Luego de la recomendación que emitió la CEDHBC al gobierno por el incendio en un asilo de Mexicali que dejó 19 muertos, el siniestro en la estancia “El Refugio” en Tijuana, donde siete personas fallecieron, demostró el incumplimiento oficial en una de las premisas fundamentales: revisar y regularizar todos los asilos de BC. “El Refugio” no estaba regularizado y llevaba más de 18 años ofreciendo sus servicios. Después del percance, el Ayuntamiento de Tijuana ha condonado un adeudo que impedía la regularización. Se confirma que CESPT tandea el agua en Tijuana, pues la “cortaba” al asilo de 6:00 pm a 6:00 am. La hipótesis sobre el incendio: un anciano que intentó suicidarse antes, y tenía un encendedor
Pese a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió en 2015 la recomendación 25/2015 dirigida a autoridades del Estado como las secretarías de Salud y Desarrollo Social, además de Protección Civil, por los hechos ocurridos el 23 de junio del mismo año en la residencia para personas adultas mayores “Hermoso Atardecer” en Mexicali, donde 19 personas perdieron la vida, estas dependencias de gobierno incumplieron con la prescripción.
Esto debido a que, como se manifestó en dicha recomendación, se tenían que haber “regulado todas las residencias para personas adultas mayores públicas y/o privadas en todo Baja California, a efecto de que cumplan con todos los lineamientos para su operación”, sin embargo, el asilo “El Refugio”, que el viernes 27 de octubre sufrió un incendio en el que fallecieron siete personas y una más se encuentra gravemente herida, no estaba regulado.
Llevaba más de 18 años operando de manera irregular al no contar con el permiso de uso de suelo; el predio había sido donado por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), y en la revisión de 2015 se dieron cuenta de un adeudo de 297 millones, pues estaba clasificado como terreno baldío y no de uso común. Pidieron ayuda al gobierno para la disminución del adeudo, pero no lo lograron. Para solventar la irregularidad, justificaron los del asilo, se dedicaron a cumplir con la normatividad que regula esas casas, precisamente para no ser acreedores a otra revisión o multas.
Explicaron que su personal recibió capacitaciones y cursos en instancias como Desarrollo Social o Protección Civil, para evitar “la repetición de hechos” de Mexicali, que llevaban más de tres años apegándose a la normativa de garantizar la seguridad y estancia de los internos, tratando con ello el poder regularizarse.
Fotos: Manuel Ayala.- Expectantes internos del asilo observan frente a ellos el espacio consumido por las llamas
Sin embargo, con las precauciones, cursos tomados y disposición de los directivos del asilo, no pudieron salvar la vida de siete personas. Ante ello, Miguel Ángel Guerrero, coordinador de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), dijo que de momento no había responsabilidad alguna para el asilo, que en el pericial de Bomberos prevalecía la versión de los trabajadores sobre que un anciano había provocado el incendio. Que no había responsabilidad para el local, porque estructuralmente y el personal, habían cumplido con todos los requisitos para el resguardo y seguridad de los ancianos.
“El Refugio” ya contaba con el antecedente de haber sufrido un incendio en 2007, derivado de un accidente en el que por fortuna no hubo pérdidas humanas, solamente materiales.
Labor humanitaria desde hace 18 años
Ubicado en la calle Camino al Rancho sin número, en la colonia Flores Magón de la delegación San Antonio de los Buenos, el asilo “El Refugio” fue fundado en 1999 por el pastor Jesús Mondragón Martínez, actual director del mismo, con la intención de albergar a personas de la tercera edad, pero también a aquellas en situación de calle y discapacitadas.
Actualmente es uno de los 30 asilos registrados por la Secretaría de Desarrollo Social en Tijuana y el más grande de ellos, con una población de 164 personas hasta el día del incendio.
Sobre el trabajo que realizan, Mondragón Martínez compartió a ZETA que estas personas las canalizan de la calle, sobre todo a aquellos que no tienen hogar, asimismo, el Hospital General se los lleva cuando los abandonan sus familias y la Policía se los entrega porque andan deambulando en las calles.
Destacó que desde hace tres años Protección Civil municipal les hizo revisiones para garantizar la seguridad de tal cantidad de personas, pero se toparon con que “el predio no está regularizado” y, aunque le pidieron constantemente al gobernador Francisco Vega de Lamadrid y a las autoridades municipales que los ayudaran a regularizarlo, hasta la fecha “no se pudo avanzar mucho en esa área”.
Pese a falta de regularización, asilo contaba con requerimientos
A pesar de ello, el pastor y los integrantes de su congregación no se limitaron a esperar una respuesta por parte de las autoridades, y por su cuenta -como dicta la Ley, aunque no estuvieran regularizados-, reacondicionaron el sitio con extintores, detectores de humo, alarmas, señalamientos, salidas de evacuación, entre otras cosas.
Factor que tanto ellos como las autoridades municipales consideraron importante, pues les permitió controlar el siniestro que se presentó el viernes 27 de octubre por la madrugada, y fue determinante para que el número de víctimas no fuese mayor.
Francisco Padrón Margarito, quien lleva un año como encargado del asilo, narró que esa madrugada, alrededor de la una de la mañana, escuchó el sensor de humo y corrió a ver de qué se trataba; el humo venía del área de Enfermería, la cama del centro estaba en llamas. Observó cómo el fuego se expandió rápidamente hacia todos lados.
Marcó al 911 para dar el reporte, mientras otros compañeros tomaron baldes y cubetas para lanzar agua al fuego, y otros más tomaron los extintores para contribuir en ello; incluso vecinos y “malandros de los que a veces intentan meterse a robar” brincaron la barda para ayudar.
Detalló que mientras unos trataban de apagar el fuego, otros más abrieron las puertas de los cuartos y comenzaron a desalojar a los internos hasta llevarlos a la calle, incluso una vecina los estuvo recibiendo en su casa para resguardarlos.
Unos treinta minutos después que inició el incendió, llegaron elementos de la Policía Municipal y Francisco cuenta que “los malandros se desaparecieron” por temor a ser aprehendidos, cinco minutos después llegaron los Bomberos, cuando ya habían sofocado en gran medida el fuego. Tomaron el control e impidieron que se propagara hacia la habitación contigua.
Alfredo Carabeo (derecha) lleva 15 años sin ver a sus hijos.
Dentro del área de Enfermería había ocho personas, quienes no pudieron salir del lugar a tiempo ni pudieron ser sacados, debido a que todos padecían de alguna discapacidad. Las personas que fallecieron en el lugar por broncoaspiración fueron:
* Gloria Medina Pérez, de 78 años de edad (Culiacán, Sinaloa).
* Patricia Martínez Zapari, de 64 años (Tijuana).
* María de los Ángeles Berver Velázquez, de 77 años.
* Consuelo Rentería del Real, de 86 años (Tepic, Nayarit).
Quienes fallecieron por quemaduras:
* Juan Torres Ramírez, de 63 años.
*Jaime Zamora, 73 años (Guadalajara, Jalisco).
Los dos que quedaron gravemente heridos:
* Antonio Razo, quien falleció el lunes 30 de octubre en el Hospital General.
* Gabriel Ignacio Acosta Farías, quien sigue internado en la Clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
No tenían agua durante el incendio; CESPT la “cortaba” diario hasta por 12 horas
El encargado del asilo manifestó que no tenían agua en el momento del incendio, debido a que la CESPT se las venía cortando todos los días de 6:00 pm a 6:00 am.
Tenían agua almacenada porque una de las personas internas de manera “renuente” llenaba unos baldes con agua todos los días, fue lo que pudieron utilizar -aparte de los extintores- para sofocar las llamas, de no haber sido así, tanto el director como el encargado del asilo consideran que el fuego se hubiera propagado rápidamente y la situación “hubiera sido más fatal”.
El Cuerpo de Bomberos compartió a ZETA que el hecho de no haber tenido agua en el lugar no era factor para que se hubiera propiciado un incendio de mayores proporciones, porque hay ocasiones en que los incendios provocados por cuestiones eléctricas, al momento de echarles agua, causan más daño.
En ese mismo tenor, Miguel Lemus Zendejas, director de la CESPT, aceptó que efectivamente no tenían agua en el lugar, pero que ello se debía a que el servicio se estaba dando de manera intermitente porque había baja presión, sin embargo, señaló: “Qué se hubieran ganado teniendo una manguerita para riego, esa no te apaga un incendio, porque el agua para incendio está en los hidrantes”.
Incendio fue provocado
Miguel Ángel Guerrero Castro, coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de la PGJE, expresó en rueda de prensa celebrada el miércoles 1 de noviembre que el dictamen pericial que emitió el Cuerpo de Bomberos refiere en su conclusión que las causas que originaron el incendio fueron intencionales.
No hay un señalamiento directo contra alguna de las personas que se haya visto prenderle fuego a alguno de los objetos, como tampoco un cortocircuito se llevó a cabo, ni existió algún acelerante inflamable para propiciar el incendio.
Aspecto del área consumida por las llamas
Lo que sí se tiene contemplado y se sigue investigando es que una persona de la tercera edad, que tenía dos días de haber ingresado al lugar tras una estadía en el Hospital General, procedente de Estados Unidos, había intentado quitarse la vida aventándose de un piso y resultó lesionado de la cintura. Tenía un encendedor en la mano y el personal se lo quiso quitar, pero lo escondió en una parte de su cuerpo, creen que esa pudo ser la causa del incendio en “El Refugio”.
Al llevar a cabo los peritajes por parte de Bomberos y del área de Homicidios, se localizó el encendedor debajo de la cama donde dormía esta persona, de nombre Juan Torres Ramírez –uno de los seis fallecidos en el lugar-, sitio cercano adonde se originó el incendio, por lo tanto, se sigue investigando para determinar si los hechos sucedieron de esa manera.
Resaltó que hasta el momento el mismo dictamen de Bomberos no señala que hubiera una falla en las instalaciones, lo cual propició el incendio, por lo tanto, se puede determinar que fue intencional, que alguien lo provocó y eso es precisamente lo que están tratando de esclarecer.
Autoridades ahora pretenden ayudar; CEDHBC abre expediente
Pese a que había una recomendación para regularizar los asilos, en DIF Estatal compartieron a ZETA que actualmente no existe una regulación estatal ni federal para el funcionamiento de los asilos en cuanto a la atención de los adultos mayores que los obligue a ello, sin embargo, hay una Ley de Protección Civil que los regula.
José Rito Portugal Servín de la Mora, director de dicha dependencia, confirmó que efectivamente esta Ley obliga a tener un programa interno en cada instancia de este tipo, el cual no tenían en el asilo al no contar con el permiso del uso de suelo, sin embargo, en la revisión de las instalaciones encontraron que todo estaba conforme a lo que se establece.
Enrique Méndez Juárez, subsecretario del Gobierno del Estado, mencionó que ellos por ahora solamente están enfocados en apoyar a las familias y a los responsables del asilo para esa regularización, comentario que comparten Juan Manuel Gastélum Buenrostro, alcalde de Tijuana, y Carlos Gopar Uribe, director de Bomberos.
El área de Enfermería, donde se sucitó el incendio
Jesús Mondragón Martínez confirmó a este Semanario que el miércoles 1 de noviembre le avisaron por parte de Gobierno del Estado que le condonarían el adeudo de 297 mil pesos, por lo que ya inició el trámite para regularizar el asilo y obtener su registro de manera oficial, además, las autoridades también facilitarían los servicios funerarios a los familiares de las víctimas; solamente se han presentado a pedir información de cuatro de los fallecidos.
Pese a estas “consideraciones” con el asilo, el mismo día del incendio la CEDHBC abrió el expediente con folio 4417/2017 para realizar una investigación que se enfoque en determinar si en este hecho existe alguna responsabilidad por parte de alguna de las autoridades referidas previamente, en razón de saber si hubo alguna omisión en sus funciones y en su caso, de ser necesario, emitir una nueva recomendación.
