Esta mañana la Regidora municipal, Mónica Vega asistió al Ministerio Público para declarar como “testigo de cargo” en contra del Alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro y otros funcionarios, como parte de la denuncia que fue presentada por el Comité de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI) por las irregularidades del arrendamiento de los camiones recolectores de basura.
Detalló que esta acción tuvo que ver también debido a que los regidores del Partido Encuentro Social (PES) presentaron una queja ante Sindicatura para que se investigara la firma de los contratos de este arrendamiento de los camiones recolectores de la basura, y lo que presentó en su declaración fue lo que ha venido reconociendo del caso.
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Recordó que en esa ocasión se presentó esta queja debido a que se habían reservado los documentos pero que cuando tuvieron que subirlos a Transparencia se demostró que los contratos habían dejado “en un estado de indefensión” al municipio, y con más dudas que certezas sobre dicho arrendamiento y la declaratoria que hizo el alcalde “con el mismo sin ser perito competente en la materia”.
En ese sentido resaltó que ellos como regidores seguirán aportando las pruebas que sean necesario o sus testimonios por lo que les ha tocado vivir como Regidores en lo que va de este Ayuntamiento, es así que para este martes 14 el regidor Manuel Rodríguez Monarréz rendirá de igual manera su declaración y para el próximo miércoles 15 la realice el regidor José Manuel de Jesús Ampudia.
En cuanto al dinero que el Ayuntamiento se ha gastado por este arrendamiento, la regidora resaltó que el Municipio dio un anticipo de 9 millones de pesos y se han venido pagando alrededor de 5 millones de pesos al mes, a partir de abril, que se estableció el primer contrato firmado, en donde se establece que los camiones serán entregados de acuerdo a la solvencia de la empresa.
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Por su parte, el abogado y representante común del COCI, Rafael Cruz Manjarrez, resaltó que esta declaración de la Regidora viene sin duda a engrosar la denuncia que presentaron ellos debido a que “hay una violación en flagrancia al debido proceso administrativo”, esto desde su inicio del contrato hasta el momento.
La denuncia que tiene el Número Único de Caso (NUC) 0204-216-22079 se presentó también con la intención de que en su momento declare porque las personas que están suscribiendo el contrato de arrendamiento no tienen personalidad jurídica, no existe un dictamen ni una declaratoria emanada por una autoridad competente con atribuciones en calidad de peritos o profesionales para que la puedan emitir.
Además que las cotizaciones de los camiones recolectores de la basura tienen un costo de un millón 800 mil por unidad y en el arrendamiento rebasa de forma muy ventajosa a favor de la empresa Turbofin, entre otras, situaciones por las cuales, dijo, también se le finca responsabilidad a la Síndico Procurador, Ana Marcela Guzmán Valverde, debido a que ella está obligada a velar por los intereses del Ayuntamiento, cosa que no hizo en el momento de darse por enterada de que este contrato estaba dado fuera de todo marco legal, por lo tanto en su momento tuvo que haber detenido este procedimiento de contrato privado.
