Actualmente no existe un convenio entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y los ayuntamientos de Baja California para la recuperación de mil 665 viviendas abandonadas, al no autorizar el nivel central del organismo la aplicación del programa, señaló Víctor Manuel Romero Palacios, delegado de la dependencia en Baja California.
Mediante la firma de un Convenio de Procedimiento Administrativo de Ejecución, Infonavit prestaba su apoyo técnico a los ayuntamientos para llevar a cabo los procesos administrativos contra terrenos que adeudaran varios pagos de Impuesto Predial.
Una vez lograda la adjudicación de las casas, el Instituto pagaba al gobierno municipal lo equivalente por los adeudos al Predial, adquiriendo así la propiedad de las mismas.
El tesorero del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Ricardo Chavarría Morales, comentó a ZETA la administración municipal de firmar un convenio con el Centro de Servicios Infonavit (Cesi) con este propósito, el cual no ha logrado concretarse.
El primer requisito para la aplicación de dicho programa era que las viviendas se encontraran abandonadas, considerando Infonavit que están en esa situación, siendo la principal que nadie esté habitándola, no cuente con muebles u otros bienes dentro y que tenga suspendidos los servicios de energía eléctrica y suministro de agua potable, explicó Romero, contabilizándose en Baja California mil 665 viviendas en dicho contexto, siendo estas únicamente las adquiridas mediante un crédito de Infonavit.
Las correspondientes al Instituto que pese a presentar estas características estuvieran al corriente con sus pagos, tampoco eran consideradas para adjudicación.
“Nosotros no tenemos el derecho de meternos en la privacidad de una persona que quiere tener una casa simplemente por inversión. Si le robaron las cosas, pues bueno, nosotros no tenemos por qué decir ‘esta casa hay que quitarla’, es el derecho de cada persona” declaró Chavarría.
Una vez que Infonavit adquiere las viviendas, las exhibe y enajena a través de subastas públicas para que las adquieran desarrolladoras o particulares, ya sea para su rehabilitación y uso o venta, ocupándose la dependencia de que la zona en que se ubiquen estas viviendas cuente con mejores servicios, para evitar vuelvan a ser abandonadas.
El programa resulta positivo porque no se afecta a ninguna persona que habite dichas viviendas y al recuperarlas puede evitarse que las mismas puedan usarse como “picaderos” o sean invadidas por personas con intenciones nocivas para la comunidad.
Según Romero, mediante la Unidad de Solución Social, Infonavit se ha adjudicado y vendido mediante proceso judicial, 11 mil 424 viviendas, de las cuales 3 mil 344 corresponden a 2017, asegurando que se brindan todas las facilidades a los deudores para evitar recurrir a esta instancia.
Respecto a créditos consolidados, de acuerdo a los 70 indicadores para medir el desempeño de sus delegaciones, la correspondiente a Baja California se encuentra en el séptimo lugar nacional de eficiencia, al colocarse la apertura de créditos para adquisición de vivienda nueva en 35 por ciento o usada en 65% del total, contando actualmente con 241 mil 684 créditos activos.
Entre estos, 20 mil 283 (8% del total) integran la cartera vencida de la institución, al ser derechohabientes omisos en reportar por lo menos tres pagos. Referente al pago de cuotas por parte de patrones, el 96% se hacen de manera oportuna, lo que coloca a la delegación en el tercer lugar a nivel nacional en ese rubro.
En Baja California, Infonavit cuenta con 985 mil trabajadores inscritos, de los cuales 781 mil 064 no tienen crédito activo. De estos, 197 mil 111 precalifican para ello, contando con la intención de hacerlo alrededor de 60 mil personas, lo que rebasa la oferta de vivienda nueva en la entidad, que alcanza apenas 8 mil 500 casas, así como 10 mil usadas.
