El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informar sobre su actuación el pasado 30 de junio de 2017, en la Sindicatura de Villa Unión, municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa, en donde murieron 17 personas y cinco policías municipales resultaran heridos, y de no tener informes al respecto, le instruyó hacer una búsqueda en la Tercera Zona Militar.
Ello a raíz de que un particular solicitó conocer el reporte de los hechos consignados en el parte o informe levantado; así como el punto exacto en donde ocurrieron los hechos; las patrullas militares encargadas de cubrir ese turno y el sector rural; así como el número de policías militares, ministeriales, estatales y de la Secretaría de Marina (Semar), involucrados en el operativo, precisando, además, en qué consistió su actuación.
En respuesta, la Sedena dijo que no localizó ningún documento relacionado con la materia de la solicitud, por ello el ciudadano se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI, y señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con registros de todos los eventos donde participa su personal.
En alegatos, la Sedena reiteró su respuesta y precisó que el personal militar participó después del enfrentamiento, sólo en la búsqueda de los agresores sin obtener resultados. Respecto de la actuación de las otras dependencias, orientó al particular a dirigir su solicitud a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Fiscalía del estado de Sinaloa y a la Semar.
Al presentar el caso ante el Pleno, la ponencia de la comisionada del INAI, Areli Cano Guadiana, afirmó que la seguridad pública y la manera en que el Estado asume su responsabilidad de garantizarla, se ha convertido en una de las exigencias más sentidas de la sociedad.
Además, señaló que dichas acciones se han reforzado mediante la coordinación interinstitucional entre las diferentes dependencias que tienen el monopolio legítimo de la fuerza, entre ellas el Ejército, por lo que destacó la necesidad de conocer datos que den cuenta de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad.
Sin embargo, Cano Guadiana dijo que la Sedena no cuenta con facultades para conocer del despliegue de otras instancias en los operativos en los que participa, como es el caso de las policías ministeriales estatales y de la Marina.
No obstante, sobre la inexistencia de la información relacionada con la participación de la dependencia en los hechos, se determinó que no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en el Ley, ya que no turnó la solicitud a la Tercera Zona Militar, área que podría conocer los informes o partes relativos al actuar del sujeto obligado, dado que su jurisdicción se localiza en Mazatlán.
Además, el INAI abundó que se localizó un boletín de prensa del Gobierno de Sinaloa, fechado en julio de este año, en donde el secretario de Seguridad Pública local informó sobre los hechos y refirió haber solicitado el apoyo de todas las autoridades policiales, incluidos el Ejército, la Marina y la Policía Estatal Preventiva, instancias que de manera coordinada implementaron un operativo adicional, al cual se refirió la Sedena en sus alegatos.
Se concluyó que es de interés general conocer el número de militares involucrados en el operativo, así como el detalle derivado de los partes o informes respectivos para identificar en qué consistió la actuación militar en las labores de coordinación con las instancias militares en materia de seguridad.
El 3 de julio pasado, el subsecretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, rechazó que el hecho se haya tratado de una acción extrajudicial, luego de que este caso despertó opiniones en las redes sociales donde ciudadanos cuestionaron a las autoridades y exigieron que se esclarecieran los hechos.
Castañeda Camarillo afirmó que existen imágenes, evidencias y peritajes que reflejan que las muertes de los hombres armados se derivaron de enfrentamientos con la autoridad.
“La Fiscalía tiene a su cargo las investigaciones de los hechos, las declaraciones de los policías heridos, las armas aseguradas, vehículos y el reporte inicial del asesinato de dos personas en Villa Unión, previo a los enfrentamientos”, precisó en aquel entonces el subsecretario estatal.
Las 17 personas, que se trasladaban en tres vehículos diferentes, se encontraron con policías municipales de Mazatlán, con quienes sostuvieron un primer enfrentamiento. Por el ataque, según se estableció por la Secretaría de Seguridad, se inició una persecución dirigida por la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, que después se apoyó de elementos de la Policía Estatal, la Sedena y de la Marina.
El enfrentamiento terminó en la comunidad Aguaje de Costillla, a 8 kilómetros de Villa Unión, donde murieron las 17 personas, “relacionadas con el tráfico de drogas ilícitas en la zona serrana del sur del Estado”, según lo señaló el Gobierno de Sinaloa, a pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General reservaron la información sobre las operaciones de la supuesta organización delictiva.
Además, se informó que la Procuraduría General de la República atrajo la investigación de estos hechos. Asimismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación de oficio para determinar si hubo o no violaciones a los derechos humanos en los hechos registrados.
