Esta mañana integrantes del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI) presentaron un amparo ante Tribunales Federales en contra de la negativa que han asumido tanto el Ayuntamiento de Tijuana como el Órgano Estatal Electoral para no darle curso a la solicitud de plebiscito que se ha venido promoviendo desde hace tiempo, con la intención de que se consulte a la ciudadanía en dos temas torales como es el incremento a la tarifa del transporte y la concesión del alumbrado público a una empresa privada.
Carlos Atilano, coordinador de COCI, manifestó que este amparo viene a coadyuvar a las otras medidas que han llevado a cabo como el juicio de derechos políticos y cívicos ante la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, así como la queja por violación a los derechos humanos que se presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Manifestó que es muy importante que este ampara se vaya hasta una instancia federal, para conocer el análisis que puede realizar un juez federal en este tema de violación de los derechos humanos, a raíz de las modificaciones y reformas al Artículo 1° Constitucional, que con toda claridad previene que toda autoridad, incluyendo la electoral, debe en sus determinaciones avalar, tutelar y garantizar los derechos humanos.
El Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes presentaron un amparo ante Tribunales Federales
“Lo que queremos –dijo-, es que cualquiera de estas autoridades determinen que es procedente nuestro plebiscito y se busca que en lo legal se obligue al Órgano Electoral o al Ayuntamiento a implementar, desarrollar y hacer valer el plebiscito solicitado por más de 15 mil ciudadanos, porque no es posible que ninguna autoridad hasta ahorita haya conminado a estas instancias a llevarlo a cabo, cuando es la ley y los reglamentos los que así lo determinan”, expresó.
Resaltó que una vez que el juez recibió el amparo, tendrá tres días para darles una resolución, es decir si se admite el amparo, las fechas de audiencia, la solicitud de informes, justificados por qué no se ha llevado a cabo el plebiscito y a partir de ahí habrá una determinación fundamental para ellos.
Para el ex regidor y ex diputado, Carlos Barbosa Castillo, quien estuvo como invitado en la sesión del COCI, se prevén “campos de oportunidad” para que puedan resolver esta situación a favor del Consejo, sin embargo consideró que “la lucha va a ser compleja, la lucha que se va a dar en los órganos jurisdiccionales tendrán que agotar todas las instancias”.
Foto: cortesía/ El amparo
Sin embargo también ve que hay un campo abierto de oportunidad para que el gobierno reflexione, porque lo que está en la discusión pública es si el gobierno permite que el ciudadano decida de forma directa o no, lo cuestionable, dijo, es que el Gobierno está buscando argumentos para que no se haga, y si es así entonces la autoridad tendría que reconocer que lo que no quieren es que el ciudadano participe de manera directa.
“Lo que se decida va a ser un parteaguas, porque la democracia directa fortalece a los gobiernos, lo malo es que hay muchos gobiernos que piensan que no, hace 14 años por eso se hizo el Reglamento de Participación Ciudadana, porque creíamos que era una vía para dar un contrapeso al poder de los partidos y las decisiones autoritarias de los gobiernos; 14 años después sigue habiendo inhibición”, apuntó.
En ese sentido, Barbosa Castillo resaltó que los gobiernos deben entender que “no se puede seguir con el pie sobre el cuello de los ciudadanos”, porque los ciudadanos ahora buscan nuevos instrumentos, como el COCI, que se organizaron y ahora van a buscar instrumentos jurisdiccionales a través de una ley que les permite el reconocimiento de los derechos.
Finalmente dijo que en caso de que la autoridad competente se negara a llevar a cabo el plebiscito, le estaría confirmando al ciudadano que “su voto no cuenta”, lo cual consideró de muy grave, sin embargo, manifestó que a pesar de ello, el COCI todavía tiene la posibilidad de llegar a otras instancias como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes pueden obligar al Municipio a llevar a cabo el plebiscito.
