Las campañas se han adelantado. Los candidatos aún no registrados, pero ya evidentes en cada partido, han empezado ya el debate. Meade, el prianista, parece haber tomado ventaja de los problemas de alumbramiento que padece Anaya y ha decidido, a mi juicio inteligentemente, polarizar con el puntero desde temprana hora; para ello se ha atornillado al impopular discurso de “modernización” y reformas. AMLO registra lo que sucede y responde todas las iniciativas políticas de Meade y el gobierno que representa; por eso, mientras el gobierno operaba la aprobación de reformas para legalizar la militarización de la política de seguridad, el tabasqueño manifestó que el futuro presidente para pacificar al país tendría que analizar todas las posibilidades, incluyendo la amnistía a narcotraficantes, siempre y cuando la medida fuera acompañada por las víctimas. Su audacia desató tal debate que hasta los jefes de las Fuerzas Armadas participaron en él; los periodistas orgánicos han intentado escandalizar asegurando que otra vez el tabasqueño se dio un tiro en la cabeza y su derrota es inevitable; lo cierto es que con sus declaraciones no permitió que el destape de Meade y la aprobación de la ley de marras le arrebataran la iniciativa política que monopoliza ,desde hace tres años y logró iniciar un debate que nos debemos los mexicanos, pues bien, entrémosle al debate.
Los principales opositores a la amnistía son quienes proponen la vía militar para atacar el problema, porque esa vía les da contratos, poder político y económico. Somos un narcoestado en el que la concesión para comercializar droga la tienen los narcotraficantes, quiénes, mientras paguen la cuota oficial a la Marina, el Ejército, la PFP, las policías estatales y municipales, los gobernadores y alcaldes, tienen autorizado invadir territorios a sangre y fuego, matar periodistas incómodos, secuestrar población civil si requieren recursos para financiar su negocio.
Al igual que con la economía informal, el narco ha sido utilizado como válvula de escape para que el odio social no se convierta en violencia política. ¿Qué diferencias hay entre el odio social que tiene un muchacho normalista de Ayotzinapa y un sicario proveniente de la sierra de Sinaloa? A mi juicio, pocas porque el origen es el mismo. Uno está politizado y el otro no; uno busca exponer su vida a cambio de una vida de lujos y excesos económicos que ve en otros que nacieron con mejor suerte; y el otro ha sublimado su coraje para intentar construir una sociedad más igualitaria; pero ambos son excluidos sociales de un México clasista, racista, concentrador de la riqueza y las oportunidades. ¿Qué narco viene de la opulencia? ¿De la inclusión social? ¿Por qué en países sin exclusión social y sin los índices de pobreza que nosotros tenemos, no tienen este tipo de problemas? Claro que en las filas del narco hay psicópatas como los hay en el gobierno y la empresa, pero en otros lares están contenidos por la cultura de la legalidad que aquí no existe. Es tiempo de cambiar de paradigma.
Vamos apostándole a la construcción de la legalidad, eliminando la política de guerra declarada por Calderón y replicada por Peña, que ha hecho de México un país violento y en extremo inseguro; que ha provocado un baño de sangre sin precedentes en tiempos de “paz” para poder concentrarnos en atacar el problema desde su raíz social. Cárcel o perdón debe ser la oferta del Estado, pero no un perdón gratuito, sino uno que lleve implícito el cese de la actividad criminal y la violencia, y el desmantelamiento del entramado de corrupción. La amnistía permite romper con el círculo vicioso. Los principales opositores y abusivos de AMLO por lo que propuso; son los que llevan décadas fracasando en su obligación de brindarnos seguridad y paz.
Jesús Alejandro Ruiz Uribe es Doctor en Derecho Constitucional, ex diputado local, rector del Centro Universitario de Tijuana en el estado de Sonora y coordinador estatal de Ciudadanos Construyendo el Cambio, A.C. Correo: chuchoruizuribe@gmail.com
