La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental sancionó con cinco años de inhabilitación a Lucía Villarreal Camarena, coordinadora del Programa Beca Progreso, luego de haber denunciado que tres funcionarios de la Secretaría de Educación y Bienestar Social habían cambiado, falsificado y endosado cheques a su favor de diversas escuelas de la entidad.
Villarreal presentó una denuncia penal en contra de quien resulte responsable, esto ante la Procuraduría General de Justicia del Estado; inmediatamente fue separada de su cargo para la realización de una auditoria que derivó en su inhabilitación, además de ser obligada a pagar un monto de 938 mil 372 pesos, misma cantidad que denunció, había sido desviada de una multa por un millón 876 mil 744 pesos.
Entre los involucrados se encuentra Jesús de la Rosa Anaya, hermano del diputado Andrés y del ex secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel.
De igual manera, la Contraloría sancionó a Jesús de la Rosa, quien en ese entonces era el encargado de resguardar los cheques de Beca Progreso que se entregaban a las escuelas de más bajos recursos, así como a Alexander García Luna y Román Ernesto Padilla Rivera, por responsabilidades administrativas cometidas durante su desempeño en Beca Progreso; cabe aclarar que solo el primero se encontraba en el programa.
Según el documento en poder de ZETA, Jesús Anaya fue inhabilitado para desempeñar algún cargo o comisión por cinco años, además que deberá restituir el daño por 136 mil pesos, más una sanción económica de dos veces el beneficio obtenido, lo que corresponde a 272 mil 74 pesos.
También fue sancionado Alexander García Luna por cinco años de inhabilitación, quién deberá reponer el daño al erario público por un monto de 59 mil 514 pesos y una multa por 119 mil 28 pesos.
Román Ernesto Padilla Rivera, de igual manera inhabilitado por cinco años, tendrá que pagar 742 mil 821 pesos para resarcir el daño patrimonial, así como una multa de un millón 485 mil 642 pesos.
Por su parte, Lucía Villarreal afirmó, una vez que presentó la denuncia por peculado en contra de los servidores públicos en 2015, que ningún funcionario le solicitó mayor información al respecto y desde el primer día, los funcionarios dejaron entrever su posible responsabilidad.
“El 15 de octubre (de 2015) fui suspendida de manera arbitraria de mi encargo como coordinadora del Programa, señalando que obstruía la investigación, cuando fui precisamente yo quien presentó la denuncia y en todo momento, entregue toda la información solicitada; este hecho impidió que ratificara mi denuncia ante el Ministerio Publico”, afirmó.
Finalmente, el 19 de octubre fue restituida en su puesto, pero pudo acceder a su oficina hasta el 27 de noviembre, cuando la restitución de su cargo se hizo efectiva; ese mismo día amplió la denuncia, luego de que una institución bancaria le entregó, por medio de la Secretaría de Planeación y Finanzas, un segundo paquete con 41 cheques endosados por un monto adicional de 642 mil pesos.
“Rechazo rotundamente las imputaciones y sanciones que se me imputan por parte de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, por lo que voy a combatir jurídicamente la resolución y demostrar que no tengo responsabilidad administrativa ni penal alguna”, expuso Villarreal.
Pidió al Gobierno del Estado parar la persecución en su contra ya que lo único que hizo fue denunciar un acto de corrupción y peculado.
“Que no demos el mensaje equivocado a los funcionarios públicos que denunciar las irregularidades, puede convertirte de denunciante ha denunciado”, finalizó.
