Con el objeto de hacer uso del derecho de réplica que establece el primer párrafo del Artículo 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por este conducto me permito solicitarle, tenga a bien publicar la presente aclaración en su medio, misma que se deriva de su diversa nota publicada en la página 59-A, del Semanario ZETA, en su edición de la semana del 3 al 9 de noviembre. Dicha nota firmada por el reportero Antonio de Jesús Cervantes G., en Ezenario BCS, cabecea la nota como “Diputados faltistas”, y en ella se despliega una tabla que consta de las faltas de los legisladores.
En dicha nota se omite decir que las faltas de los diputados son por representar al Congreso del Estado en actos oficiales, por sostener reuniones de trabajo en sus distritos o fuera del recinto legislativo, o para acompañar en giras de trabajo al Ejecutivo del Estado, sobre todo, cuando se entregan obras en los diversos distritos electorales. También existen inasistencias por licencias médicas, cuando los legisladores tienen problemas de salud.
Así las cosas, de las 349 inasistencias que se señalan, lo correcto es señalar que son 343, las cuales han sido justificadas. De esas mismas inasistencias, ocho han sido por representaciones oficiales, 175 por reuniones de trabajo, 65 por licencias médicas y 95 por asistir a giras de trabajo del Ejecutivo en los distritos electorales.
Ahora bien, de las 163 sesiones legislativas, si se contabilizara el 100% de las asistencias de los 21 diputados, encontraríamos que serían 3423 asistencias, de las cuales, las faltas -343- representan el 10%; aunque, como ya se explica, las mismas son inasistencias justificadas y se encuentran insertas dentro de los trabajos inherentes que los diputados realizan.
La nota pareciera que pretende hacer pasar a los diputados como si no trabajaran, lo cual no es así, ya que la presente Decima Cuarta Legislatura ha sido muy productiva a favor de la sociedad; pues, al corte de agosto de 2017, se han presentado 339 iniciativas con proyecto de decreto, 123 puntos de acuerdos, de los cuales se han aprobado 172 decretos y 84 puntos de acuerdo; acciones legislativas que han tenido una repercusión positiva en la vida jurídica, política, social y económica de nuestra entidad federativa. Ello, sin mencionar a las decenas de pronunciamientos presentados por los legisladores para posicionar sobre diversos temas de la vida pública estatal.
Destacándose la emisión de nuevas leyes como: Ley de Mejora Regulatoria, Ley de Fomento Económico y Competitividad, Ley de Asociaciones Público Privadas, Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; Ley de Instituciones de Asistencia Privada, Ley de Asistencia Social, Ley de Desarrollo Social, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley de Participación Ciudadana en la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, Ley de Servicios de Seguridad Privada, Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Ley de los Derechos Humanos, Ley de Desarrollo Cultural, Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios.
Asimismo se han aprobado reformas al Código Penal para establecer los delitos en materia anticorrupción, reformas a la Constitución Política del Estado para la creación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, elevando a rango constitucional, el derecho humano de la participación ciudadana en materia de prevención de la violencia y la delincuencia; considerando de interés público, el desarrollo rural sustentable; el establecimiento de la base constitucional del sistema estatal anticorrupción en el contexto y bajo los principios del sistema nacional anticorrupción; la creación de un nuevo pacto fiscal entre Estado y Municipios, reasignando potestades tributarias al Estado en materia de control vehicular, registro público y registro civil que han sido positivas para el Estado y los municipios, ya que hoy reciben mayores recursos para atender a los sudcalifornianos; para establecer el aprovechamiento al turista por el uso de la infraestructura pública, del cual, el 95% de lo que se recaude, se utilizará para el fortalecimiento de la Seguridad Publica, Salud, del Apoyo al Empleo, Deporte, Desarrollo Agropecuario y Pesquero, de la Infraestructura Turística, Vivienda, Educación y Cultura en el Estado, entre mucha otras reformas relevantes que impactan positivamente la vida de los sudcalifornianos.
Además, la Legislatura, en estos últimos dos años, ha cumplido con su función de ratificar y aprobar nombramientos de funcionarios de la administración pública estatal, Poder Judicial y órganos autónomos. También ejerce cada año sus facultades de fiscalización, revisando los dictámenes e informes de cuenta pública, correspondientes a instituciones y dependencias del Gobierno del Estado, ayuntamientos, Poder Judicial e Instituciones y Órganos Autónomos, garantizando con ello que los ciudadanos tengan la certeza de que sus representantes cuidarán que los dineros de la población sean bien aplicados en beneficio de la sociedad. Además, en este año 2017 se desahogaron las comparecencias públicas ante el Poder Legislativo de diversos funcionaros estatales, con el objeto de ampliar y pormenorizar la información de cada uno de sus ramos, contenida en el Primer Informe de Gobierno, presentado por el Gobernador del Estado.
Tanto en 2015, como en 2016, se han aprobado en tiempo y forma los paquetes fiscales que le permiten al Gobierno del Estado y los ayuntamientos, brindar los servicios que demanda la población, pues este trámite pasa por la aprobación del Poder Legislativo. Este año 2017 será de la misma forma, pues se analizará con mucha responsabilidad el paquete fiscal 2018 que presentó el Poder Ejecutivo, así como las propuestas de tablas de valores y leyes fiscales de los ayuntamientos.
Asunto no menor es la estrecha relación y comunicación del Congreso con la sociedad, a quien cada año reconoce a través de la entrega de las Medallas María Dionisia Villarino Espinoza, el Premio Estatal de la Juventud, Medalla al Mérito Cultural, Medalla al Mérito Científico y Tecnológico; Medalla al Mérito a la Discapacidad, Medalla al Mérito Deportivo, Medalla al Mérito Periodístico, Reconocimiento a los Donadores Altruistas de Sangre, Prevención del Suicidio, y la organización de los Parlamentos Infantil y de la Juventud.
Los diputados, como se expone, no solo se circunscriben a presentar iniciativas, sino que también realizan un trabajo en comisiones para dictaminar leyes, aprobar presupuestos y fiscalizar el gasto público, además de realizar trabajo de gestión social en sus distritos, algo que es innegable, pues hay constancia de ello.
Adicionalmente a ello, creemos importante informar que gran parte de las dietas que los legisladores perciben, se otorgan como apoyos asistenciales a vecinos de los cinco municipios que diariamente visitan las oficinas de los legisladores en La Paz, o bien, cuando los abordan en las colonias o comunidades de sus distritos para solicitarles apoyos en materia de salud; alimentación, de traslados en avión, barco, camión; becas estudiantiles y para centros de rehabilitación; apoyos para festividades en pueblos y rancherías, apadrinamiento de clausuras, apoyos para premiaciones en eventos deportivos, y muchos otros apoyos que los diputados otorgan durante su ejercicio legislativo.
Asimismo, los recursos que los legisladores perciben también los utilizan para trasladarse a las diversas comunidades de sus distritos, para atender planteamientos o llevar apoyos, realizar reuniones de trabajo e informes legislativos, algo que realizan frecuentemente y de lo cual se pude dar cuenta en diversos medios informativos, o preguntándole a la propia gente que visita y apoya constantemente. En suma, las cantidades exorbitantes que se mencionan, gran parte de ellas se destinan a la gestión, asistencia social y al desarrollo propio de su trabajo.
En síntesis, el Congreso del Estado de Baja California Sur y sus Diputados están cumpliendo con su encomienda de aprobar leyes, fiscalizar el gasto y generar acuerdos para el bienestar de los sudcalifornianos. Estamos abiertos a la crítica sana, sabemos que existe una sociedad que demanda resultados de sus instituciones, lo expuesto da cuenta de ese trabajo que realiza uno de los Poderes Públicos de Baja California Sur, encargado de la actualización y modernización del marco jurídico.
Atentamente,
Poder Legislativo de la XIV Legislatura
Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas
Lic. Alfonso Gavito González, Director
Baja California Sur, noviembre 7 de 2017
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Respuesta del reportero
De la información que este medio solicitó al Congreso del Estado y el propio director de Comunicación contestó la solicitud de información con número de folio 323317 ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAI) de BCS, el titular de Comunicación Social, Alfonso Gavito, entregó la relación de faltas y asistencias de los legisladores. En ningún momento refirió la justificación de cada una de las inasistencias al recinto oficial; solo planteó Faltas Justificadas (FJ).
El Congreso reconoce que son 163 sesiones legislativas a las cuales tienen la obligación de asistir, los diputados con mayor ausentismo son: Marco Antonio Almendáriz Puppo tiene 45 inasistencias al Congreso, lo que es igual al 27.6 por ciento de inasistencia al recinto oficial; Araceli Niño López, con 25 faltas, tiene el 15.3% de inasistencia; Julia Honoria Davis cuenta con 24 faltas, lo que significa que faltó al 14.7% de las sesiones.
En tanto, el diputado Camilo Torres Mejía, del Partido del Trabajo, envió la solicitud de “réplica” para aclarar que no contaba con 21 faltas, sino que solo eran 19, es decir, dos menos a lo manejado por este medio.
De acuerdo con los datos brindados a través de la solicitud de información y la información recién brindada por Alfonso Gavito, los 21 diputados han costado en dos años de trabajo, 68 millones 544 mil pesos del erario público; además, menciona el Congreso del Estado que “si se contabilizara el 100% de las asistencias de los 21 diputados, encontraríamos que serían 3 mil 423 asistencias, de las cuales, las inasistencias -343- representan el 10%”.
De manera que en el Congreso del Estado cobraron, sin trabajar en el recinto oficial, 6 millones 854 mil 400 pesos.
