Tras una orden judicial emitida el 8 de noviembre para la suspensión provisional de la venta de terrenos en la delegación El Sauzal que el XXII Ayuntamiento de Ensenada había sometido a subasta, el Juez Noveno de Distrito de Baja California finalmente determinó la suspensión definida de la pretendida enajenación autorizada por el Cabildo y con la que se pretendía obtener recursos para abonarle a la deuda con el Issstecali.
La propuesta presentada por el presidente municipal Marco Antonio Novelo, que fuera aprobada por unanimidad por el cuerpo de regidores, consistía en la desincorporación del régimen de dominio público de siete predios distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, mismos que representarían un ingreso aproximado de 115 millones de pesos, es decir, apenas el 10 por ciento de la histórica deuda con la paraestatal.
El Ayuntamiento todavía ni publicaba la convocatoria oficialmente –que tendría vigencia del 30 de octubre al 6 de noviembre- cuando reparaban y amenazaban frustrar el proceso los residentes de fraccionamientos como Colinas del Mar, Colinas del Sauzal y Cuatro Milpas, alrededor de ocho hectáreas cuyo mayor atractivo es su panorámica vista de cara al mar, con un precio base de subasta estimado en 36 millones de pesos.
Los residentes de El Sauzal, representados por el abogado Leopoldo Esteban Huerta, habrían manifestado a ZETA su inconformidad por lo que tacharon de un acto inconstitucional por parte del Gobierno Municipal, toda vez que la desincorporación de los bienes debieron llevarla a cabo después de demostrar que los mismos ya no son de utilidad y dejan de ser para equipamiento urbano, además que como comunidad no se les consultó. “Sí, aunque el Ayuntamiento efectivamente es propietario de dichos predios, su función es la de administrar, únicamente”, protestaron.
Por parte de Oficialía Mayor del Ayuntamiento argumentaron que los terrenos sometidos a subasta no estaban destinados ni para áreas verdes ni vialidades, y que los mismos ya habían pasado por todo un proceso de revisión, tras lo cual se determinó que no existía utilidad pública y se les designó como Bienes Inmuebles de Dominio Privado, susceptibles de venta.
Dijeron que los colonos más bien estaban desinformados y que en todo caso, habría que apelar al bien común, que es la jubilación pendiente para cientos de burócratas, contra el de particulares, en este caso permeados por la sospecha y poca transparencia.
Hasta que el Juez Noveno de Distrito, Alexis Manríquez Castro, concedió a los vecinos la suspensión definitiva, tras la demanda de amparo promovida por éstos el pasado 25 de octubre, pidiendo la revocación del acuerdo de Cabildo.
El Juez determinó que la decisión del Ayuntamiento quedó desvirtuada con el contenido de la convocatoria pública del 2 de octubre de 2017 elaborada por el Pleno del Cabildo, pero con la resolución se establece que el Ayuntamiento debe abstenerse de firmar algún contrato relativo a la subasta pública.
No obstante, el Juzgado de Distrito condicionó la suspensión definitiva a que los quejosos otorguen en garantía de 3 millones de pesos para evitar ocasionar daños y perjuicios a terceros en caso de que la sentencia no fuera favorable. Los vecinos advirtieron que impugnarán esta condicionante.
