Sra. Adela Navarro
Codirectora del Semanario ZETA
En pleno ejercicio de mi derecho de réplica, ruego a Usted publicar en el siguiente número del Semanario ZETA, el presente escrito:
Con relación a la nota publicada por Isaí Lara Bermúdez, en la edición 2276, página 44-A de su prestigiado Semanario, titulada: “INE se instala en BC con defensor de secuestradores por tercera ocasión” (http://zetatijuana.com/2017/11/ine-se-instala-bc-defensor-secuestradores-tercera-ocasion/), mezclando mi labor como defensor de los derechos humanos de muchos años, con mi ratificación como Consejero Electoral del INE, para Baja California.
Le pregunto, señora Directora, ¿cuáles son los límites de la Libertad de Expresión?
Otra vez, como si hubiera un interés oculto de por medio, como lo hicieron el año pasado, en lugar de abrir un debate serio, civilizado y tolerante, el Semanario ZETA, utilizando sus páginas, se empeña en difamarme y lincharme mediáticamente por mi calidad de defensor de los derechos humanos que, por lo visto, incomoda.
Lo grave de este tipo de notas es que descalifican el trabajo de riesgo que realizamos los defensores, al igual que los periodistas, provocándonos un daño moral y colocándonos en situación vulnerable ante las autoridades, la opinión pública y sectores de la población que creen en este tipo de infundios.
Por otra parte, es muy grave y delicado REVICTIMIZAR a las víctimas de tortura, criminalizados por el Semanario ZETA y el periodista Isaí Lara, por enésima ocasión, sin darles la oportunidad, en virtud de que están privados de la libertad bajo proceso, de que puedan hacer valer sus derechos de réplica y a la presunción de inocencia ante esta sentencia mediática, aún antes que el propio juez de la causa (Ramiro Ramírez y Orlando Santaolaya, mencionados en la nota de Isaí, fueron absueltos por el fuero federal y no han sido sentenciados por el fuero común, por lo que, en pleno derecho, no son “secuestradores”).
Tal parece no importarle al Semanario que Ramiro y Orlando fueron beneficiados en el año 2015, con una Resolución del Comité contra la Tortura de la ONU (primera condena al Estado Mexicano emitido por esta instancia) y por una Recomendación de la CNDH, instancias que prueban, fueron torturados por el Ejército en Tijuana, para rendir declaración, cosa que está obligado a valorar el juez de la causa penal para emitir su sentencia.
Habrá que preguntarles si este es el periodismo libre e independiente que pregonan, baluarte de la Libertad de Expresión.
Además, también soy periodista en la categoría de “opinión”.
Por lo demás, no pretendo abrir un diálogo de sordos en su espacio editorial; doy por terminada esta comunicación, reservándome mi derecho de acudir a las instancias legales correspondientes.
Atentamente:
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.
Raúl Ramírez Baena, Director Ejecutivo
Mexicali, B.C., México
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Señor Raúl Ramírez Baena,
En la nota que Usted refiere, no se analiza el proceso judicial que está mencionando. Se da cuenta de su participación en el caso que con su misiva confirma y que ha hecho público su patrocinio, esto a la par de sus responsabilidades públicas en el ámbito electoral. La misión de ZETA es proveer a la sociedad y nuestros lectores, elementos para el análisis y la reflexión respecto a los hechos que suceden en la región y el país, así como dar los nombres de quienes los protagonizan, en este caso, Usted como integrante de un órgano del Estado.
Atentamente,
Adela Navarro Bello
César René Blanco Villalón
ZETA
