Ciudad de México.- Con 248 votos a favor y 115 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el dictamen, en lo general, de la Ley de Seguridad Interior. Sin embargo, todos los artículos fueron reservados para su discusión por partidos de la oposición, por lo que se prevé un largo debate en la sesión ordinaria que se lleva a cabo este jueves en San Lázaro.
Serán 44 oradores, principalmente del Partido Acción (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Movimiento Ciudadano (MC), y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los que pasarán a discutir las 101 reservas del dictamen de la Ley de Seguridad Interior.
Los votos a favor de la Ley que permite que las Fuerzas Armadas participen en tareas de combate al crimen organizado cuando las autoridades civiles se vean rebasadas o cuando se configure una amenaza a la seguridad interior, fueron emitidos por los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES).
Además, establece que el presidente de la República podrá, por sí solo o a petición de las legislaturas estatales o de los gobernadores, ordenar la actuación de las Fuerzas Armadas -de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina- en un territorio y tiempo determinados, a través de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
Esta última debe ser sometida a la consideración del Consejo de Seguridad Nacional, notificada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Sin embargo, ante una emergencia, el titular del Poder Ejecutivo Federal puede ordenar la reacción inmediata de las Fuerzas Armadas y hasta después emitir la declaratoria.
“En aquellos casos en que las Amenazas a la Seguridad Interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el Presidente de la República podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas”, indica el dictamen de la Ley, que también señala que las autoridades están obligadas en todo momento a respetar los derechos humanos y garantías constitucionales.
“Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de protección a la seguridad interior”, dice el dictamen.
PREOCUPA LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR A LA ONU Y A LA CNDH
Este mismo jueves, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, aseveró que desde la perspectiva de las garantías fundamentales, el actual modelo de seguridad en México con la participación de las Fuerzas Armadas, “es muy preocupante”.
“La posición de la oficina del Alto Comisionado es bien conocida. Se necesita una reflexión inclusiva, honesta, pública sobre lo que funcionó y lo que no en el modelo de seguridad actual. A partir de 2006 [cuando inició la llamada ‘guerra’ contra el crimen organizado] se multiplicaron las graves violaciones de derechos humanos, entones desde esta perspectiva el modelo actual de seguridad evidentemente es muy preocupante”, dijo Jarab en entrevista.
El funcionario de la ONU recomendó que en lugar de legalizar las labores de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, como se pretende con la iniciativa de ley, se realice de forma gradual el regreso de los militares a sus cuarteles. Además, dijo, se deben emprender políticas públicas que abonen en la prevención y no en la represión.
“El problema de la seguridad del país no se resolverá sólo con una estrategia represiva, evidentemente hay que tener una dimensión en este sentido, pero desde nuestra perspectiva lo que nos parece más importante es el estado de derecho: combatir la impunidad garantizar que los perpetradores de homicidios, desapariciones, secuestros y otros delitos sean procesados […] Es el mejor camino, que no es fácil, pero se necesita hablar sobre una posible salida del actual modelo de seguridad”, señaló Jarab.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que contempla evaluar la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior que se discute este jueves en la Cámara de Diputados, pero esperará a ver primero si ésta es aprobada, advirtió el presidente del organismo, Luis Raúl González Pérez.
“Dependiendo de que aprueben la Ley y cómo la aprueben, la Comisión Nacional cumplirá con su función de evaluar si es contraria a los principios constitucionales y desde luego tenemos la facultad de acción de inconstitucionalidad”, dijo González Pérez durante una rueda de prensa en Washington, D.C., Estados Unidos.
-Con información de La Jornada y Reforma.
