Política Breve y de Emergencia
El 2 de diciembre de 2012 las principales fuerzas políticas de nuestro país firmaron un acuerdo al que denominaron “Pacto por México”, en él dejaron en claro la voluntad de los participantes por la aprobación de las muchas veces denominadas “reformas estructurales”; desde luego el acuerdo llevó implícito “opinión política favorable” de todas las partes. Lograda la mayor parte de las reformas a los partidos ya no les interesó honrar su palabra ni el gobierno se vio en la necesidad de conceder más favores políticos.
Previamente a la firma, en octubre del 2012, a propuesta del aún equipo de transición del presidente electo Peña Nieto, se reunieron los futuros secretarios de Gobernación y de Hacienda, con los presidentes de los partidos políticos de Acción Nacional, de la Revolución Democrática y el Revolucionario Institucional, para acordar fondo y forma de lo que el futuro gobierno consideraba entonces, su gran apuesta de transformación.
De esa manera se incorporaron a los trabajos del Pacto por México: Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio (del PRI-equipo de transición), Gustavo Madero y Santiago Creel (del PAN) y Jesús Zambrano y Jesús Ortega (del PRD) y en la parte técnica Aurelio Nuño del equipo de transición y del PRI, Juan Molinar del PAN, Carlos Navarrete del PRD y José Murat.
En el mediano plazo la estrategia del naciente gobierno dio frutos; las reformas Educativa, Hacendaria, Energética, de Telecomunicaciones, Financiera, la Laboral, Política y la de Transparencia, que por 15 años habían sido obstaculizadas por diferentes partidos y gobiernos, fueron aprobadas con la participación de los integrantes del Pacto, si bien no en todos los casos con el voto de consenso, sí con el análisis y discusión de los integrantes y el resto de las bancadas en el Congreso. Sin sorpresas.
En el caso de los partidos y sus bancadas tanto en el Senado como en la de Diputados, todos contaron con los acuerdos favorables para los presupuestos discrecionales de gestión distrital y por grupo parlamentario; los “atorones políticos” como el de la elección de gubernatura en Baja California y las gestiones de obra pública de los gobiernos no priistas, todos, todos transitaron en acuerdo concretado en las oficinas de Bucareli.
Pero llegaron los tiempos de la presentación del Paquete Financiero 2015 y el presidente Peña Nieto sometió al Congreso su propuesta donde pretendía que todo transitara como desde 2012, pero las diferencias internas de los “colaboradores políticos” y sus necesidades de posicionamiento electoral, hicieron intransitable los acuerdos de ningún pacto. A los opositores les urgió el deslinde de las formas de gobierno y al gobierno le subió la soberbia del ejercicio del poder, por conveniencia particulares, se reventaron los acuerdos.
Y entonces 2016 trajo para el PAN los mejores resultados en las elecciones de los estados de toda su historia, independientemente del análisis que pudiera hacerse a las causas de los triunfos en 7 de las 12 gubernaturas en disputa, la realidad es que nadie esperaba ni remotamente un resultado de tal magnitud, el panismo asoció al presidente Ricardo Anaya junto con la nueva actitud asumida en la relación con el gobierno federal, a los excelentes resultados y se buscaron las alianzas opositoras para enfrentar y confrontar al PRI y su gobierno.
Solo que a la cadena de afortunados eventos panistas, se le atravesaron las elecciones 2017 del Estado de México y de Coahuila, un triste tercer lugar en el caso mexiquense y una cuestionable, muy cuestionable derrota jurídico-electoral en el caso de los coahuilenses. Sin pacto, sin acuerdos de real política, sin llamadas ni mucho menos visitas a Bucareli, no hay orden “meta constitucional”, no hay hilos que se tensen para obligar al orden e impedir la gandaya de los caciques.
Valdría la pena el recapacitar político de todos los actores con responsabilidad en la verdadera toma decisión precisamente ahora que se discute el presupuesto 2018, porque después no habrá más oportunidad de acuerdo obligado y en el camino hasta la elección presidencial tal vez algunos extrañen enormemente el Pacto por México.
Que la historia lo registre.- El camino al perfeccionamiento de la norma jurídica es permanente y desde luego dinámico. En materia electoral en BC, la ley y sus reglamentos se han reformado previos a procesos electorales. Las peores derrotas del PAN en las urnas han llegado cuando al marco jurídico nada se le mejoró.
Botón rojo.- Si los aspirantes a una candidatura independiente a la presidencia de la república no reúnen las firmas de apoyo suficientes para su registro, ¿estaremos ante una contra reforma electoral?
Salvador Morales Riubí, político tijuanense, ha sido funcionario municipal y estatal. Actualmente es empresario y consultor en temas de salud y relaciones públicas. Correo: smriubi@yahoo.com
