Lo malo de tener una procuradora con licencia de magistrada, es que ni saca las manos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, ni se concentra en la Procuraduría General de Justicia del Estado. No queda bien en ningún lado, no genera resultados en la PGJE, ni acuerdo en el Poder Judicial, pero sí aparenta controlar todo.
En efecto, Perla Ibarra del Socorro, la procuradora general de Justicia de Baja California, sigue con un lado del corazón político en el TSJE. Hace unas semanas, dejó en pausa -una vez más- sus trabajos al frente de la fiscalía del Estado, para concentrarse en cabildear a favor de su amiga Columba Amador, y en contubernio con la magistrada María Esther Rentería, para que la primera fuera designada magistrada por el Congreso del Estado. Lo logró.
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Con ese éxito, cuando cualquiera hubiese pensado que la licenciada Ibarra Leyva ya se dedicaría, ahora sí, a procurar justicia para Baja California, porque esa es la consigna que le confirió el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, y por la que se le pagan 90 mil pesos al mes, sucede que no.
Hace unos días, cuando se venció el periodo para el que fue designado por parte del Ejecutivo estatal y en calidad de consejero de la Judicatura del Poder Judicial, a Gerardo Brizuela Gaytán, en la oficina del gobernador debieron analizar a quién le otorgarían esa posición, pues es facultad exclusiva del Ejecutivo estatal nombrar a alguien para que apoye en la administración del recurso del Poder Judicial.
Se barajaron varios nombres, pero de entre todos destacaba el del secretario particular del gobernador, Miguel Ángel Bujanda. El funcionario, dicen quienes le conocen, ya se hacía despachando en el Poder Judicial. Pero el requisito de la edad le jugó en contra y ni tiempo de cambiar la Ley para que uno de los principales aliados del mandatario llegara al Consejo de la Judicatura.
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Es justo mencionar que la abogada Dora Iliana García, no apareció en ninguna lista. De hecho ni conocida ni colaboradora es del gobernador, pero ella tenía dos barajas bajo la manga. Había sido proyectista de la magistrada Perla Ibarra, y cuando esta dejó el Tribunal para ser ungida procuradora, se fue de su secretaria particular; hacía de todo, desde cargarle el maletín, contestarle el teléfono, atender sus citas, programar sus entrevistas, hasta ser el enlace entre la fiscal y la primera dama del Estado, Brenda Ruacho.
Esos dos factores fueron suficientes y de peso para que, de no ser considerada en la lista a ser consejera de la Judicatura, Dora Iliana García pasara al número uno para la consideración del gobernador.
La aliada de la procuradora fue la carta oculta que no vio Daniel de la Rosa Anaya, cuando para dejar la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, le ofrecieron el espacio que dejaría Brizuela en el Consejo de la Judicatura. Abogado de profesión, en efecto De la Rosa había presentado su renuncia un año atrás al gobernador, pero esta no fue aceptada. Por alguna razón que el mandatario y los suyos conocen, le pidieron esperar. Así lo hizo.
Cuando se abrió la vacante en el Consejo de la Judicatura, no dudaron ese espacio como un lugar para “resguardar” a De la Rosa. Así se lo hicieron saber.
Ese fue el acuerdo entre gobernador y secretario de Seguridad: entregaría la SSPE y le darían el asiento en la Judicatura. Incluso Daniel de la Rosa le dijo a quienes se lo preguntaron, especialmente a los líderes empresariales y del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que no se preocuparan por él, que quedaría muy bien, que ya verían. Otro que ya se hacía en el Consejo dela Judicatura.
Pero como en política la traición es deporte, y la mentira diversión, cuando De la Rosa aceptó renunciar, o que lo despidieran, como dice el gobernador Vega, entregó el documento y se hizo pública su salida, se enteró de la verdad. Él no podía ser consejero de la Judicatura porque la Ley estipula que quien aspire a ocupar esa posición, debe acreditar “no haber ocupado cargo de elección popular, ni haber ocupado cargo de dirigencia de algún partido político, o haber sido titular de una dependencia o entidad de la administración pública federal, estatal o municipal”.
En su calidad de secretario de Seguridad, Daniel de la Rosa estaba impedido para ser designado consejero de la Judicatura por el gobernador. Así se lo hicieron saber. Casi casi, “ni modo mi amigo, nos fallaron los requisitos”, cuando ya había presentado su renuncia o aceptado el despido, y Gerardo Sosa Olachea había tomado posesión como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
La posición, pues, le sirvió a Vega de Lamadrid para sacar a De la Rosa y a la procuradora para ubicar ahí a su leal Dora Iliana García, su secretaria particular, una abogada egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, que cursa una maestría en CETYS Universidad (de acuerdo a su currículum), que ha ascendido en el trabajo dentro de la prevención, la procuración de justicia y la administración de la justicia, a la sombra de la licenciada Perla del Socorro Ibarra Leyva, a quien sirvió en calidad de asistente cuando esta fue secretaria de Seguridad Pública de Tijuana, con Francisco Vega de Lamadrid como alcalde.
Después García Angulo fue coleccionando trabajos conforme su jefa fue ascendiendo. Ibarra la arropó cuando fue coordinadora estatal de Averiguaciones Previas, y a ella la nombró primero agente del Ministerio Público del Orden Común, adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas, y después la nombró directora de Averiguaciones Previas cuando Perla Ibarra fue subprocuradora de Zona en Mexicali, tiempo en el cual también fue nombrada agente del Ministerio Público del Orden Común, auxiliar de la subprocuradora de Zona con sede en Mexicali, y agente del Ministerio Público adscrita a la oficina de la titular, coordinadora del grupo de implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Cuando Ibarra Leyva llegó al Poder Judicial en calidad de magistrada, Dora Iliana García fue contratada como secretaria de Estudio y adscrita a la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, y cuando Ibarra salió de ahí para ser procuradora, la nombró secretaria particular, hasta ahora, que decidió hacerla consejera de la Judicatura, mientras Daniel de la Rosa creía en el acuerdo del gobernador.
Lo único que no ha hecho la procuradora en estos meses, es encabezar las investigaciones ministeriales bajo su responsabilidad, para generar órdenes de aprehensión contra los principales objetivos del crimen en el Estado, los sicarios del Cártel de Sinaloa, del Cártel Jalisco Nueva Generación y de los Arellano Félix, culpables del 80 por ciento de los homicidios en Baja California, pero ninguno, con orden de aprehensión. Ninguno.
Tal parece que la distracción de Perla del Socorro Ibarra es el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ahí donde se dedica a meter a amigos y protegida. Mientras los criminales andan impunes por toda la entidad.
