El presunto autor intelectual del homicidio
de la periodista chihuahuense Miroslava
Breach argumenta que padece enfermedades
mentales. Mientras sus sentencias
condenatorias por delito electoral y
delincuencia organizada son impugnadas, está
pendiente de ser extraditado a Estados Unidos,
donde una Corte texana le procesará por
asociación delictuosa por introducir cocaína a
ese país
Adán Salazar Zamorano, conocido como “Don Adán”, señalado como uno de los autores intelectuales del homicidio de la periodista chihuahuense Miroslava Breach Velducea -corresponsal de La Jornada en Chihuahua y colaboradora del periódico Norte de Ciudad Juárez-, preso en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, pretende probar que debido a su edad, más de 70 años, su memoria se ha deteriorado y no recuerda episodios de su vida.
El hombre nacido en Chínipas, Chihuahua, en 1944, fue el líder fundador del grupo criminal de “Los Salazares”, al lado de su hermano Crispín Salazar, luego de que a finales de los años noventa formaron parte de la organización delictiva de “Los Güeros” en Sonora, donde se establecieron desde su juventud. Al participar con el Cártel de Sinaloa desde 2009, lideraron al clan Gente Nueva tanto en Sonora como en Chihuahua.
De acuerdo con información publicada por El Heraldo de Chihuahua el 11 de octubre último, Adán -detenido en febrero de 2011 junto con su hijo Jesús Alfredo Salazar Ramírez “El Pelos”- y Crispín Salazar Zamorano, son los autores intelectuales del asesinato de Breach, perpetrado el 23 de marzo de este año en calles de la Capital del Estado Grande.
En una nota firmada por la valiente periodista en La Jornada -6 de agosto de 2016- se publicó que aunque Adán estaba preso, Crispín quedó al mando de Gente Nueva, y desde 2012 había asesinado y desplazado a familias completas en la parte baja de la Sierra Tarahumara, en una especie de “limpia, para apoderarse de territorios en los límites de los dos estados donde interactuaban”. La publicación le habría propiciado amenazas a la comunicadora, según avances de las investigaciones de la Fiscalía General de Chihuahua, presunta fuente de la versión.
Mientras Crispín es buscado, mas no localizado por autoridades de los fueros común y federal, “Don Adán” sigue preso en Puente Grande, adonde llegó en abril de 2012, procedente del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 en Villa Aldama, Veracruz, procesado por delincuencia organizada y delito electoral, además de ser el penal donde se ejecutará la orden de extradición concedida al gobierno de Estados Unidos.
Alzheimer y demencia senil
El presunto capo encarcelado llamó la atención de las autoridades penitenciarias y ministeriales federales. Las primeras por ser quienes resguardan la seguridad de Salazar Zamorano en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 2 “Occidente”, en Puente Grande, y las segundas, al pendiente de las viejas averiguaciones previas y procesos penales instruidos en su contra, así como la extradición pendiente.
A través de un juicio de garantías conocido en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco “Don Adán” reclamó la supuesta falta de atención médica por parte de personal del centro carcelario de máxima seguridad donde se encuentra recluido. En su demanda señaló que no recibía los cuidados adecuados a su salud “por los padecimientos que sufro, consistentes en Alzheimer y demencia senil”. También argumentó no le proporcionaban medicamentos y no le trasladaban a instituciones hospitalarias especializadas para controlar sus males.
Durante la tramitación del amparo, la Dirección General del Cefereso 2 brindó la valoración del quejoso a través de un médico neurocirujano y días después se autorizó excarcelarlo temporalmente del presidio, para que fuese trasladado a las instalaciones del Centro de Imagen y Diagnóstico de la ciudad de Guadalajara, con la finalidad de que se le realizara una resonancia magnética.
La información anterior fue proporcionada al juez de amparo mediante el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CFRS2/FG/03455/2016, firmado por el director del penal federal. Se remitió la constancia de la consulta médica, no así de los estudios de resonancia magnética, que nadie supo si quedaron o no en manos de la familia de Salazar Zamorano. El juzgador requirió los resultados de los estudios y análisis practicados al interno en un plazo de tres días, pero la autoridad respondió que había cumplido con el traslado y desconocía el contenido de los documentos por no estar en su poder. La misma solicitud se realizó a “Don Adán”, quien, en el mismo plazo, no respondió al llamado.
Sin conocerse el resultado, y al no existir manifestación alguna por parte del quejoso, la autoridad judicial expresó que se le tuvo por conforme con la atención médica brindada por personal penitenciario y entonces el juicio de amparo fue sobreseído, sin que a la fecha, el reo se haya vuelto a pronunciar al respecto.
La caída de Salazar
El septuagenario fue detenido en los primeros días de febrero de 2011 por la Policía Federal, en un fraccionamiento de la ciudad de Querétaro, donde tenía una casa de descanso y se manejaba con un “bajo perfil”. Los agentes que indagaban datos de dos averiguaciones previas iniciadas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) observaron estacionados afuera del domicilio una camioneta BMW y otro vehículo Cadillac, que según la denuncia, el sospechoso conducía frecuentemente.
Foto: Tomada de Internet
Tras varias horas de plantón, de la finca vigilada salió un hombre de edad avanzada, de 1.70 metros de estatura, complexión mediana y cabello negro que coincidía en sus características físicas con una fotografía que les fue proporcionada por el Ministerio Público federal. Al presentarse ante el sujeto, los federales se identificaron y le expresaron el motivo de su presencia. Adán Salazar corrió y se introdujo en el domicilio al tiempo que gritaba: “A mí no me van a agarrar, cabrones”.
Los aprehensores fueron tras su presa y le detuvieron cerca de la puerta principal, diciéndole: “Adán Salazar Zamorano queda Usted detenido”. El chihuahuense contestó que se habían equivocado de persona. “Yo soy José Socorro Martínez Zamorano”, diría aquel hombre que para probar su dicho, mostró licencia de conducir expedida por el Gobierno del Estado de Sonora a dicho nombre. También, de su bolsa del pantalón sacó una credencial para votar con la misma identidad. “Adán es mi primo”, insistió. El detenido, la fotografía que llevaban los agentes y las imágenes de las credenciales correspondían a una misma persona.
La esposa del imputado, presente durante el arresto, intentó en vano disuadir a los captores de su encomienda y la persona fue trasladada a las instalaciones de la SEIDO en la Ciudad de México, donde se ordenó fuese arraigado. Tras ochenta días de arraigo, “Don Adán” fue consignado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, pero internado en el penal federal de Villa Aldama, Veracruz, donde le fue cumplimentada una orden de detención provisional con fines de extradición internacional.
Por delito electoral, Salazar fue condenado el 12 de agosto de 2013 por el Juez Octavo de Distrito del Estado de Sonora a la pena de tres años de prisión y multa equivalente a 7 mil pesos. En apelación, el 30 de octubre de ese año, el Quinto Tribunal Unitario del Quinto Circuito modificó la sentencia y disminuyó la multa a 3 mil 430 pesos, pero los tres años de cárcel quedaron intocados. Sin embargo, la resolución fue anulada, al ganar “Don Adán” un amparo directo el 30 de junio de 2016. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Hermosillo ordenó la reposición del procedimiento con la finalidad de que se estudie si el allanamiento del inmueble donde fue detenido el capo, fue o no legal.
En cuanto al delito de delincuencia organizada, Salazar Zamorano y su hijo Jesús Alfredo Salazar, fueron encontrados culpables por el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales en Jalisco, sentencia confirmada el 11 de octubre de 2016 por el Quinto Tribunal Unitario del Tercer Circuito. Actualmente “Los Salazares” combaten la condena a través de un amparo directo en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, con residencia en Guadalajara.
En Estados Unidos
Hace más de cinco años, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) declaró procedente la extradición de Adán Salazar Zamorano a la Unión Americana para que una Corte texana le procese penalmente por los delitos de asociación delictuosa y por posesión con intención de distribuir cinco kilos o más de cocaína, según el expediente EP-06-CR-1027-FM. Sin embargo, la promoción de amparos indirectos ha frenado la entrega al vecino país.
Por nota diplomática 3401, el 8 de diciembre de 2008, el gobierno norteamericano presentó solicitud de detención provisional con fines de extradición internacional de “Don Adán”. El 12 de enero de 2009, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó dicho mandamiento al Juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, concedido un día después en el expediente de extradición 1/2009.
El 5 de abril de 2011 se tuvo por cumplimentada la orden de captura en el interior del Cefereso 5 “Oriente” en Villa Aldama, Veracruz. El 27 de mayo siguiente, la Embajada de Estados Unidos presentó la petición formal contra el reclamado. Luego, en audiencia en el penal veracruzano, Salazar y sus defensores opusieron sus excepciones. El 20 de marzo de 2012 el juez que conocía del asunto emitió su opinión jurídica en el sentido de considerar procedente la extradición del mexicano. Para entonces, Adán ya estaba recluido en el Cefereso 2 de Puente Grande, donde fue notificado. El 7 de mayo, la cancillería acordó procedente la extradición definitiva.
La orden de aprehensión contra Adán en Estados Unidos fue dictada el 15 de mayo de 2006 en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas. La investigación comenzó en febrero de ese año, cuando el agente especial de la Administración contra las Drogas (DEA), César Marmolejo, se infiltró en la organización criminal de “Los Salazares” y, al hacerse pasar por narcotraficante, accedió a transportar marihuana y cocaína de El Paso a otras ciudades, incluyendo el área de Nueva York y Nueva Jersey. El primer cargamento fue de 156 kilogramos de cocaína, y un segundo, de 126 kilos del mismo alcaloide.
El agente encubierto entregó una de las cargas en Nueva York, en marzo de 2006, recibiendo 150 mil dólares de parte de narcotraficantes, a los que dejó un vehículo con polvo blanco que era “imitación” de cocaína, la cual fue sustituida por agentes de la DEA, y que no trascendió porque al sentirse perseguidos, los contrabandistas abandonaron el automotor.
El detective Marmolejo continuó haciendo su papel de mafioso gestionando el traslado de drogas por el todo el territorio norteamericano, tiempo en el que se detuvo a algunas personas, se aseguró cocaína y dinero en efectivo, obteniendo datos que llevaban a identificar al Cártel de Sinaloa como el autor de los envíos, a través de la entonces célula de “Los Salazares”. Reuniones con algunos de los líderes del grupo criminal y la intercepción de llamadas telefónicas forman parte de las pruebas contra Adán y sus familiares, quienes culparon al agente de los aseguramientos y amenazaron con matarlo.
Temor a traslados
Desde la detención de Salazar Zamorano, en 2011, sus abogados pretendieron librarle de que fuera recluido en un penal federal. El traslado al Cefereso 2 “Occidente”, desde luego que motivó la presentación de un juicio de amparo. “El centro de reclusión del reclamado, considerado de máxima seguridad, es inadecuado y viola sus derechos humanos, pues no obtiene la atención adecuada para su salud e integridad física, pues el reclamado es una persona de setenta años de edad, con diversas enfermedades, imposible de soportar ese encierro y con limitaciones”, se argumentó. El amparo no fue concedido.
“Don Adán” se ganó en una ocasión un correctivo disciplinario. El 17 de noviembre de 2012, un custodio de Puente Grande redactó en su reporte de seguridad que en esa fecha llamó al interno -que realizaba su actividad deportiva- para que efectuara su llamada telefónica autorizada de diez minutos. Al concluir el tiempo llamó la atención del recluso, quien le contestó “No cuelgues porque todavía no termino”. Al hacer caso omiso, la llamada fue interrumpida. Salazar reaccionó mal y gritó: “Chingada madre, qué te costaba, de qué se trata”. El servidor público invitó al reo a guardar silencio, pero la respuesta fue “No me callo porque no me da la gana”. El “chingada madre…” se repitió en varias ocasiones. La sanción fue de 76 días. La esposa de Salazar Zamorano y otros familiares fueron privados de visitar a su pariente durante el tiempo del castigo.
Desde entonces, el temor de ser trasladado a otra prisión, posiblemente para acercarle a la frontera con Estados Unidos, se apoderó del interno, quien constantemente promueve amparos para no ser removido de prisión.
Durante el año en curso, por lo menos cuatro juicios de garantías han sido promovidos ante jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco. También ha alegado incomunicación, malos tratos y tortura, actos que “Don Adán” no ha logrado probar.
