La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPE) solicitó a la Coordinación General de Centros Federales, trasladar al ex gobernador, Eugenio Hernández Flores, del penal de Ciudad Victoria, a otro reclusorio del país, por considerarlo un “reo de alto perfil”.
La petición fue hecha por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a través del oficio número SSP/03864/2017 y dirigida al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.
Como antecedente del ex mandatario tamaulipeco se estableció que el 12 de octubre, dentro de la causa penal 67/2017, se dictó auto de formal prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero en contra del ex gobernador.
“Tal y como se desprende de los autos de la causa penal ya señalada, por tal motivo y en atención al alto perfil del procesado en mención, se solicita el traslado del mismo a un Centro Federal”, se indicó en el oficio.
“Ya que el lugar en donde actualmente se encuentra privado de su libertad no cumple con la infraestructura ni espacios adecuados para este tipo de personas”, además de que se indicó que la petición se realiza a efecto de no poner en riesgo la integridad física y la salud del ex gobernador, así como preservar la estabilidad y tranquilidad de la institución en donde actualmente se encuentra.
“Así como que no es posible su ingreso a población interna dado el alto perfil de la PPL (Persona Privada de la Libertad) mencionado, aunado a que no se cuenta con la adecuada infraestructura para salvaguardar la integridad física y la vida de dicha persona”, subrayó la Secretaría de Seguridad tamaulipeca.
La dependencia estatal también pide el traslado de Hernández Flores con el fin de que los derechos humanos del ex mandatario local, “que se encuentra en situación de riesgo, no sean vulnerados”.
El ex Gobernador fue detenido el pasado viernes, luego de cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra por los delitos de peculado y lavado de dinero. Ayer jueves, el Juez Segundo Penal, Juan Manuel Ham Cortés, dictó el auto de formal prisión, por el que se mantiene en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Cd. Victoria.
Por otra parte, el pasado lunes, Jorge Olvera Reyes, abogado del ex gobernador de Tamaulipas, solicitó medidas precautorias para la seguridad del ex mandatario gobernador, debido a que su cliente fue recluido en el Cedes de Ciudad Victoria, donde recientemente se registraron motines y que mantenía un autogobierno el grupo criminal Los Zetas y ha habido varios motines.
El litigante abundó que el ex mandatario se encuentra en un área de la prisión reservada para personas que no están procesadas, en una celda especial para la prisión preventiva, en donde está “sorprendido, pero tranquilo”, por su detención.
Según la Causa Penal 67/2017, Hernández Flores y otros implicados se apropiaron en el año 2007 de una superficie territorial de mil 600 hectáreas que pertenecen al patrimonio estatal, a través de su prestanombres, Alberto Berlanga Bolado, y la empresa GMC.
El predio se localiza en el Puerto Industrial de Altamira y tiene un valor actual que supera los mil 580 millones de pesos, mismo que fue asegurado el pasado 7 de octubre por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Tamaulipas.
Agentes de la Procuraduría estatal mantienen la búsqueda de otras personas implicadas en el mismo caso, para cumplimentar las respectivas órdenes de aprehensión y continuar la integración por la participación en diversos hechos delictivos.
Asimismo, Pedro Argüelles Ramírez, secretario de Gobierno de la entidad durante la gestión de Hernández Flores, que gobernó Tamaulipas del 2005 al 2010, contó en un video cómo se involucró con la delincuencia organizada para negociar con Los Zetas, porque el ex mandatario quería ser presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Los contactos del ex Secretario General de Gobierno fueron Rogelio Díaz Cuéllar, alias “El Rojo”, jefe de plaza en Ciudad Victoria, y un ex militar, José Alberto González Xalate, “El Paisa”, a través de quienes los capos Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca” y Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, supuestamente enviaron sobornos mensuales para Hernández Flores, que promediaron el millón de dólares, cuando su organización se comenzó a independizar del Cártel del Golfo (CDG).
“Eugenio Hernández ha sido identificado por la DEA como quien recibió de sobornos del cártel de drogas Los Zetas, una organización criminal transnacional, a cambio de que éste tuviera la capacidad para operar sin restricciones en Tamaulipas, mientras fue gobernador”, según señalan documentos de la Corte Federal de Corpus Christi, en Texas.
En especifico el documento Case 2:14-cr-00178 señala que Eugenio Hernández y su cuñado Óscar Manuel Gómez Guerra “conspiraron” para transferir, transportar y cometer fraude en bancos de Texas, en los cuales depositaron fondos robados del erario público, así como sobornos de grupos criminales por un monto de 30 millones de dólares.
Eugenio Hernández y Gómez Guerra utilizaron los bancos National Bank, Lone Star Bank e International Bank of Commerce para depositar ilegalmente los 30 millones de dólares, con los cuales comprar al menos cuatro propiedades valuadas en 4.1 millones de dólares, ubicadas en McAllen y Austin, en Texas, mismas que el Gobierno de Estados Unidos le busca decomisar.
La Fiscalía quiere decomisar tres residencias en McAllen, Texas, valuadas en 1.8 millones de dólares, y una más en Austin, en el 2001 de la Avenida Cueva de Oro, cuyo valor comercial actual es de 2.3 millones de dólares y nunca ha estado a nombre ni de Hernández, ni de Gómez, indicó el diario.
El ex gobernador de Tamaulipas fue detenido el pasado viernes acusado de peculado y de mantener vínculos con una red de lavado de dinero de Los Zetas y relaciones con el Cártel del Golfo, y contaba con una orden de aprehensión en base a la averiguación previa 14/2017, pero también podría ser requerido en extradición por el Gobierno de Estados Unidos, el cual lo indaga por defraudar a tres bancos de dicho país.
Hernández Flores fue aprehendido en Ciudad Victoria cuando se dirigía a Zacatecas a un convención internacional de motociclistas. Tras su detención, fue internado en el penal de la capital tamaulipeca.
Hernández Flores, de 57 años de edad, circulaba libremente en territorio mexicano, sin embargo, desde marzo del 2014, la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, con sede en Corpus Christi, giró una orden de captura contra el ex gobernador de Tamaulipas por los delitos de lavado, transmisión ilegal de dinero y defraudación bancaria.
Según el diario Reforma, “el caso en Corpus Christi estuvo sin movimientos durante dos años, pero actividad reciente indica que el Departamento de Justicia estadounidense quiere la extradición de Hernández [así como de] su cuñado y coacusado, Oscar Manuel Gómez Guerra, de cuyas actividades el ex Gobernador siempre ha buscado deslindarse”.
El rotativo indicó que el pasado 16 de agosto, la Fiscal Julie Hampton, “la más activa persecutora de delitos cometidos por funcionarios mexicanos en Estados Unidos, solicitó a la Corte copias certificadas de las nuevas órdenes de aprehensión”, y también para el trámite de extradición ante el Gobierno de México.
“La Corte entregó de inmediato las copias, en un procedimiento similar al que Hampton siguió para tramitar la extradición de otro ex Gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, actualmente preso en Italia.”, afirmó el medio de circulación nacional.
El 8 de febrero de 2017, el Departamento de Justicia presentó una nueva versión del dictamen o acusación contra Hernández y Gómez, que ahora enfrentan un total de tres cargos. A nivel federal, la principal investigación en su contra -la que inició en 2009 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por su presunta vinculación con el Cártel del Golfo y los Zetas-, fue archivada en 2013, al determinar el no ejercicio de la acción penal en favor de Hernández, tras concluir que la acusación carecía de indicios.
Las autoridades estadounidenses, señalan, que desde que era alcalde de su natal Ciudad Victoria, Eugenio Hernández recibió dinero de Los Zetas para dejarlos operar, un negocio con el que presuntamente financió su candidatura para el Gobierno del estado y de la cual resultó ganador.
Por su parte, la defensa de exmandatario priista presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por considerar que los delitos en contra de su cliente “son una venganza política” y anunciaron que solicitarán un amparo para liberarlo.
