A casi tres años de iniciado, solo un 40 por ciento de avance registra el proceso de vinculación del Registro Público de la Propiedad, con los catastros de los cinco municipios de Baja California, proyecto en el que se han invertido 80 millones de pesos, informó el director General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado -RPP-, José Antonio Araiza Regalado.
El procedimiento se inició en 2014 para ser concluido en tres años, pero lejos de culminar en 2017, como estaba programado, esta semana Araiza Regalado anunció la vinculación total que se logrará hasta al final de la administración de Francisco Vega de Lamadrid.
Este proyecto para enlazar el sistema, el RPP con el sistema de los catastros municipales, se realiza con recursos federales, dispuestos a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -Sedatu-.
“A través de Sedatu se han invertido alrededor de 80 millones de pesos en este programa, 30 millones en el Registro Público de la Propiedad y 50 millones en catastro, para tratar de mejorar los servicios y eso nos ha ayudado a tener un Registro Público moderno y eficiente y de certeza jurídica”, subrayó.
Indicó que la demora deriva a que los catastros municipales no tenían digitalizada su información, por lo que no podían compartirla; en este proceso de vinculación, Tijuana y Mexicali registran mayor avance, no así Tecate, Rosarito y Ensenada.
De 1 millón 250 mil predios por vincular, solo se han ingresado al sistema 450 mil, por lo que faltan 800 mil en ser digitalizados en el nuevo sistema. Del total de predios contabilizados, alrededor de 800 mil corresponden a Tijuana.
A la par que se realiza el enlace con los sistemas municipales, en el RPP se digitalizan escrituras y todo tipo de documentos que se registran en la dependencia, “a la fecha se han digitalizado 50 millones de documentos”, subrayó.
Araiza Regalado anunció que esta semana se firmarán convenios con las cuatro Comisiones del Agua de Baja California y en el transcurso de este mes se confirmarán acuerdos con Infonavit y el Instituto Mexicano del Seguro Social -IMSS-, lo que se sumará a los convenios asignados con el Servicio de Administración Tributaria -SAT- y con el poder judicial, esto para el registro inmediato de acciones de embargo.
En el caso de Infonavit, precisó, “se podrá verificar que las personas que solicitan un crédito que no tengan propiedades, lo cual es una condición para que el instituto dé un crédito”.
