que fuese necesario para sacar la aprobación del dictamen. Y así lo hizo.
Firman empresarios y gobierno
En una encerrona panista decidieron agregar a Rocío López Gorosave -una incondicional- como secretaria de la mesa para justificar la propuesta.
Sin reunión de la Junta de Coordinación Política, los panistas se hicieron de todos los cargos, presidencia, vicepresidencia, pro-secretaria y escrutador, todo ello con la venia de los priistas que decidieron quedarse fuera del sacrificio político.
Así, la mañana del 1 de diciembre, con la ausencia de los diputados de Movimiento Regeneración Nacional, Catalino Zavala y Víctor Morán; la del representante del Partido Encuentro Social, Luis Moreno; la del pebecista Jorge Núñez; la priista Blanca Patricia Ríos, Job Montoya y el voto en contra del panista Miguel Osuna; los priistas Bernardo Padilla y Alejandro Arregui, la petista Claudia Agatón, los trece panistas y el perredista, lograron endeudar a Baja California en un proyecto innecesario, además de basado en datos sesgados y falseados sobre la capacidad de extracción de agua en el Estado.
Sin embargo, hay diputados que creen que no todo está perdido. Algunos consideran interponer una controversia institucional que podría integrar varios temas. Explicaron:
1) La ilegitimidad de la mesa directiva, ya que no hubo Junta de Coordinación Política previa a la votación en el pleno.
2) La emisión de la convocatoria para celebrar la sesión; a algunos legisladores se les convocó con menos de cinco minutos, al resto entre 20 y 25 minutos previo a la votación.
3) Sin punto a tratar, la convocatoria para la sesión extraordinaria del primero de diciembre no enlistaba ningún punto en el orden del día.
4) La ley de Disciplina Financiera señala que los temas relacionados al endeudamiento de las entidades debe aprobarse con las dos terceras partes del Congreso, a diferencia de la Constitución local que permite que sean las dos terceras partes de los presentes.
Albazo legislativo
El Dictamen 95 terminaba por solventar algunas irregularidades que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les había impuesto al Congreso del Estado, a fin de poder avalar la deuda de 83 mil millones de pesos, con lo que se le daba viabilidad financiera a las APP.
El costo del agua en el futuro
Desde el 7 de septiembre se había intentado subir este punto, sin embargo, luego que manifestantes de Mexicali Resiste, BC Resiste y otros grupos se unieran a las manifestaciones del entonces presidente de la mesa directiva, Benjamín Gómez, decidió que en su periodo no se votaría ese punto.
Fue precisamente en la encerrona panista que a Castañeda Pomposo se le ofreció la presidencia con la promesa de subir el dictamen, así lo cumplió.
El jueves 30 de noviembre se presentó el cambio de la mesa directiva a puerta cerrada, el Congreso se llenó con personas acarreadas beneficiarias de apoyos gubernamentales encabezados por la Secretaría General de Gobierno, de los manifestantes solo pudo ingresar al recinto la maestra Alma Araceli Piña, quien cuenta con un amparo para poder asistir a las sesiones.
A la primera sesión no permitieron ingresar ni siquiera a la prensa, fue precisamente en la puerta de acceso donde se presentó un conato de bronca cuando el abogado Alejandro Rivera intentó subir al pleno, los guardias le impidieron el acceso y lo sacaron a empujones.
Finalmente, alrededor de las media noche permitieron el ingreso a la prensa, para ello ya estaba acomodada la nueva mesa directiva, luego del protocolo y Honores a la Bandera, la sesión culminó alrededor de las dos de la mañana, el presidente de la mesa directiva Raúl Castañeda Pomposo citó para el jueves 7 de diciembre a las 10:00 am, con ello daba por finalizada la sesión.
“Había algo raro en el ambiente, por eso dejé guardia”, dijo un diputado fuera de libreta a ZETA con relación a la noche del jueves 30, argumentando que existía el rumor que buscarían aprobar el Dictamen 95, pero no había fecha ni hora, por ello muchos se retiraron.
Finalmente, alrededor de las 8:20 am del viernes 1 de diciembre, el director de Procesos Parlamentarios, Daniel de León Ramos, inició con el proceso de notificación a los diputados de oposición.
La sesión inició a las 9:13 am, con la totalidad de los diputados del PAN y del PRD, quien también conocía de la convocatoria fue el diputado de Movimiento Ciudadano, Job Montoya, que hasta justificante por escrito alcanzó a meter para evitar votar en la sesión.
De oposición solo llegaron a la votación Alejandro Arregui y Bernardo Padilla, y del PT, estuvo presente Claudia Agatón.
Minutos después de votarse el dictamen llegó el diputado del PBC, Jorge Núñez, y del PRI, Patricia Ríos, por ello la votación final fue de 13 votos a favor, cuatro en contra, 12 de ellos del grupo parlamentario del PAN, uno del PRD; en contra fueron dos votos del PRI, uno del PT y otro del panista Miguel Osuna Millán.
La controversia
Los diputados de Morena, PRI, PES, PT e incluso Miguel Osuna Millán, del PAN, manifestaron estar a favor de presentar una controversia constitucional contra el Dictamen 95 por lo que en números tendrían 11 votos de los nueve requeridos para interponerlo, sin embargo, la sospecha entre los legisladores de oposición deja ver la desconfianza que existe debido a las ausencias a la sesión.
Osuna, único diputado del PAN en oponerse al dictamen, aseguró que en caso de que se presente un recurso de inconstitucionalidad, lo apoyaría por congruencia con su votación en el pleno.
“Yo he respetado en todo momento a mis compañeros de bancada y a todos los diputados de cualquier fracción, en este caso he hecho el uso de mi libertad de expresión, libertad de pensamiento y decisión, en ese sentido espero que se nos respete en toda la extensión de la palabra”.
Agregó que votó en contra debido a que como legislador hizo su trabajo de informarse sobre las APP al asesorarse con personas que saben sobre el tema del agua, por lo que se quedaron a la espera de un replanteamiento que había prometido Manuel Guevara, titular de SIDUE, el cual nunca llegó.
“No fue ninguna postura a la ligera, por lo contrario, fue una postura bien pensada, responsable y pensando siempre en el bien de la gente, son recursos muy importantes que sin duda los vamos a necesitar para el desarrollo del Estado”.
Señaló que al revisar la capacidad del acueducto con cifras de las comisiones de agua, el crecimiento demográfico en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no correspondía a los datos ofrecidos por SIDUE para sustentar el proyecto.
“Tenemos la obligación de tutelar ese bien ciudadano reflejado en esta ocasión en un proyecto de infraestructura que tiene un gasto explosivo que va a afectar el bolsillo de la gente, yo estoy a la espera de un análisis jurídico completo para tomar una postura y por supuesto será en acompañamiento y en congruencia con lo que hemos estado expresando, si lo firmaría” respondió al cuestionarle sobre el recurso de inconstitucionalidad.
Foto: Cristian Torres
Víctor Manuel Morán Hernández, de Morena, explicó que nunca estuvieron de acuerdo en que se aprobara el Dictamen 95, en una reunión previa del PAN se votó por quien sería el presidente sin tomar en cuenta a los demás partidos políticos
“Ellos ya tenían apalabrado entre ellos la orden del ejecutivo de que se aprobara el dictamen, nosotros estuvimos presentes en la sesión ordinaria donde votamos en contra de esa mesa directiva porque no fuimos tomados en cuenta, se aprobó el orden del día, en el cual no venía el tema del Dictamen 95, salimos a las 2:30 de la mañana, nos fuimos a Tijuana y a las 8:40 de la mañana del mismo día primero me entero que nos notifican que las 8:45 teníamos sesión extraordinaria”, explicó el legislador.
Dijo que con los votos del PRI y de Osuna Millán son suficientes para iniciar la acción de inconstitucionalidad.
“También vamos a presentar un amparo, ya se está trabajando en eso por todas las fallas y excesos que hubo en el procedimiento para aprobar el dictamen”, y una vez publicado por el Congreso del Estado, tendrán hasta 30 días para presentarlo.
“No estuvimos presentes porque se aventaron un albazo en contra de la voluntad de los ciudadanos, una marranada política”, acusó Morán Hernández.
Por su parte, el ex presidente de la mesa directiva, Benjamín Gómez, expresó que al igual que sus compañeros fue notificado alrededor de las 8:20 am, por lo que no pudo llegar, al encontrarse en Tijuana.
“Creo que es una manera en la que no le abona a la política interna, de concordia de acuerdos políticos para poder transitar, durante mi presidencia fui muy claro, este tema no se iba a abordar porque no teníamos las condiciones administrativas, legislativas y demás para que se dieran”, indicó.
El representante del PBC, Jorge Núñez, se declaró engañado por el presidente del Congreso, Castañeda Pomposo, y calificó la acción como un madruguete, ya que no había justificación para convocar con una hora de anticipación.
Cuestionado sobre el tema de la controversia, argumentó que existen varios temas a analizar:
“Tenemos cómo comprobar que no nos llegó en tiempo y forma, ni una hora, la cuestión federal habla de que para que estos temas se lleven a cabo tienen que incluir el tema y no se puede modificar el tema de la convocatoria, a nosotros se nos convoca sin ningún tema, pueden revisar el documento y no viene ningún tema establecido; tercero, el tema de las dos terceras partes, en el tema local menciona que pueden ser contando solo a los presentes, sin embargo, la Ley de disciplina fiscal habla de que debe ser dos terceras partes del Congreso”.
Asimismo, se dijo esperanzado en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice el obvio dolo con que se realizó el proceso para darle marcha atrás.
Por su parte, Luis Moreno, diputado del PES, comentó que se encontraba en Tijuana cuando fue notificado de la sesión extraordinaria, con apenas 25 minutos de anticipación. “De manera sorpresiva para algunos, porque parece que otros ya sabían, se nos dejan unos oficios afuera de nuestras oficinas a las 8:20 y mandan un correo a esa hora para una sesión a las 8:45, alimentando las sospechas que privan en la sociedad de que este dictamen trae otras cosas que no se han terminado de ver bien”, y se manifestó a favor del recurso de inconstitucionalidad, incluso de encabezar el documento, aunque apoyarían el documento más confiable que pudiera salir de otros legisladores.
— ¿Dónde estuvo Luis Moreno esos dos días?
“Yo el jueves estaba llegando a Tijuana, ya no alcanzaba a llegar a la sesión del pleno, pero ten la seguridad de que si ese dictamen se hubiese convocado para una sesión extraordinaria para conocimiento de ese tema, hubiéramos hecho todo lo posible, pero no, nos enteramos 25 minutos antes, no había manera”.
Indicó que una empresa que invertirá 9 mil millones de pesos a cambio de 77 mil millones de pesos, utilidades que ninguna compañía ganaría en el mercado financiero, además, que en una segunda etapa el agua se vendería a Estados Unidos y, por último, que la empresa pide como garantía que la CESPT, así como la SPF, se conviertan en obligados solidarios, aunado a que el Estado se hace obligado solidario con el impuesto sobre nómina.
“A estas garantías se suma otra que pide la empresa, el incremento a la tarifa de agua que yo he demostrado públicamente cómo el presidente de la compañía en su informe financiero afirmó que desde enero se habían estado haciendo gestiones para que se pudieran efectuar incrementos en la tarifa para garantizar las inversiones”, señaló el legislador, cuestionando la legitimidad de la mesa directiva, la cual no fue votada.
Bernardo Padilla, representante del PRI, afirmó que el partido, así como la coordinación en el Congreso, se encuentra revisando el tema para poder impugnar el Dictamen 95.
“Mi firma ya está, estoy comprometido a resolver y a contribuir a este tema respecto a la visión que nosotros tenemos en este tema, fue una notificación legal pero poco ortodoxa, sobre eso nos atemos”.
— ¿Cuál considera que sea el costo político para Acción Nacional?
“Es la derrota en 2019 de Acción Nacional”, puntualizó Padilla.
