Con fondos de la Iniciativa Mérida, el Departamento de Estado estadounidense contratará a un consultor privado para que evalúe las condiciones y operación de las autoridades en al menos 12 y hasta 18 “puertos de entrada terrestre” en todos los estados fronterizos de México con Estados Unidos, entre ellos el de Tijuana-San Diego.
La revisión de EU será en colaboración con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las Secretarías de la Defensa (Sedena) y Marina (Semar), la Policía Federal (PF), y el Instituto Nacional de Migración (INM), así como de sus contrapartes estadounidenses.
Los resultados del proyecto también podrían aplicarse a la frontera sur de México, según la convocatoria para licitar la contratación publicada el 7 de noviembre, de la que dio cuenta el diario Reforma.
La idea es evaluar cruces como Del Río-Ciudad Acuña, Eagle Pass-Piedras Negras, Laredo-Nuevo Laredo, Tijuana-San Diego, Mexicali-Calexico, Douglas-Agua Prieta y El Paso-Zaragoza, aunque el contratista podría seleccionar otros, señaló el rotativo.
En la primera fase del nuevo proyecto, el consultor deberá desarrollar un estándar de medición que, una vez establecido, “será el soporte para el despliegue futuro de personal, tecnología e infraestructura, y para la identificación de opciones adicionales para incrementar la cooperación fronteriza en seguridad”.
Los puertos de entrada deberán ser clasificados de acuerdo a criterios como tamaño operacional, retos de seguridad y vulnerabilidades, tipo de viajeros, terreno que lo rodea y responsabilidades de los funcionarios clave.
La investigación estará basada en “entrevistas a fondo” con funcionarios mexicanos y sus colegas del lado estadounidense, así como grupos de enfoque. Y el reporte final sería entregado seis meses después de la adjudicación del contrato, según Reforma.
“El acceso a los funcionarios está garantizado por el Gobierno mexicano, que también dará su visto bueno a los estándares y herramientas de evaluación, en conjunto con el Buró de Asuntos Internacionales de Narcóticos (INL, por sus siglas en inglés), que es la oficina del Departamento de Estado que maneja recursos de la Iniciativa Mérida.”, señaló el medio.
