La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) multó con 6 millones 680 mil 865 pesos a la empresa WPH Internacional, S.A. de C.V., por realizar el cambio de uso de suelo de terrenos forestales en dos predios ubicados en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, municipio de Mulegé, Baja California Sur.
La compañía, dedicada a la producción agrícola orgánica destinada al comercio nacional e internacional, también deberá reparar el daño ambiental ocasionado, por lo que tendrá que restaurar el sitio al estado en el que se encontraba previo al daño.
Lo anterior en caso de que la Semarnat niegue en un futuro las autorizaciones de dichos cambios de suelo, precisó la dependencia.
En un comunicado, detalló de los dos predios la superficie total afectada es de 109.05 hectáreas. En uno de los predios, con extensión de 8.45 hectáreas, se construyó una pista de aterrizaje, que se encuentra sin operar.
Mientras que en el otro predio, cuya superficie es de 100.6 hectáreas, se instalaron 22 unidades de producción agrícola orgánica e infraestructura de apoyo como cuarto de rebombeo, vivero, baños y comedor, entre otras instalaciones.
Con ello, se violó el artículo 163, fracción VII, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que señala que para efectuar el cambio de uso de suelo de terrenos forestales se requiere autorización.
Asimismo, se infringió la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como su reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental en los que se establece que se requiere autorización previa para lleve a cambio de uso de suelo forestal para actividades agropecuarias y para realizar obras en Áreas Naturales Protegidas.
Por otro lado, Profepa informó que la empresa obtenga dichas autorizaciones, deberá hacer la compensación ambiental del daño ocasionado, en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
La cual, consistirá en la inversión o las acciones que generen una mejora ambiental y sustitutiva de la reparación del año ocasionado al ambiente, y equivalente a los efectos adversos ocasionados por el daño.
Asimismo, Profeco recordó que en su momento interpuso la denuncia penal por estos hechos ante la Procuraduría General de la República. “Se han aportado ya las resoluciones administrativas emitidas por esta Procuraduría como dato de prueba en los hechos investigados”, agregó.
