Tras un periodo de silencio y análisis, los comerciantes al fin se pronunciaron en contra de la iniciativa para modificar la Ley de Alcoholes en el Estado, que principalmente busca reducir las horas de venta de bebidas embriagantes y con ello reducir los accidentes y los problemas por riñas callejeras.
La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) solicitó de primera instancia que las iniciativas se socialicen con los principales afectados, es decir, que los tomen en cuenta para consensuar un equilibrio y que la determinación no sea unilateral, aunque de entrada los legisladores locales deben conocer que para modificar una Ley, primero tienen que hacer una consulta pública y partir de ahí hacia la posible aprobación.
“Pondremos sobre la mesa de los diputados la imperiosa necesidad de que antes de decretar decisiones, se socialicen con quienes repercute o con quienes recaen estas disposiciones dictatoriales, deben ser puestas sobre la mesa de imperiosa necesidad para que nosotros, sobre todo los empresarios, los micro, pequeños y medianos empresarios, tengamos una voz, que se nos escuche y poder buscar el buen equilibrio”, expuso Lorena Hinojosa Olivas, representante de Canirac en Baja California Sur.
El principal y único argumento que han externado los legisladores ante esta modificación, ha sido prevenir hechos lamentables por el alto consumo, sin embargo, la Cámara argumenta que deben poner candados y verdaderas soluciones que no repercutan en los empresarios, luego de que se diera a conocer que la venta de alcohol es excesiva por parte de quienes se supone deben operar como restaurant bar, pero no son del todo los empresarios.
“Se está abusando de la parte de restaurantes bar, un restaurant bar es un lugar que preponderantemente vende alimentos, no bebidas alcohólicas, y hay muchos lugares que tienen permiso de restaurant bar y su venta preponderante es el alcohol, hay que poner candados a ese punto”, consideró Hinojosa Olivas.
Detalle que los legisladores pasaron por alto, ya que hizo falta trabajar con los principales involucrados y se hizo unilateralmente, sin contemplar los verdaderos problemas ni escuchando las opiniones del sector, situación que en el Cabildo de la Capital sí se llevaba.
“De ninguna manera los restaurantes, bares o centros nocturnos somos promotores del alcohol, se hacen inversiones muy grandes para tener lugar de esparcimiento y de diversión, jamás buscando el que haya problemas de alcoholismo o accidentes, de ninguna manera; la sociedad en general necesita lugares de esparcimiento, de diversión, y hacemos esfuerzos muy grandes para eso de inversión”, complementó Lorena Hinojosa.
En los últimos años, el consumo de alcohol en BCS incrementó de manera considerable, convirtiéndose en la droga lícita de mayor consumo, pero son los propios servidores públicos quienes se han coludido para que algunos establecimientos operen de manera “ilegal”, o que sus giros se vean favorecidos por la venta de alcohol.
Según el XV Ayuntamiento de La Paz, se expidieron mil 800 licencias de alcoholes, y en el Pueblo Mágico de Todos Santos, ya fueron sancionados nueve establecimientos que operaban bajo la anuencia del delegado.
“De centro nocturno contamos con 85 licencias, de mercaditos 945, ultramarinos 146, tiendas departamental 20, bar 40, restaurante bar 449, depósitos 69, de salón una, coctelería 15, restaurante 71 y distribuidora 15”, contabilizó Arturo Martínez Villalobos, director de Comercio de La Paz.
Entre los permisos de venta de alcohol en la entidad sobresalen las de “mercados” y restaurant bar, ambos son de los rubros que más bebidas alcohólicas venden, sin embargo, en algunos casos abusan de su licencia y expiden una venta indiscriminada. Y aunque se estima que de ellas no operan un promedio de 500, sigue siendo muy considerable el número que sí lo hace y que cuentan con horas extra de venta a diario, por un costo de 500 pesos.
“Hay muchas que no están operando yo me atrevo a decir que un 30-40 por ciento, algunas están como exclusivo trámite, y exclusivo trámite son los que vienen y pagan su refrendo, pero que no están en operación, la mayoría particulares que no están operando, pero a fin de cuentas la conservan porque una licencia de alcohol es algo que tienen ellos de por vida y que precisamente han estado refrendando para que no se pierda”, refirió Martínez Villalobos.
Conforme a datos de la Dirección de Comercio de La Paz, por lo menos el 50% de los titulares de estas licencias de alcohol debe refrendos de cinco a diez años, lo que representa una pérdida económica para el Municipio. Es decir, deben cantidades considerables al Ayuntamiento de La Paz y en algunos casos siguen operando con toda normalidad… o con complicidad por “mordidas” que otorgan al personal.
