La irregular venta de una fracción de terreno ubicado en medio de libramiento Rosas Magallón a la empresa transportista Altisa, es la razón por la que el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro solicitó al Congreso del Estado el juicio político en contra del ex alcalde Jorge Astiazarán Orcí.
Sin mediar aún una denuncia penal contra los ex servidores públicos implicados en la desincorporación del dominio público al dominio privado del predio menor identificado con la clave catastral CF-252-211 con superficie de 2 mil 894 metros cuadrados, aprobada por unanimidad en Sesión Extraordinaria de Cabildo efectuada el 18 de febrero de 2016, la Síndico Procuradora, Ana Marcela Guzmán Malverde y el Consejero Jurídico Municipal, Leonardo Martínez Delgado, presentaron la mañana de este miércoles tal requerimiento.
A un día de que se venciera el plazo para requerir inhabilitación en contra de funcionarios de la administración pasada por posibles irregularidades cometidas dentro de la administración del XXI Ayuntamiento, la fiscalía municipal consideró contar con los elementos suficientes para presentar la inhabilitación política del ex presidente municipal de Tijuana, así como de los regidores que integraron la Comisión de Desarrollo urbano, Obras y Servicios Públicos: Martín Plascencia Ávila, Omar Abisaid Sarabia Barraza Esparza, Martha Rubio Ponce y Jorge Alfredo Escobar Sánchez.
Guzmán y Martínez recordaron que dicho predio forma parte de un polígono mayor, el cual fue por el gobierno del Estado de Baja California al municipio de Tijuana en 2010, disponiendo en la cláusula segunda una reserva de dominio “para que sea destinado en su totalidad al funcionamiento de instalaciones relacionadas con la seguridad pública y actividades deportivas”, se lee en el documento.
El terreno en cuestión está ubicado sobre el Libramiento Rosas Magallón
El 15 de julio de 2016, el ex presidente municipal Jorge Astiazarán, realiza el contrato de compra-venta con Orlando Chávez Sevilla, apoderado de Altisa, por la cantidad de 4 millones 077 mil 761 pesos, protocolizada ante el notario público número quince de la ciudad de Tijuana, Baja California, “sin mencionar que existía una impedimento para su venta”, subrayó Guzmán Malverde.
En esas condiciones, el municipio debió requerir al Congreso del Estado autorización para poder desincorporarlo, y no lo hizo, agregó.
Cuestionada sobre porqué esperar un año para actuar en consecuencia sobre una irregularidad que ya era del conocimiento público, aún antes de que el gobierno de Gastélum asumiera la alcaldía de Tijuana, Guzmán Malverde anotó que porque se es estaban recabando las pruebas documentales para actuar en consecuencia.
Sobre la denuncia penal que dijo será interpuesta por esta misma causa no dio fecha, limitándose a exponer que “será en los próximos días” cuando se presenté.
Respecto al señalamiento del Dr. Astiazarán de que esta acción es solo “una cortina de humo para justificar la ineficiencia e ineficacia de la actual administración en todos los temas torales que afectan a los tijuanenses”, la Síndico sostuvo que no es así, sino que forma parte de la labor de investigación que lleva a cabo la dependencia a su cargo, la cual ya inhabilitó, por el mismo tema, al ex Oficial Mayor, Marco Antonio Dueñas.
Añadió que tampoco es con la intención lograr una inhabilitación para impedir a Jorge Astizarán el poder competir en los próximos comicios electorales, toda vez que eso “corresponderá al congreso determinarlo”.
Al respecto, el ex alcalde Jorge Astiazarán compartió a ZETA estar tranquilo, en espera de ser notificado oficialmente de esta acción en su contra para poder responder legalmente, “yo no me escondo porque no hicimos nada fuera de la ley. De seguro es una cortina de humo”, reiteró.
