Cuestionado sobre los incrementos a las tarifas por consumo de agua potable, que están solicitando los diferentes organismos operadores del agua al Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2018, el Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, afirmó que estos no se darán para el consumo habitacional, sino para el uso comercial e industrial.
“Nadie en Baja California que tenga una casa, una vivienda sufrirá ningún tipo de aumento, pagaremos lo mismo que se pagó el año pasado, con la anexión nada más de la inflación, que viene eso ya por años atrás” comentó.
Vega justificó el aumento a las tarifas para uso comercial e industrial, señalando que desde hace 9 años que no se da esta clase de ajustes, a pesar de los incrementos al precio de la gasolina, la devaluación del peso y la inflación, lo que a su vez ha incrementado los costos de operación de los organismos responsables del suministro.
Los aumentos se darán en el 23 por ciento para los organismos de Tijuana y Ensenada, del 15 por ciento para Tecate y 12 por ciento para Mexicali, afirmando el Gobernador esto es en razón a la dificultad y los costos para llevar agua a dichas ciudades.
Vega afirmó que la construcción de la desalinizadora en Playas de Rosarito también representará un ahorro en la energía eléctrica utilizada para suministrar de agua del Rio Colorado a la zona costa de Baja California y que tener este recurso, así como energía limpia e infraestructura y comunicaciones suficientes, hacen a la entidad un destino atractivo para la inversión privada.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por Kurt Honold, manifestó respaldará el aumento a la tarifa, siempre y cuando este se socialice debidamente, corresponda a la realidad de la necesidad de los organismos operadores y beneficie la inversión en fuentes alternativas de abastecimiento de dicho recurso, oponiéndose a incrementos que no sigan esta línea.
Asimismo, propusieron reducir la nómina de los organismos operadores en un 5 por ciento por cada mil tomas de agua, así como una reducción en la misma medida al costo global de operación por el mismo número de tomas.
Además, que se destine el 10% del ajuste en el monto de las tarifas para la inversión en obras e infraestructura hídrica en los municipios, que la nueva legislación en materia de agua sea consensada con los diferentes sectores productivos del Estado y que para el nombramiento de los directores de los organismos se exija conocimiento y experiencia técnica en el tema.
